La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.
Tanta saña contra una caravana de personas indefensas se originó en el hecho de que los activistas intentaron romper el cerco tendido por los agresores sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por el hecho de querer ser autónomos, es decir, libres, es decir, ellos mismos.
La agresión estuvo anunciada, cantada, desde días antes que sucediera. Desde que las autoridades del municipio autónomo informaron que la caravana llegaría, la Ubisort dijo que no la dejaría entrar y que si llegaban no se responsabilizaban de lo que les sucediera. Y cumplieron su palabra con los lamentables resultados de personas inocentes muertas, heridas y desaparecidas. Pero hubo otros sucesos que también anunciaron la represión en la región triqui. El día 28 de noviembre del año pasado el mismo grupo impidió que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, llegaran al municipio autónomo, donde tenían planeado realizar la clausura de la campaña por la libertad de sus presos. En esa ocasión, muchos pensaron que había una alianza entre los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, los mandatarios más represivos del sexenio, para evitar que los dos movimientos de resistencia se unieran. La hipótesis no era tan descabellada, porque a partir de esa fecha la represión sobre el municipio autónomo aumentó, hasta llegar a donde ahora se encuentra.
Ese mismo día, en los diarios de la capital oaxaqueña se inició una fuerte campaña de desinformación, afirmando que el municipio autónomo había llegado a su fin. Para darle algún viso de veracidad a sus dichos, los integrantes de la Ubisort declararon agente municipal a Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder de la organización. A pesar de que las autoridades municipales desmintieron una y otra vez esas versiones, la campaña continuó, mientras en la región triqui la sangre seguía corriendo. El día 29 de noviembre de 2009, las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas, con la clara intención de tender un cerco sobre los habitantes del lugar.
Cuando consideraron que el municipio estaba aislado asestaron lo que tal vez pensaron era su golpe definitivo. El 10 de diciembre, fuertemente armados y acompañados por unas cuantas personas, desalojaron a las autoridades autónomas del municipio y montaron una guardia permanente en él. Así estuvieron hasta el 10 de marzo, día en que un grupo de mujeres y niños que respaldan al municipio y sus autoridades se hicieron del inmueble cuando los usurpadores aflojaron la vigilancia; como éstos ya no pudieron regresar, comenzaron a disparar sobre la comunidad, resultando herida la señora María Rosa Martínez, de 64 años de edad. La situación se puso de tal manera peligrosa que muchas familias abandonaron San Juan Copala y se fueron a refugiar a otros barrios o salieron de la región; también se suspendieron clases y hasta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerró sus instalaciones. Sólo permaneció abierta la iglesia; los pobladores debieron moverse con cautela. Así estaban las cosas hasta el momento de la agresión a la caravana de observación de derechos humanos.
¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada de ayer en Oaxaca? Es una pregunta que, con mucha pertinencia, nuestro diario se hace. Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región. Otra, en los intereses económicos que transitan por ese rumbo. Habrá que escarbar ahí para ver qué luz arrojan. Por ahora, lo más importante es encontrar formas de proteger a la población de la brutal represión, a los originarios y a los de afuera; exigir que autoridades imparciales, auxiliadas por organismos que vigilen su trabajo, inicien una investigación que dé con los responsables y los lleve a juicio. Desgraciadamente, ni en la Federación ni en el estado de Oaxaca se tiene confianza en las instituciones encargadas por ley de esto; por eso tal vez haya que acudir a instancias internacionales. Por el bien de todos, no podemos permitir que esta represión quede impune.
Francisco López Bárcenas
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jueves, 29 de abril de 2010
Televisa tiene miedo
López Dóriga pide al gobierno recuperar el ciberespacio porque está en manos de perversos.
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Documentados, los crímenes del Yunque
PUEBLA, Pue., 28 de abril (Proceso).- Con base en un documento revelado hace 20 años por Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue jefe de la policía política del priismo y posteriormente secretario de Gobernación, Eduardo García Casas afirma que Ramón Plata Moreno, uno de los fundadores del Yunque, fue ejecutado en 1979 por sus compañeros Bernardo Ardavín Migoni y José Antonio Quintana Fernández, quienes hoy controlan esa organización ultraderechista. En entrevista con Proceso, García Casas insiste en que es tiempo de deslindes, no de santificar a nadie, pues el propio fundador del “cártel del Yunque” era un mafioso.
Bajo sospecha en el asesinato de Ramón Plata Moreno, fundador de la Organización Nacional del Yunque, igual que los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Fernando Gutiérrez Barrios garantizó a Eduardo García Suárez que él no tuvo ninguna responsabilidad en el crimen.
Era el 29 de mayo de 1989 y Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, tuvo una reunión de cortesía con García Suárez, quien pronto dejaría la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), en cuyo carácter se confrontó con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
“No quiero que usted siga pensando que yo maté a su amigo. A su amigo lo mandó matar su compadre y aquí está el expediente”, le dijo el funcionario mientras le entregaba un legajo con documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
“Nada más le quiero pedir un favor –aclaró–: que se guarde este expediente por 20 años. Después de ese tiempo usted puede hacer con él lo que quiera. Se lo doy para que se quite dudas.”
Con base en esa información y otra que obtuvo de diversas fuentes es que Eduardo García Casas, hijo del expresidente de la Concanaco, asegura que Plata Moreno no fue ejecutado, la Nochebuena de 1979, por Gutiérrez Barrios –que era entonces subsecretario de Gobernación– ni por los Tecos de la UAG, sino que fue víctima de una purga de la propia organización del Yunque.
José Antonio Quintana Fernández, compadre de García Suárez, fue el autor intelectual del homicidio de Plata Moreno, afirma García Casas, quien dice que el comando ejecutor lo encabezó Bernardo Ardavín Migoni, actual jefe nacional de la organización secreta.
“Ardavín Migoni llega a la escena del crimen en 10 minutos después de que matan a Plata. ¿Cómo llegó tan rápido si vivía en Coyoacán y Plata en Lindavista, al otro extremo de la ciudad, de sur a norte?”, se pregunta García Casas con malicia.
–¿Quién mató, entonces, a Plata Moreno?
–Quintana es el autor intelectual y el comando lo encabezó Ardavín, junto con Guillermo Velasco Arzac.
–¿Eso dice el expediente entregado a su padre por Gutiérrez Barrios?
–Eso dice el expediente, aunque no lo da como un hecho, sino que los señala como presuntos responsables.
Por eso, afirma, la Procuraduría General de la República (PGR) debe incorporar a la averiguación previa SIEDF/CGI/096/2007 la información que sustenta esta hipótesis, como la del denunciante Lorenzo Lira García, quien identifica a los Leaño como homicidas de Plata Moreno, Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, así como Juan Bosco Rosillo Segura y César Fernando Calvillo (Proceso 1744).
“Lo que debe hacer la PGR es abrir una línea de investigación sobre Quintana, Ardavín y Velasco Arzac como presuntos responsables. Yo no soy autoridad para decir quién mató a Plata Moreno, lo único que pido a las autoridades es que, así como hay un expediente sobre los Leaño, se abra un expediente también sobre Quintana Fernández.”
Aclara: “Yo no estoy exculpando a los Tecos de otras responsabilidades. De lo único que sí meto las manos al fuego, por los datos que yo tengo, es que nada tuvieron que ver en el asesinato de Plata Moreno”.
–¿Le cree entonces a Gutiérrez Barrios?
–Es posible que haya dado el expediente para curarse en salud. Estoy de acuerdo en que, tratándose de un secretario de Gobernación, puede estar trucado.
“Pero lo único que estoy pidiendo es que se llegue a la verdad y si en ese expediente se dice que los autores fueron Quintana, Ardavín y Velasco Arzac, que se investigue y se deslinden responsabilidades, pero que se haga una investigación seria.”
–¿Está dispuesto a declarar todo esto ante la PGR?
–Sí, claro, de hecho pido que todos los que han sido víctimas de Quintana declaremos, porque con él puede pasar como con Marcial Maciel o con Luis Echeverría: Va a decir que no puede declarar porque está viejito y va a quedar impune.
Asesinatos en la BUAP
Presidente del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, un organismo contrapuesto en Puebla a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), García Casas pedirá a la PGR que investigue también la participación de Quintana Fernández en los asesinatos, en 1972, de Enrique Cabrera y Joel Arriaga, miembros de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
“Eso también viene en el expediente de Gutiérrez Barrios, en el que se hace mención de que se estaba investigando a Quintana por los asesinatos de Cabrera y Arriaga”, dice el empresario, quien asegura que el entonces gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista, simpatizaba con El Yunque.
“(Los miembros del Yunque) pensaron que no les iba a pasar nada, porque tenían el apoyo del gobernador, quien incluso personalmente les entregó armas.”
Por eso, García Casas no sólo pedirá a los Tecos apoyo jurídico para el esclarecimiento de su involucramiento en los homicidios que se les achacan, sino también al rector de la BUAP, Enrique Agüera, para que integre un equipo jurídico que apoye la investigación de Cabrera y Arriaga.
En amplia entrevista con el reportero, el mediodía del jueves 8, García Casas se niega a entregar los documentos de la DFS que, según él, Gutiérrez Barrios dio a su padre.
Sólo hasta que dentro de dos meses, el próximo 29 de mayo, se cumplan los 20 años de secrecía del expediente, comenzará a dar a conocer los documentos que sustentan su hipótesis del ajusticiamiento de Plata Moreno a manos de sus compañeros.
“Lo que pido es que las autoridades investiguen con la información que yo tengo y que a partir del 1 de junio, cuando se vence el pacto, la entregaré a personas de confianza. Yo no confío en las autoridades panistas, porque están totalmente infiltradas por El Yunque y ese expediente me lo van a hacer perdedizo.”
De hecho, con base en el expediente de la DFS y con información que obtuvo de entrevistas con allegados a los Leaño –Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector vitalicio de las UAG y jefe de los Tecos, así como sus hijos Antonio y Gonzalo Leaño Reyes, actual rector de esa institución educativa y director del diario Ocho Columnas, respectivamente– escribió el libro Plata Moreno, crónica de una purga anunciada, que comenzará a circular en junio.
El archivo completo de la DFS, dice el empresario constructor, lo entregará a los próximos candidatos priista y perredista a la Presidencia de la República. “Pero si gana el PAN, desgraciadamente se va a quedar en el archivo muerto”.
–¿Por qué su papá no lo da a conocer?
–Porque está amenazado de muerte por Quintana Fernández. Lo amenazó con que iba a matar a alguno de sus hijos, a mí, si sacaba el expediente. Es algo muy chistoso, porque así como es su seguro de vida tiene la amenaza. Mi papá está muy cansado de todo lo que ha vivido, llevamos 20 años sufriendo todas las tropelías que nos ha hecho Quintana.
De 40 años de edad, ingeniero civil como su padre, García Casas dice que, además de la información documental y testimonial de que dispone, se puede presumir la autoría de Quintana en el homicidio de Plata Moreno con las respuestas a las preguntas de a quién beneficia y a quién perjudica el crimen.
“El mayor beneficiario fue, sin duda, Quintana Fernández. De ser un ingeniero mediocre pasó a ser el gran constructor de Puebla y de ser uno más en la UPAEP se quedó con ella.”
Añade: “La razón de fondo de por qué mataron a Plata es porque se oponía a que El Yunque infiltrara el Partido Acción Nacional. Ramón tenía la idea de formar un partido paralelo y por eso la idea del DHIAC (Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana), que a la postre Quintana desapareció”.
Según García Casas, Quintana además instrumentó en El Yunque una purga de todos los allegados a Plata, como Mario Bracamontes, Ignacio Díaz, Javier Torres Leyva, Ricardo Villa Escalera y su padre. Estos tres últimos fueron expulsados también de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).
García Suárez fue dejado solo por El Yunque cuando el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, ordenó hacerle auditorías a sus negocios. “Quintana dijo que era un problema personal suyo y tuvimos que irnos exiliados un año a Estados Unidos”.
A su regreso, se supo que había un plan del Yunque para asesinar a García Suárez: “Por órdenes de Quintana hubo un operativo, encabezado por El Caimán Antonio Ramírez Castellanos, para asesinarlo. Intervino el arzobispo Rosendo Huesca y Pacheco, y eso evitó que mi papá tuviera un accidente”.
En su búsqueda de información para esclarecer el homicidio de Plata Moreno, García Casas se entrevistó, en dos ocasiones, con allegados a los Tecos, en Guadalajara, cuya identidad no revela, quienes le aseguraron que nada habían tenido que ver en el asesinato de Plata.
“Pero no sólo eso. Me aseguraron que prácticamente a Juan Carlos Plata, el hijo de Ramón Plata, lo protegen ellos de cualquier acción en su contra, y también me aseguraron que, en el contexto histórico de 1976 y 1979, El Yunque a los Tecos no les interesaba en lo más mínimo.”
Tampoco al gobierno federal le importaba Plata Moreno, expone, porque el PRI tenía el control absoluto. “Hoy El Yunque controla muchas posiciones, incluso Felipe Calderón está de adorno, pero hay que recordar que en ese tiempo no tenía ni un regidor ni un diputado local”.
En contraste, describe, los Tecos eran ya una organización poderosa, con la universidad muy consolidada, y tenían la reputación de ser los empresarios más poderosos de Guadalajara.
“Entonces, analizando el contexto, ¿qué ganaban los Tecos matando a Plata? Absolutamente nada. Incluso ha servido esa muerte para desprestigiarlos. ¿Y a quién conviene desprestigiarlos? Al Yunque. ¿Qué ganaba Gutiérrez Barrios matando a Plata cuando tenía un control político real? Nada.”
Y pregunta: “¿Qué ganaba Quintana matando a Ramón Plata? Todo. Se hizo jefe poderosísimo del Yunque y hasta hoy sigue siendo el jefe. Dicen que no para encubrirlo, pero Quintana al día de hoy sigue siendo el jefe. No es el jefe general emérito, es el real. Él toma todas las decisiones. Ardavín, el jefe nacional, es su empleado, y de hecho fue su operador en el asesinato”.
Aunque no ignora que el testigo Lira García identifica al agresor como Luis Castellanos Orozco, García Casas dice que la descripción como un “hombre caucásico” corresponde también a Ardavín.
“Yo estoy plantando la hipótesis de que fue una pugna interna con base en la vasta información que he obtenido. Mi papá es compadre de Quintana, padrino de mi hermano Alejandro, y yo desde pequeño he estado involucrado en todo esto.”
–¿Militaste en El Yunque?
–No, cuando iba yo en la preparatoria, en el Instituto México, me quisieron afiliar Herberto Rodríguez Regordosa y Tomás Morales Garduño. Inclusive en casa de Herberto me quisieron hacer jurar enfrente de un crucifijo, pero no quise. Y conste que cuando me invitaron mi papá era todavía miembro del Yunque.
El caso, al Vaticano
Compañero “de banca” del hijo de Plata Moreno en el nivel preparatoria en el Instituto México, controlado por El Yunque, García Casas considera que el muchacho debe declarar ante la PGR, lo mismo que la viuda, María Eugenia Ibarra Baz, cuyo abogado, José Antonio Ortega Sánchez, obedece a Quintana.
“Debe hablar. Entiendo que están atemorizados por Quintana, pero Juan Carlos Plata debe decir las razones reales por las que se fue de Puebla a Guadalajara.”
Y por eso insiste: “Si los Tecos mataron a Plata Moreno, ¿qué hace su hijo viviendo en Guadalajara? Eso fue lo que me dijeron los Tecos el año pasado”.
Al respecto, evoca el asesinato de Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, en 1981, y refiere que tampoco cree que hayan sido los Tecos, aunque fue El Yunque la organización que violó el “pacto de territorialidad” en Jalisco.
“Había un pacto secreto mediante el cual El Yunque no entraba a Jalisco y los Tecos no entraban a Puebla. Eso lo violó Quintana después de la muerte de Plata Moreno.”
–Pero Kalfópulos llegó a Jalisco en 1978, cuando Plata todavía vivía.
–Sí, pero Plata ya no vivía en México, estaba exiliado en Estados Unidos y ya no tomaba las decisiones. Hay que recordar que Plata Moreno se fue porque atentaron a balazos contra él, en 1975.
Insiste en que el regreso de Plata Moreno a México, en 1979, le era indiferente a los Tecos: “No les importaba en lo más mínimo, pero Plata le empezaba a estorbar mucho a Quintana, porque regresó a rehacerse del poder y éste ya no quería soltarlo después de haber estado años manejando todo”.
Así, además de rendir testimonio en la PGR, García Casas planea, también, viajar a Roma en junio para, en nombre del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, solicitarle al Vaticano la excomunión de Quintana, por los abusos que ha cometido, y que tome postura ante la organización secreta del Yunque.
“El Vaticano tiene que definir si es una organización católica o no, porque están adoctrinando gente en las escuelas católicas y hacen jurar ante un crucifijo fidelidad absoluta. Critican a la masonería, pero El Yunque es una masonería o peor, porque ha participado en asesinatos.”
“Plata era igual de radical que los Tecos. No estoy de acuerdo en que se le quiera santificar, porque no fue un mártir, sino un radical de extrema derecha que murió en una purga interna. Si se le santifica, entonces hay que santificar a Augusto Pinochet y a Francisco Franco. No porque lo hayan matado es una blanca palomita. También hay que aclarar que Plata era igual de mafioso que ellos. Fue el fundador del cártel del Yunque.”
Y concluye: “Tampoco voy a santificar a los Tecos, porque también es una organización de la que el Vaticano tiene que revisar sus métodos, pero en el caso concreto del asesinato de Plata Moreno puedo asegurar que ellos nada tuvieron que ver”.
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Bajo sospecha en el asesinato de Ramón Plata Moreno, fundador de la Organización Nacional del Yunque, igual que los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Fernando Gutiérrez Barrios garantizó a Eduardo García Suárez que él no tuvo ninguna responsabilidad en el crimen.
Era el 29 de mayo de 1989 y Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, tuvo una reunión de cortesía con García Suárez, quien pronto dejaría la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), en cuyo carácter se confrontó con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
“No quiero que usted siga pensando que yo maté a su amigo. A su amigo lo mandó matar su compadre y aquí está el expediente”, le dijo el funcionario mientras le entregaba un legajo con documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
“Nada más le quiero pedir un favor –aclaró–: que se guarde este expediente por 20 años. Después de ese tiempo usted puede hacer con él lo que quiera. Se lo doy para que se quite dudas.”
Con base en esa información y otra que obtuvo de diversas fuentes es que Eduardo García Casas, hijo del expresidente de la Concanaco, asegura que Plata Moreno no fue ejecutado, la Nochebuena de 1979, por Gutiérrez Barrios –que era entonces subsecretario de Gobernación– ni por los Tecos de la UAG, sino que fue víctima de una purga de la propia organización del Yunque.
José Antonio Quintana Fernández, compadre de García Suárez, fue el autor intelectual del homicidio de Plata Moreno, afirma García Casas, quien dice que el comando ejecutor lo encabezó Bernardo Ardavín Migoni, actual jefe nacional de la organización secreta.
“Ardavín Migoni llega a la escena del crimen en 10 minutos después de que matan a Plata. ¿Cómo llegó tan rápido si vivía en Coyoacán y Plata en Lindavista, al otro extremo de la ciudad, de sur a norte?”, se pregunta García Casas con malicia.
–¿Quién mató, entonces, a Plata Moreno?
–Quintana es el autor intelectual y el comando lo encabezó Ardavín, junto con Guillermo Velasco Arzac.
–¿Eso dice el expediente entregado a su padre por Gutiérrez Barrios?
–Eso dice el expediente, aunque no lo da como un hecho, sino que los señala como presuntos responsables.
Por eso, afirma, la Procuraduría General de la República (PGR) debe incorporar a la averiguación previa SIEDF/CGI/096/2007 la información que sustenta esta hipótesis, como la del denunciante Lorenzo Lira García, quien identifica a los Leaño como homicidas de Plata Moreno, Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, así como Juan Bosco Rosillo Segura y César Fernando Calvillo (Proceso 1744).
“Lo que debe hacer la PGR es abrir una línea de investigación sobre Quintana, Ardavín y Velasco Arzac como presuntos responsables. Yo no soy autoridad para decir quién mató a Plata Moreno, lo único que pido a las autoridades es que, así como hay un expediente sobre los Leaño, se abra un expediente también sobre Quintana Fernández.”
Aclara: “Yo no estoy exculpando a los Tecos de otras responsabilidades. De lo único que sí meto las manos al fuego, por los datos que yo tengo, es que nada tuvieron que ver en el asesinato de Plata Moreno”.
–¿Le cree entonces a Gutiérrez Barrios?
–Es posible que haya dado el expediente para curarse en salud. Estoy de acuerdo en que, tratándose de un secretario de Gobernación, puede estar trucado.
“Pero lo único que estoy pidiendo es que se llegue a la verdad y si en ese expediente se dice que los autores fueron Quintana, Ardavín y Velasco Arzac, que se investigue y se deslinden responsabilidades, pero que se haga una investigación seria.”
–¿Está dispuesto a declarar todo esto ante la PGR?
–Sí, claro, de hecho pido que todos los que han sido víctimas de Quintana declaremos, porque con él puede pasar como con Marcial Maciel o con Luis Echeverría: Va a decir que no puede declarar porque está viejito y va a quedar impune.
Asesinatos en la BUAP
Presidente del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, un organismo contrapuesto en Puebla a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), García Casas pedirá a la PGR que investigue también la participación de Quintana Fernández en los asesinatos, en 1972, de Enrique Cabrera y Joel Arriaga, miembros de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
“Eso también viene en el expediente de Gutiérrez Barrios, en el que se hace mención de que se estaba investigando a Quintana por los asesinatos de Cabrera y Arriaga”, dice el empresario, quien asegura que el entonces gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista, simpatizaba con El Yunque.
“(Los miembros del Yunque) pensaron que no les iba a pasar nada, porque tenían el apoyo del gobernador, quien incluso personalmente les entregó armas.”
Por eso, García Casas no sólo pedirá a los Tecos apoyo jurídico para el esclarecimiento de su involucramiento en los homicidios que se les achacan, sino también al rector de la BUAP, Enrique Agüera, para que integre un equipo jurídico que apoye la investigación de Cabrera y Arriaga.
En amplia entrevista con el reportero, el mediodía del jueves 8, García Casas se niega a entregar los documentos de la DFS que, según él, Gutiérrez Barrios dio a su padre.
Sólo hasta que dentro de dos meses, el próximo 29 de mayo, se cumplan los 20 años de secrecía del expediente, comenzará a dar a conocer los documentos que sustentan su hipótesis del ajusticiamiento de Plata Moreno a manos de sus compañeros.
“Lo que pido es que las autoridades investiguen con la información que yo tengo y que a partir del 1 de junio, cuando se vence el pacto, la entregaré a personas de confianza. Yo no confío en las autoridades panistas, porque están totalmente infiltradas por El Yunque y ese expediente me lo van a hacer perdedizo.”
De hecho, con base en el expediente de la DFS y con información que obtuvo de entrevistas con allegados a los Leaño –Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector vitalicio de las UAG y jefe de los Tecos, así como sus hijos Antonio y Gonzalo Leaño Reyes, actual rector de esa institución educativa y director del diario Ocho Columnas, respectivamente– escribió el libro Plata Moreno, crónica de una purga anunciada, que comenzará a circular en junio.
El archivo completo de la DFS, dice el empresario constructor, lo entregará a los próximos candidatos priista y perredista a la Presidencia de la República. “Pero si gana el PAN, desgraciadamente se va a quedar en el archivo muerto”.
–¿Por qué su papá no lo da a conocer?
–Porque está amenazado de muerte por Quintana Fernández. Lo amenazó con que iba a matar a alguno de sus hijos, a mí, si sacaba el expediente. Es algo muy chistoso, porque así como es su seguro de vida tiene la amenaza. Mi papá está muy cansado de todo lo que ha vivido, llevamos 20 años sufriendo todas las tropelías que nos ha hecho Quintana.
De 40 años de edad, ingeniero civil como su padre, García Casas dice que, además de la información documental y testimonial de que dispone, se puede presumir la autoría de Quintana en el homicidio de Plata Moreno con las respuestas a las preguntas de a quién beneficia y a quién perjudica el crimen.
“El mayor beneficiario fue, sin duda, Quintana Fernández. De ser un ingeniero mediocre pasó a ser el gran constructor de Puebla y de ser uno más en la UPAEP se quedó con ella.”
Añade: “La razón de fondo de por qué mataron a Plata es porque se oponía a que El Yunque infiltrara el Partido Acción Nacional. Ramón tenía la idea de formar un partido paralelo y por eso la idea del DHIAC (Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana), que a la postre Quintana desapareció”.
Según García Casas, Quintana además instrumentó en El Yunque una purga de todos los allegados a Plata, como Mario Bracamontes, Ignacio Díaz, Javier Torres Leyva, Ricardo Villa Escalera y su padre. Estos tres últimos fueron expulsados también de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).
García Suárez fue dejado solo por El Yunque cuando el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, ordenó hacerle auditorías a sus negocios. “Quintana dijo que era un problema personal suyo y tuvimos que irnos exiliados un año a Estados Unidos”.
A su regreso, se supo que había un plan del Yunque para asesinar a García Suárez: “Por órdenes de Quintana hubo un operativo, encabezado por El Caimán Antonio Ramírez Castellanos, para asesinarlo. Intervino el arzobispo Rosendo Huesca y Pacheco, y eso evitó que mi papá tuviera un accidente”.
En su búsqueda de información para esclarecer el homicidio de Plata Moreno, García Casas se entrevistó, en dos ocasiones, con allegados a los Tecos, en Guadalajara, cuya identidad no revela, quienes le aseguraron que nada habían tenido que ver en el asesinato de Plata.
“Pero no sólo eso. Me aseguraron que prácticamente a Juan Carlos Plata, el hijo de Ramón Plata, lo protegen ellos de cualquier acción en su contra, y también me aseguraron que, en el contexto histórico de 1976 y 1979, El Yunque a los Tecos no les interesaba en lo más mínimo.”
Tampoco al gobierno federal le importaba Plata Moreno, expone, porque el PRI tenía el control absoluto. “Hoy El Yunque controla muchas posiciones, incluso Felipe Calderón está de adorno, pero hay que recordar que en ese tiempo no tenía ni un regidor ni un diputado local”.
En contraste, describe, los Tecos eran ya una organización poderosa, con la universidad muy consolidada, y tenían la reputación de ser los empresarios más poderosos de Guadalajara.
“Entonces, analizando el contexto, ¿qué ganaban los Tecos matando a Plata? Absolutamente nada. Incluso ha servido esa muerte para desprestigiarlos. ¿Y a quién conviene desprestigiarlos? Al Yunque. ¿Qué ganaba Gutiérrez Barrios matando a Plata cuando tenía un control político real? Nada.”
Y pregunta: “¿Qué ganaba Quintana matando a Ramón Plata? Todo. Se hizo jefe poderosísimo del Yunque y hasta hoy sigue siendo el jefe. Dicen que no para encubrirlo, pero Quintana al día de hoy sigue siendo el jefe. No es el jefe general emérito, es el real. Él toma todas las decisiones. Ardavín, el jefe nacional, es su empleado, y de hecho fue su operador en el asesinato”.
Aunque no ignora que el testigo Lira García identifica al agresor como Luis Castellanos Orozco, García Casas dice que la descripción como un “hombre caucásico” corresponde también a Ardavín.
“Yo estoy plantando la hipótesis de que fue una pugna interna con base en la vasta información que he obtenido. Mi papá es compadre de Quintana, padrino de mi hermano Alejandro, y yo desde pequeño he estado involucrado en todo esto.”
–¿Militaste en El Yunque?
–No, cuando iba yo en la preparatoria, en el Instituto México, me quisieron afiliar Herberto Rodríguez Regordosa y Tomás Morales Garduño. Inclusive en casa de Herberto me quisieron hacer jurar enfrente de un crucifijo, pero no quise. Y conste que cuando me invitaron mi papá era todavía miembro del Yunque.
El caso, al Vaticano
Compañero “de banca” del hijo de Plata Moreno en el nivel preparatoria en el Instituto México, controlado por El Yunque, García Casas considera que el muchacho debe declarar ante la PGR, lo mismo que la viuda, María Eugenia Ibarra Baz, cuyo abogado, José Antonio Ortega Sánchez, obedece a Quintana.
“Debe hablar. Entiendo que están atemorizados por Quintana, pero Juan Carlos Plata debe decir las razones reales por las que se fue de Puebla a Guadalajara.”
Y por eso insiste: “Si los Tecos mataron a Plata Moreno, ¿qué hace su hijo viviendo en Guadalajara? Eso fue lo que me dijeron los Tecos el año pasado”.
Al respecto, evoca el asesinato de Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, en 1981, y refiere que tampoco cree que hayan sido los Tecos, aunque fue El Yunque la organización que violó el “pacto de territorialidad” en Jalisco.
“Había un pacto secreto mediante el cual El Yunque no entraba a Jalisco y los Tecos no entraban a Puebla. Eso lo violó Quintana después de la muerte de Plata Moreno.”
–Pero Kalfópulos llegó a Jalisco en 1978, cuando Plata todavía vivía.
–Sí, pero Plata ya no vivía en México, estaba exiliado en Estados Unidos y ya no tomaba las decisiones. Hay que recordar que Plata Moreno se fue porque atentaron a balazos contra él, en 1975.
Insiste en que el regreso de Plata Moreno a México, en 1979, le era indiferente a los Tecos: “No les importaba en lo más mínimo, pero Plata le empezaba a estorbar mucho a Quintana, porque regresó a rehacerse del poder y éste ya no quería soltarlo después de haber estado años manejando todo”.
Así, además de rendir testimonio en la PGR, García Casas planea, también, viajar a Roma en junio para, en nombre del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, solicitarle al Vaticano la excomunión de Quintana, por los abusos que ha cometido, y que tome postura ante la organización secreta del Yunque.
“El Vaticano tiene que definir si es una organización católica o no, porque están adoctrinando gente en las escuelas católicas y hacen jurar ante un crucifijo fidelidad absoluta. Critican a la masonería, pero El Yunque es una masonería o peor, porque ha participado en asesinatos.”
“Plata era igual de radical que los Tecos. No estoy de acuerdo en que se le quiera santificar, porque no fue un mártir, sino un radical de extrema derecha que murió en una purga interna. Si se le santifica, entonces hay que santificar a Augusto Pinochet y a Francisco Franco. No porque lo hayan matado es una blanca palomita. También hay que aclarar que Plata era igual de mafioso que ellos. Fue el fundador del cártel del Yunque.”
Y concluye: “Tampoco voy a santificar a los Tecos, porque también es una organización de la que el Vaticano tiene que revisar sus métodos, pero en el caso concreto del asesinato de Plata Moreno puedo asegurar que ellos nada tuvieron que ver”.
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martes, 27 de abril de 2010
Israel: Crímenes y censura
TEL AVIV, 26 de abril (Proceso).- El Estado judío amordaza a su prensa, arresta en secreto a una periodista y manipula la información para ocultar un escándalo de corrupción, invasión de tierra palestina y asesinatos de militantes árabes en contravención de una orden de la Suprema Corte. Con la “seguridad nacional” como argumento, los conservadores israelíes han desatado una campaña contra el periodismo de investigación, acosan a reporteros y hasta piden el cierre del diario que reveló una historia ahora conocida en todo el mundo, menos en Tel Aviv.
Anat Kam, una periodista israelí de 23 años, podría pasar los próximos 14 en la cárcel –o incluso el resto de su vida– por filtrar documentos confidenciales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al reportero Uri Blau, del diario Ha’aretz, quien actualmente se encuentra refugiado en Londres.
El escándalo se ha convertido en debate. Para los liberales se trata de un caso de abuso de poder y de censura que atenta contra principios democráticos fundamentales. Los conservadores, en cambio, consideran que es una grave amenaza contra la seguridad nacional que los países enemigos de Israel tratarán de aprovechar, y piden desde el cierre de Ha’aretz, el diario donde aparecieron publicados los reportajes de Blau, hasta privar de la ciudadanía israelí a Kam.
Lo que ha quedado al margen, sin embargo, son los aparentes delitos graves que fueron expuestos por el dúo Kam-Blau: corrupción, invasión de tierra palestina y, sobre todo, el desacato deliberado a una resolución judicial, ordenado por oficiales militares de alto rango, y los asesinatos innecesarios de un militante árabe y otra persona. El asunto ha sido ignorado por la mayor parte de los medios y se encuentra prácticamente fuera del debate público.
“Es una victoria del Shin Bet”, el órgano israelí de seguridad interior que está a cargo de la investigación, afirma Gideon Levy, periodista de Ha’aretz. “No toca los actos escandalosos que realizó el ejército, no busca a los responsables para llevarlos a juicio, y todo el mundo se dedica ahora a perseguir a quienes dieron a conocer los abusos”.
En noviembre de 2008, un reportaje de Uri Blau en Ha’aretz reveló discusiones entre varios generales que decidieron ignorar una resolución de la Suprema Corte, emitida seis meses antes, que declaraba ilegal la frecuente práctica de asesinar líderes palestinos si existía la posibilidad de arrestarlos pacíficamente. El periodista respaldó sus afirmaciones con memorandos y correos electrónicos, y sobre todo con una orden firmada por el general Yair Naveh, quien en marzo de 2007 era el principal jefe militar israelí en Cisjordania.
Naveh ordenó a las FDI eliminar a tres miembros del grupo fundamentalista Yijad Islámica cuando alguno de ellos viajara en coche, a pesar de que no representaban un peligro claro y actual. Los soldados estaban autorizados a atacar si no había “más de un pasajero desconocido”. Es decir, que era aceptable la muerte de hasta un inocente. Cuando el ejército asesinó al islamista palestino Ziad Subahi Mahmad Malaisha y a un compañero suyo, lo maquillaron: la versión oficial de las FDI aseguró que los palestinos habían disparado primero.
La prensa israelí especula que otros reportajes de Blau sobre abusos y actos de corrupción de altos oficiales de las FDI podrían basarse en información confidencial del ejército filtrada por Kam.
En enero de 2009, por ejemplo, Blau dio a conocer que una base de datos secreta del Ministerio de Defensa mostraba que 75% de las construcciones realizadas por colonos judíos en sus asentamientos en territorio palestino eran ilegales, “sin los permisos apropiados o en forma contraria a los permisos emitidos”. También muchas de las obras que llevó a cabo la administración pública israelí en las colonias en Cisjordania (como carreteras, escuelas, sinagogas, escuelas religiosas judías e incluso estaciones de policía) estaban en tierras privadas pertenecientes a árabes.
En octubre de 2009, Blau expuso que, aunque el ministro de Defensa (y exprimer ministro) Ehud Barak se comprometió al asumir su puesto a no realizar negocios a través de su empresa Ehud Barak Ltd., esa firma y una subsidiaria habían recibido casi 2 millones de dólares mientras él estaba en el cargo.
Pacto violado
Tras los reportajes de Uri Blau, las alarmas saltaron en las FDI, pero no por el desacato a una orden de la Corte Suprema y los actos de corrupción, sino porque alguien había filtrado los datos. El Shin Bet presionó a Blau y a Ha’aretz para que entregara los demás documentos confidenciales que pudieran poseer. Llegaron a un acuerdo: Blau cedió los papeles a cambio de no ser acusado ni citado a declarar como testigo, y de que no se buscara a su fuente. Los agentes recibieron medio centenar de folios. No obstante, siguieron la investigación e identificaron a Anat Kam como la persona que filtró la información.
Anat Kam, la joven responsable de las filtraciones, tuvo acceso a documentos secretos mientras realizaba su servicio militar, como el resto de los ciudadanos judíos (excepto los árabes-israelíes). Los hombres cumplen tres años en el ejército; las mujeres, dos.
Kam estuvo enlistada de julio de 2005 a junio de 2007, y fue asignada a la oficina del general Yair Naveh, de quien llegó a convertirse en su asistente principal. Por sus manos pasaron infinidad de documentos clasificados que ella guardó en un archivo especial de su computadora. En su declaración ante el juez, el pasado 12 de abril, explicó que quería asegurarse de que “cuando los crímenes de guerra que las FDI estaban cometiendo en Cisjordania fueran investigados, yo tendría la evidencia para demostrarlos”. Antes de concluir su estancia en el lugar, le pidió a un compañero que grabara todo en dos discos: uno contenía textos; el otro, presentaciones de PowerPoint. Una vez fuera del ejército, entró a trabajar como reportera en Walla, un sitio web de noticias. Fue entonces cuando decidió entregar los documentos a Uri Blau.
El Shin Bet declaró roto el pacto con Blau y Ha’aretz porque, tras interrogar a la joven Kam, descubrió que los documentos sustraídos no eran sólo los 50 que entregó Blau, sino alrededor de 2 mil. Blau y Ha’aretz alegan por su parte que fueron los agentes quienes rompieron el acuerdo al buscar, identificar, interrogar y detener a Kam, y que por eso decidieron conservar el resto de los papeles.
A principios de diciembre, Blau estaba con su novia de vacaciones en China cuando se enteró de que su departamento había sido destruido en un registro policiaco, que su teléfono y su cuenta de correo electrónico habían estado intervenidos durante semanas, y que Kam estaba bajo arresto domiciliario. El periódico le pidió que viajara a Londres y que se quedara allí mientras se aclaraba la situación. Para ellos, era importante que Blau no fuera obligado a testificar, porque podría incriminar a Anat Kam, quien en ese momento aún negaba los cargos.
Por meses, el conflicto se desarrolló a espaldas de la opinión pública: una corte emitió una orden de censura total, nadie en Israel podía hablar del tema. Los periodistas locales seguían el asunto sin poder darlo a conocer. Sin embargo, el 15 de marzo, Richard Silverstein, un bloguero judío de Seattle, en Estados Unidos, desveló lo que ocurría en su página Tikun Olam (Reparar el mundo), y cuestionó la actitud de los jueces: “¿Qué clase de país permite que su servicio doméstico de inteligencia arreste a una periodista y la mantenga detenida secretamente? ¿En qué clase de país una periodista simplemente desaparece, mientras que los otros periodistas y los medios de prensa carecen de recursos para poder publicarlo? ¿China? ¿Cuba? ¿Vietnam? ¿Irán? ¿Corea del Norte? ¿Es eso lo que quiere Israel? ¿No ser mejor que países regidos por déspotas?”.
Otros medios extranjeros siguieron la pista y difundieron el asunto desde finales de marzo: la Agencia Telegráfica Judía (JTA, por sus siglas en inglés), el diario británico The Independent, la periodista estadunidense Judith Miller en la página web The Beast, el londinense The Guardian...
La prensa israelí estaba molesta por casi cuatro meses de mordaza y porque su público tenía que recurrir a medios del exterior para informarse. El primero en expresarse fue el tabloide Yediot Ahronot, que el pasado 1 de abril reprodujo el reportaje de Judith Miller, repleto de tachones negros de censura. Así eliminó el nombre de Kam, la causa de su detención y cualquier otro dato que indicara de qué se trataba. En portada, presentó el texto así: “¿Qué es lo que el Shin Bet no quiere que sepas?”. Un par de días después, proporcionó a sus lectores las direcciones de internet donde podían enterarse de la historia completa.
Otros diarios, como The Jerusalem Post, en lengua inglesa, reportaron que todo el mundo conocía ya cierta historia prohibida para el público israelí, que no podían describir. Ha’aretz y el Canal 10 de televisión anunciaron que el 12 de abril impugnarían la orden de censura. No hubo necesidad: la Corte la levantó el 8 de abril.
Manipulación
El debate público cambió a partir de ese momento. Antes se hablaba sobre todo de la libertad de prensa, pero el foco principal pasó a ser la vulneración de la seguridad nacional israelí. El Shin Bet dio a conocer la enorme cantidad de papeles filtrados. Su director, Yuval Diskin, advirtió: “El sueño de todo país enemigo es poner sus manos en estos documentos”. Varios columnistas conservadores señalaron que, mientras siguiera en Londres, Uri Blau estaba en peligro de ser secuestrado por espías enemigos en busca de la valiosa información. The Jerusalem Post citó a un alto oficial de inteligencia (a quien no identifica) que preguntó a los periodistas: “¿Alguien aquí conoce a una rubia?”. El diario explicó que era una referencia a una agente israelí llamada Cindy, que en 1986 fue a Roma para seducir, drogar y secuestrar a Mordechai Vanunu, un disidente que reveló que Israel poseía bombas nucleares. Como castigo, pasó 18 años encarcelado en confinamiento en solitario, y desde 2004 está impedido de salir del país, sujeto a acoso constante desde el gobierno.
Blau y Ha’aretz rechazan que pongan en peligro la seguridad nacional. En Israel, los límites a la libertad de prensa están marcados por un censor militar que tiene que aprobar toda información sobre seguridad antes de ser publicada, y las que manejó Blau superaron el filtro, con excepción de una, que por lo mismo no salió a la luz.
En un artículo editorial, el diario advirtió que es posible que los enemigos de Israel quisieran apoderarse de los documentos clasificados, pero que esos mismos países “estarían encantados de ver que Israel se comporta como ellos lo hacen, suspendiendo los principios democráticos que dependen de una prensa libre”. Ante las demandas de que Blau regrese, el editor en jefe de Ha’aretz, Dov Alfon, dijo a The Independent que su periódico “tiene una tradición de 90 años de proteger a sus reporteros de las presiones del gobierno”.
Muchas otras voces quieren castigos ejemplares. Varios parlamentarios pidieron el cierre de Ha’aretz, y el presidente del Comité de Ley y Justicia del Knesset (parlamento), David Rotem (de Yisrael Beitenu, el partido del ministro de Exteriores Avigdor Lieberman), exigió despojar de la nacionalidad israelí a Blau y Kam, quienes son objeto de agresivos ataques de comentaristas conservadores que buscan además el descrédito de un sector del espectro político.
Desde un sitio web marginal, Arutz Sheva, el académico extremista Steven Plaut aseguró que “muchos miembros de la izquierda israelí tienen una inclinación congénita a la traición y el espionaje”, e hizo un recuento de casos, que pronto fue reproducido en varios medios, incluyendo a The Jerusalem Post que preguntó, el 15 de abril: “¿Por qué ocurre que la izquierda israelí produce tanta traición contra el Estado?”.
El periodista Gideon Levy advierte que ahora todo depende de Yuval Diskin, el director del Shin Bet, quien oscila entre usar “guantes de seda” o “quitarse los guantes” –según sus propias palabras–, dependiendo de su humor en el momento. “Y nadie lo cuestiona, ¿quiere hacer que secuestren a Blau, que lo asesinen? El jefe del Shin Bet amenaza a un periodista y nadie dice una palabra”. Antes que eso, reclama Levy, “la verdadera traición es la de periodistas que traicionan su profesión, que se ponen del lado del aparato de seguridad contra colegas que hacen su trabajo de traer luz a la oscuridad”.
Diskin finalmente optó por quitarse los guantes y anunció a la fiscalía que acusará a la joven periodista de espionaje agravado, afirma Levy, “lo que implica la posibilidad de cadena perpetua”. El 12 de abril, la defensa de Anat Kam cambió de estrategia para buscar un trato más benevolente. Así, la joven declinó acogerse a la inmunidad periodística de Blau (quien tiene derecho a negarse a identificar a su fuente) y reconoció que ella le entregó los documentos, le pidió devolverlos y retornar de Londres. Los abogados del reportero consideraron que esto era “un desarrollo positivo” y anunciaron que evaluarían la propuesta.
Mientras tanto, varios periodistas connotados firmaron una petición en la que llaman a que no se someta a Blau a juicio por posesión de documentos secretos, a cambio de que los entregue. Uno de ellos, citado por Ha’aretz en anonimato, reconoció que “este asunto puede crear un peligroso precedente contra la libertad de expresión”.
B’Tselem, el grupo israelí de defensa de los derechos humanos más activo, publicó un informe en el que criticó que, a pesar de que Blau documentó cómo se violentó una clara resolución de la Corte Suprema, “ninguna de las personas involucradas ha sido cuestionada y los altos oficiales que dieron las órdenes ilegales siguen en sus puestos”, y además, “el ejército ha continuado con su política de asesinatos disfrazados de operaciones de arresto”.
Según Daniella Peled, periodista y editora del Institute for World and Peace Reporting, “la decepcionante verdad es que el furor sobre el intento de censura es una distracción que les ha permitido a los medios israelíes marginar la verdadera historia que emerge de los documentos: cómo fueron ignoradas las decisiones de la Suprema Corte sobre los asesinatos de palestinos. Sólo una minoría de israelíes se va a alterar por las muertes de supuestos militantes palestinos, pero cuando tiene que ver con una restricción teórica de su propia libertad de información, eso es algo que está garantizado que los va a indignar”.
En Israel, el argumento de la seguridad está por encima de cualquier otra consideración. Quienes lo usan, suelen conseguir un gran eco. “Si dependiera de la opinión pública, Kam y Blau serían ejecutados y cerrarían Ha’aretz. El general que dio las órdenes de asesinato ha salido del paso sin problemas, mientras el periodista y su fuente son enemigos del pueblo”, lamenta Levy.
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Anat Kam, una periodista israelí de 23 años, podría pasar los próximos 14 en la cárcel –o incluso el resto de su vida– por filtrar documentos confidenciales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al reportero Uri Blau, del diario Ha’aretz, quien actualmente se encuentra refugiado en Londres.
El escándalo se ha convertido en debate. Para los liberales se trata de un caso de abuso de poder y de censura que atenta contra principios democráticos fundamentales. Los conservadores, en cambio, consideran que es una grave amenaza contra la seguridad nacional que los países enemigos de Israel tratarán de aprovechar, y piden desde el cierre de Ha’aretz, el diario donde aparecieron publicados los reportajes de Blau, hasta privar de la ciudadanía israelí a Kam.
Lo que ha quedado al margen, sin embargo, son los aparentes delitos graves que fueron expuestos por el dúo Kam-Blau: corrupción, invasión de tierra palestina y, sobre todo, el desacato deliberado a una resolución judicial, ordenado por oficiales militares de alto rango, y los asesinatos innecesarios de un militante árabe y otra persona. El asunto ha sido ignorado por la mayor parte de los medios y se encuentra prácticamente fuera del debate público.
“Es una victoria del Shin Bet”, el órgano israelí de seguridad interior que está a cargo de la investigación, afirma Gideon Levy, periodista de Ha’aretz. “No toca los actos escandalosos que realizó el ejército, no busca a los responsables para llevarlos a juicio, y todo el mundo se dedica ahora a perseguir a quienes dieron a conocer los abusos”.
En noviembre de 2008, un reportaje de Uri Blau en Ha’aretz reveló discusiones entre varios generales que decidieron ignorar una resolución de la Suprema Corte, emitida seis meses antes, que declaraba ilegal la frecuente práctica de asesinar líderes palestinos si existía la posibilidad de arrestarlos pacíficamente. El periodista respaldó sus afirmaciones con memorandos y correos electrónicos, y sobre todo con una orden firmada por el general Yair Naveh, quien en marzo de 2007 era el principal jefe militar israelí en Cisjordania.
Naveh ordenó a las FDI eliminar a tres miembros del grupo fundamentalista Yijad Islámica cuando alguno de ellos viajara en coche, a pesar de que no representaban un peligro claro y actual. Los soldados estaban autorizados a atacar si no había “más de un pasajero desconocido”. Es decir, que era aceptable la muerte de hasta un inocente. Cuando el ejército asesinó al islamista palestino Ziad Subahi Mahmad Malaisha y a un compañero suyo, lo maquillaron: la versión oficial de las FDI aseguró que los palestinos habían disparado primero.
La prensa israelí especula que otros reportajes de Blau sobre abusos y actos de corrupción de altos oficiales de las FDI podrían basarse en información confidencial del ejército filtrada por Kam.
En enero de 2009, por ejemplo, Blau dio a conocer que una base de datos secreta del Ministerio de Defensa mostraba que 75% de las construcciones realizadas por colonos judíos en sus asentamientos en territorio palestino eran ilegales, “sin los permisos apropiados o en forma contraria a los permisos emitidos”. También muchas de las obras que llevó a cabo la administración pública israelí en las colonias en Cisjordania (como carreteras, escuelas, sinagogas, escuelas religiosas judías e incluso estaciones de policía) estaban en tierras privadas pertenecientes a árabes.
En octubre de 2009, Blau expuso que, aunque el ministro de Defensa (y exprimer ministro) Ehud Barak se comprometió al asumir su puesto a no realizar negocios a través de su empresa Ehud Barak Ltd., esa firma y una subsidiaria habían recibido casi 2 millones de dólares mientras él estaba en el cargo.
Pacto violado
Tras los reportajes de Uri Blau, las alarmas saltaron en las FDI, pero no por el desacato a una orden de la Corte Suprema y los actos de corrupción, sino porque alguien había filtrado los datos. El Shin Bet presionó a Blau y a Ha’aretz para que entregara los demás documentos confidenciales que pudieran poseer. Llegaron a un acuerdo: Blau cedió los papeles a cambio de no ser acusado ni citado a declarar como testigo, y de que no se buscara a su fuente. Los agentes recibieron medio centenar de folios. No obstante, siguieron la investigación e identificaron a Anat Kam como la persona que filtró la información.
Anat Kam, la joven responsable de las filtraciones, tuvo acceso a documentos secretos mientras realizaba su servicio militar, como el resto de los ciudadanos judíos (excepto los árabes-israelíes). Los hombres cumplen tres años en el ejército; las mujeres, dos.
Kam estuvo enlistada de julio de 2005 a junio de 2007, y fue asignada a la oficina del general Yair Naveh, de quien llegó a convertirse en su asistente principal. Por sus manos pasaron infinidad de documentos clasificados que ella guardó en un archivo especial de su computadora. En su declaración ante el juez, el pasado 12 de abril, explicó que quería asegurarse de que “cuando los crímenes de guerra que las FDI estaban cometiendo en Cisjordania fueran investigados, yo tendría la evidencia para demostrarlos”. Antes de concluir su estancia en el lugar, le pidió a un compañero que grabara todo en dos discos: uno contenía textos; el otro, presentaciones de PowerPoint. Una vez fuera del ejército, entró a trabajar como reportera en Walla, un sitio web de noticias. Fue entonces cuando decidió entregar los documentos a Uri Blau.
El Shin Bet declaró roto el pacto con Blau y Ha’aretz porque, tras interrogar a la joven Kam, descubrió que los documentos sustraídos no eran sólo los 50 que entregó Blau, sino alrededor de 2 mil. Blau y Ha’aretz alegan por su parte que fueron los agentes quienes rompieron el acuerdo al buscar, identificar, interrogar y detener a Kam, y que por eso decidieron conservar el resto de los papeles.
A principios de diciembre, Blau estaba con su novia de vacaciones en China cuando se enteró de que su departamento había sido destruido en un registro policiaco, que su teléfono y su cuenta de correo electrónico habían estado intervenidos durante semanas, y que Kam estaba bajo arresto domiciliario. El periódico le pidió que viajara a Londres y que se quedara allí mientras se aclaraba la situación. Para ellos, era importante que Blau no fuera obligado a testificar, porque podría incriminar a Anat Kam, quien en ese momento aún negaba los cargos.
Por meses, el conflicto se desarrolló a espaldas de la opinión pública: una corte emitió una orden de censura total, nadie en Israel podía hablar del tema. Los periodistas locales seguían el asunto sin poder darlo a conocer. Sin embargo, el 15 de marzo, Richard Silverstein, un bloguero judío de Seattle, en Estados Unidos, desveló lo que ocurría en su página Tikun Olam (Reparar el mundo), y cuestionó la actitud de los jueces: “¿Qué clase de país permite que su servicio doméstico de inteligencia arreste a una periodista y la mantenga detenida secretamente? ¿En qué clase de país una periodista simplemente desaparece, mientras que los otros periodistas y los medios de prensa carecen de recursos para poder publicarlo? ¿China? ¿Cuba? ¿Vietnam? ¿Irán? ¿Corea del Norte? ¿Es eso lo que quiere Israel? ¿No ser mejor que países regidos por déspotas?”.
Otros medios extranjeros siguieron la pista y difundieron el asunto desde finales de marzo: la Agencia Telegráfica Judía (JTA, por sus siglas en inglés), el diario británico The Independent, la periodista estadunidense Judith Miller en la página web The Beast, el londinense The Guardian...
La prensa israelí estaba molesta por casi cuatro meses de mordaza y porque su público tenía que recurrir a medios del exterior para informarse. El primero en expresarse fue el tabloide Yediot Ahronot, que el pasado 1 de abril reprodujo el reportaje de Judith Miller, repleto de tachones negros de censura. Así eliminó el nombre de Kam, la causa de su detención y cualquier otro dato que indicara de qué se trataba. En portada, presentó el texto así: “¿Qué es lo que el Shin Bet no quiere que sepas?”. Un par de días después, proporcionó a sus lectores las direcciones de internet donde podían enterarse de la historia completa.
Otros diarios, como The Jerusalem Post, en lengua inglesa, reportaron que todo el mundo conocía ya cierta historia prohibida para el público israelí, que no podían describir. Ha’aretz y el Canal 10 de televisión anunciaron que el 12 de abril impugnarían la orden de censura. No hubo necesidad: la Corte la levantó el 8 de abril.
Manipulación
El debate público cambió a partir de ese momento. Antes se hablaba sobre todo de la libertad de prensa, pero el foco principal pasó a ser la vulneración de la seguridad nacional israelí. El Shin Bet dio a conocer la enorme cantidad de papeles filtrados. Su director, Yuval Diskin, advirtió: “El sueño de todo país enemigo es poner sus manos en estos documentos”. Varios columnistas conservadores señalaron que, mientras siguiera en Londres, Uri Blau estaba en peligro de ser secuestrado por espías enemigos en busca de la valiosa información. The Jerusalem Post citó a un alto oficial de inteligencia (a quien no identifica) que preguntó a los periodistas: “¿Alguien aquí conoce a una rubia?”. El diario explicó que era una referencia a una agente israelí llamada Cindy, que en 1986 fue a Roma para seducir, drogar y secuestrar a Mordechai Vanunu, un disidente que reveló que Israel poseía bombas nucleares. Como castigo, pasó 18 años encarcelado en confinamiento en solitario, y desde 2004 está impedido de salir del país, sujeto a acoso constante desde el gobierno.
Blau y Ha’aretz rechazan que pongan en peligro la seguridad nacional. En Israel, los límites a la libertad de prensa están marcados por un censor militar que tiene que aprobar toda información sobre seguridad antes de ser publicada, y las que manejó Blau superaron el filtro, con excepción de una, que por lo mismo no salió a la luz.
En un artículo editorial, el diario advirtió que es posible que los enemigos de Israel quisieran apoderarse de los documentos clasificados, pero que esos mismos países “estarían encantados de ver que Israel se comporta como ellos lo hacen, suspendiendo los principios democráticos que dependen de una prensa libre”. Ante las demandas de que Blau regrese, el editor en jefe de Ha’aretz, Dov Alfon, dijo a The Independent que su periódico “tiene una tradición de 90 años de proteger a sus reporteros de las presiones del gobierno”.
Muchas otras voces quieren castigos ejemplares. Varios parlamentarios pidieron el cierre de Ha’aretz, y el presidente del Comité de Ley y Justicia del Knesset (parlamento), David Rotem (de Yisrael Beitenu, el partido del ministro de Exteriores Avigdor Lieberman), exigió despojar de la nacionalidad israelí a Blau y Kam, quienes son objeto de agresivos ataques de comentaristas conservadores que buscan además el descrédito de un sector del espectro político.
Desde un sitio web marginal, Arutz Sheva, el académico extremista Steven Plaut aseguró que “muchos miembros de la izquierda israelí tienen una inclinación congénita a la traición y el espionaje”, e hizo un recuento de casos, que pronto fue reproducido en varios medios, incluyendo a The Jerusalem Post que preguntó, el 15 de abril: “¿Por qué ocurre que la izquierda israelí produce tanta traición contra el Estado?”.
El periodista Gideon Levy advierte que ahora todo depende de Yuval Diskin, el director del Shin Bet, quien oscila entre usar “guantes de seda” o “quitarse los guantes” –según sus propias palabras–, dependiendo de su humor en el momento. “Y nadie lo cuestiona, ¿quiere hacer que secuestren a Blau, que lo asesinen? El jefe del Shin Bet amenaza a un periodista y nadie dice una palabra”. Antes que eso, reclama Levy, “la verdadera traición es la de periodistas que traicionan su profesión, que se ponen del lado del aparato de seguridad contra colegas que hacen su trabajo de traer luz a la oscuridad”.
Diskin finalmente optó por quitarse los guantes y anunció a la fiscalía que acusará a la joven periodista de espionaje agravado, afirma Levy, “lo que implica la posibilidad de cadena perpetua”. El 12 de abril, la defensa de Anat Kam cambió de estrategia para buscar un trato más benevolente. Así, la joven declinó acogerse a la inmunidad periodística de Blau (quien tiene derecho a negarse a identificar a su fuente) y reconoció que ella le entregó los documentos, le pidió devolverlos y retornar de Londres. Los abogados del reportero consideraron que esto era “un desarrollo positivo” y anunciaron que evaluarían la propuesta.
Mientras tanto, varios periodistas connotados firmaron una petición en la que llaman a que no se someta a Blau a juicio por posesión de documentos secretos, a cambio de que los entregue. Uno de ellos, citado por Ha’aretz en anonimato, reconoció que “este asunto puede crear un peligroso precedente contra la libertad de expresión”.
B’Tselem, el grupo israelí de defensa de los derechos humanos más activo, publicó un informe en el que criticó que, a pesar de que Blau documentó cómo se violentó una clara resolución de la Corte Suprema, “ninguna de las personas involucradas ha sido cuestionada y los altos oficiales que dieron las órdenes ilegales siguen en sus puestos”, y además, “el ejército ha continuado con su política de asesinatos disfrazados de operaciones de arresto”.
Según Daniella Peled, periodista y editora del Institute for World and Peace Reporting, “la decepcionante verdad es que el furor sobre el intento de censura es una distracción que les ha permitido a los medios israelíes marginar la verdadera historia que emerge de los documentos: cómo fueron ignoradas las decisiones de la Suprema Corte sobre los asesinatos de palestinos. Sólo una minoría de israelíes se va a alterar por las muertes de supuestos militantes palestinos, pero cuando tiene que ver con una restricción teórica de su propia libertad de información, eso es algo que está garantizado que los va a indignar”.
En Israel, el argumento de la seguridad está por encima de cualquier otra consideración. Quienes lo usan, suelen conseguir un gran eco. “Si dependiera de la opinión pública, Kam y Blau serían ejecutados y cerrarían Ha’aretz. El general que dio las órdenes de asesinato ha salido del paso sin problemas, mientras el periodista y su fuente son enemigos del pueblo”, lamenta Levy.
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jueves, 22 de abril de 2010
Garzón, atrapado por la ultraderecha
MADRID, 21 de abril (Proceso).- El Consejo General del Poder Judicial de España tiene programado para el jueves 22 decidir si inhabilita temporalmente al juez Baltasar Garzón, acusado en tres demandas del delito de prevaricación. Las causas de fondo, sin embargo, no son jurídicas, sino políticas: una venganza de la ultraderecha, que no le perdona haberse entrometido en el escándalo de corrupción que involucra al Partido Popular, ni haber tocado un tema tabú: los crímenes del franquismo.
“El juez español Baltasar Garzón penetró en un jardín prohibido: el de la Guerra Civil, de la dictadura franquista y del pacto de la transición. Penetró también en el jardín de la derecha política, que está muy enfadada por el caso Gürtel”, dice un abogado cercano al ámbito del magistrado de la Audiencia Nacional, cuyo futuro será decidido el jueves 22 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ, máximo órgano de los jueces españoles, dictará un fallo sobre la eventual suspensión provisional de Garzón como magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, debido a que está acusado de prevaricación, delito en el cual incurren los jueces que toman una resolución a sabiendas de que es injusta.
Desde el 17 octubre de 2008, fecha en que se declaró competente para juzgar los crímenes de la guerra civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975), Garzón sufre un acoso permanente. Hasta el momento hay en su contra tres causas disciplinarias distintas, pero por el mismo delito de prevaricación y con un objetivo común: que sea inhabilitado como juez por un periodo de 10 a 20 años, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Gonzalo Martínez Fresneda, abogado defensor de Garzón, advierte que existe una “estrategia coincidente” en esta ofensiva contra su cliente y denuncia las trabas de que es objeto la defensa a su cargo, lo cual “deja en la indefensión” a Garzón. Una de ellas, recuerda, fue el rechazo a la petición de que testificaran expertos internacionales, entre ellos el mexicano Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante lo que se percibe como la inminente suspensión del juez Garzón, los miembros de las asociaciones de la Memoria Histórica, así como intelectuales, artistas, académicos y estudiantes, iniciaron una serie de movilizaciones espontáneas para apoyarlo. El martes 13, la Universidad Complutense de Madrid fue el escenario de un acto en el que unos 500 ciudadanos, convocados mediante Twitter, Facebook y mensajes de texto de sus celulares, bloquearon la calle Génova, frente a la Audiencia Nacional, para gritar consignas en su favor.
Amnistía Internacional consideró “insólito” que se pretenda juzgar a Garzón, y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reiteró su apoyo al magistrado y su preocupación debido a que el proceso es contrario a “los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura”.
El reputado director de cine Pedro Almodóvar dijo que “la sociedad tiene una deuda moral con los que perdieron la guerra y con los familiares de los 113 mil cadáveres que yacen en las cunetas. Si la Falange sienta a Garzón en el banquillo sería como si Franco hubiese vuelto a ganar, y eso es muy difícil de digerir”.
En sentido contrario, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular (PP), tachó las manifestaciones como un “disparate” y como un “atentado contra la democracia”.
El CGPJ emitió un comunicado donde expresa su “preocupación y tristeza” por las muestras de apoyo a Garzón, las que, a su entender, suponen un ataque a “la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo”.
Campañas de desprestigio
En un escrito de alegaciones que presentó el pasado 5 de marzo ante el CGPJ, Garzón describe el acoso de que es objeto. Dice que todas las actuaciones disciplinarias y penales en su contra “se enmarcan en un concreto escenario, por iniciativa de una serie de personas interrelacionadas entre sí y siempre con el respaldo de unos mismos soportes mediáticos” que realizan “campañas de denigración contra mi persona”.
Refiere que, a partir del 6 de febrero de 2009 –fecha en que se conoció públicamente la actuación judicial del llamado caso Gürtel, en el que están implicados representantes del Partido Popular (PP)–, se inició una “clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización de mi labor jurisdiccional. Una campaña alentada por personas a quienes yo imputé, y jaleadas (impulsadas) por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y prestigio profesional”.
Indica que, el 16 de febrero de 2009, el diputado del PP Federico Trillo –quien fue ministro de Defensa del gobierno de José María Aznar– declaró que Garzón estaba “actuando con manifiesta injusticia, con manifiesta ilegalidad”, en “contra de la ley y la jurisprudencia”; mientras que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó irónicamente que “Garzón, si puede, me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra”.
El 25 de febrero de 2010, Trillo instó a Garzón a abandonar su cargo. Declaró que el juez actuaba de forma “parcial, sectaria e interesada” en relación al denominado caso Faisán, una operación policiaca que, vinculada con la extorsión de ETA a empresarios, derivó en escándalo cuando trascendió que algunos miembros de la banda terrorista fueron supuestamente advertidos sobre una redada en su contra.
“Reflexione y medite sobre su propia posición como juez”, porque “no merece esto la carrera judicial”, declaró Trillo.
El 26 de mayo de 2009, Luciano Varela, juez del Tribunal Supremo, admitió la primera querella contra Garzón después de que éste se declaró competente para instruir los crímenes del franquismo. Esa primera acusación la formuló el denominado sindicato Manos Limpias, de tendencia ultraderechista. Y el 24 de junio, el mismo juez aceptó otra querella, presentada por la asociación de ultraderecha Libertad e Identidad, que fue incorporada en la causa ya abierta (Proceso 1716).
El 22 de febrero de 2010, el juez Varela admitió que, en la misma causa, se sumara como demandante el partido Falange Española de la JONS, considerado heredero del franquismo.
El 12 de junio de 2009, el Tribunal Supremo dio entrada a otra querella, formulada por los abogados Antonio Panea y José Luis Monzón, por los delitos de prevaricación y cohecho. Según estos abogados, el Banco Santander entregó a Garzón 302 mil dólares con el propósito de patrocinar unos seminarios propuestos por el propio magistrado durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006. Debido a ello, señala la acusación, Garzón decidió no admitir a trámite una querella contra Emilio Botín, presidente de esa institución bancaria.
Garzón alega que ese dinero no lo administró él, sino la Universidad de Nueva York, y que sirvió para organizar los eventos y remunerar a algunos de los conferencistas. Añade que su decisión judicial nada tuvo que ver con el referido patrocinio, que fue solicitado al banco por la referida universidad.
El 9 de diciembre de 2009, Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, presentó ante el Tribunal Supremo la tercera querella por prevaricación contra Garzón. El argumento: éste ordenó intervenir las comunicaciones en prisión de varios de los acusados con sus abogados. El tribunal acogió dicho recurso el 25 de febrero, y el 4 de marzo aceptó que el empresario Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción del caso Gürtel, se sumara como querellante en ese juicio.
Garzón se sentó en el banquillo de los acusados el pasado jueves 15 para declarar como imputado. Es la segunda vez que acude a dicho tribunal en esa calidad, pues la primera fue el 9 de septiembre de 2009 por el caso de los crímenes del franquismo.
En su escrito de alegaciones, Garzón advierte que los abogados que lo acusaron recurren con “habitual desparpajo” a insinuar que él no acepta trajes, pero sí “sobornos en especie”, en alusión al caso Gürtel, en el que algunos imputados fueron sobornados con costosos trajes de vestir.
El 31 de diciembre de 2009, los acusadores pidieron la acumulación de ambos procesos (el de las denuncias relativas a la Memoria Histórica y el de los cursos de Nueva York) puesto que, “en el horizonte estratégico de esos querellantes, ambos procesos responden a una misma iniciativa y no a dos distintas”, advierte Garzón.
Asimismo, asegura que en mayo de 2009, cuando el Tribunal Supremo acogió la querella de Manos Limpias, “fue como si se hubiera abierto una puerta para todo el que quisiera entrar”.
Y sostiene que “cualquier observador ajeno al contexto” podría “pensar que al juez Garzón le habría invadido últimamente una incomprensible pulsión prevaricadora múltiple o de amplio espectro”.
Garzón asegura que los querellantes “actuaron de mala fe al exponer ante el Tribunal Supremo una versión equivocada y tergiversada de los hechos”, pese a que en ninguna de sus actuaciones existe riesgo de daño para la administración de la justicia.
Reprocha que las imputaciones en su contra hayan sido admitidas pese a que el Ministerio Público no advierte delito en su comportamiento.
Odiado por sus pares
El juez Garzón pide en sus alegatos la abstención en las deliberaciones de tres de los vocales del CGPJ: Fernando de Rosa Toner, Gema Gallego y Margarita Robles.
Dice que Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, ha cuestionado “continuamente” su labor, “lo que le priva de objetividad de juicio” para decidir su suspensión.
De Rosa Torner fue consejero de Justicia y Administraciones Públicas del gobierno de Valencia entre 2003 y 2008; por lo tanto, fue miembro del gobierno de Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, en el que Garzón fue juez instructor.
En su escrito, Garzón expresa que la vocal Gema Gallego tiene hacia él una “enemistad manifiesta”. La razón: el magistrado le refutó una decisión judicial cuando ella era titular del Juzgado 35 de Madrid. Explica que Gallego dio como válido un informe falso con el propósito de vincular a un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 a los trenes de Madrid con detenciones anteriores ligadas con miembros de ETA.
Y respecto a la vocal Margarita Robles, el magistrado alega “enemistad profunda” y recuerda que coincidió con ella en funciones públicas durante el gobierno de Felipe González. Ambos trabajaron como secretarios de Estado con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.
Garzón refiere que luego de esa etapa, a él le tocó juzgar al menos cuatro casos vinculados con ese ministerio, incluido el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que desataron una guerra sucia contra el terrorismo de ETA durante el gobierno socialista de González y por lo cual fueron sentenciados algunos funcionarios.
El abogado del entorno del magistrado consultado por Proceso –quien prefirió omitir su nombre– señala que Garzón no les gusta nada a los jueces, quienes consideran que la labor de un magistrado debe estar alejada de los reflectores. “Entonces –comenta– su antipatía no es ideológica, sino visceral. Además, Garzón gana más dinero en sus conferencias que da en todo el mundo que lo que ellos ganan durante todo el año. Y eso les provoca un sentimiento que no quiero calificar”.
Explica: “Es evidente que Garzón tiene una peculiar forma de ser. Ha sido el juez más independiente y ha desarrollado un trabajo increíble: investigó a Pinochet y los crímenes de Estado, y persigue a Osama Bin Laden. Eso no lo hacen los otros. Lo tachan de protagonista, al grado de que algunos medios de prensa que hoy lo atacan lo propusieron para el Premio Nobel en 2002. Así ha sido él durante 23 años de carrera. Y si uno gira 360 grados, no hay una sola dirección en la que no se encuentre a una persona con una cuenta pendiente con Garzón”.
–¿Tiene sus días contados?
–La opinión más extendida es que va a ser despedido porque la mitad de los miembros del CGPJ fueron propuestos por el PP, que está desarrollando una campaña muy fuerte en contra de Garzón debido al caso Gürtel. Y dentro de los llamados progresistas hay algunos contrarios a Garzón, por lo que la mayoría de vocales son partidarios de suspenderlo.
“Si lo absuelven puede volver (a ejercer como juez). Pero –acota– la figura de Garzón tiene tanta carga simbólica que si lo suspenden temporalmente sería su fin como magistrado.”
A su vez, el abogado Gonzalo Boyé observa que “en España se utiliza una expresión: ‘el dictador (Francisco Franco) dejó todo atado y bien atado’. Parece que ese dicho se refiere justamente a las responsabilidades penales (por los delitos del franquismo). Porque en este país han cambiado muchas cosas, pero el poder judicial es uno de los sectores más intocados”.
Promotor de múltiples causas de la justicia universal –como las presentadas en relación con las torturas en Guantánamo o con los crímenes del ejército israelí en territorio palestino–, Boyé considera que “el juez Garzón jurídicamente actuó bien, pero, por sorprendente que parezca, políticamente se equivocó”.
Puntualiza: “España es el único país europeo que no permite el juicio de su historia reciente (…) Garzón rebasó la línea roja y abordó el tema intocable de las 113 mil personas que fueron asesinadas en las cunetas y que es la causa primaria de las asociaciones de la memoria histórica”.
Sobre las “antipatías y odios” que despierta Garzón en el medio judicial, dice que “son absolutamente ciertos”.
Ofrece un ejemplo: La animadversión del magistrado Luciano Varela se debe a que “era juez en Galicia en 1988, cuando Garzón inició el primer juicio contra los clanes de la droga gallegos, en la operación Nécora. Y seguramente Varela lo interpretó como si Garzón fuera a enmendarle la plana”.
Y otro: El magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Oliver, ponente del auto que admitió a trámite la querella de la Falange Española contra el juez, fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española y es miembro de la fundación del Valle de los Caídos, el mayor de los símbolos del franquismo.
Para concluir: El presidente del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, quien tampoco quiere a Garzón, tiene la facultad de elegir a los cinco magistrados que lo sancionarán en estos días.
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“El juez español Baltasar Garzón penetró en un jardín prohibido: el de la Guerra Civil, de la dictadura franquista y del pacto de la transición. Penetró también en el jardín de la derecha política, que está muy enfadada por el caso Gürtel”, dice un abogado cercano al ámbito del magistrado de la Audiencia Nacional, cuyo futuro será decidido el jueves 22 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ, máximo órgano de los jueces españoles, dictará un fallo sobre la eventual suspensión provisional de Garzón como magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, debido a que está acusado de prevaricación, delito en el cual incurren los jueces que toman una resolución a sabiendas de que es injusta.
Desde el 17 octubre de 2008, fecha en que se declaró competente para juzgar los crímenes de la guerra civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975), Garzón sufre un acoso permanente. Hasta el momento hay en su contra tres causas disciplinarias distintas, pero por el mismo delito de prevaricación y con un objetivo común: que sea inhabilitado como juez por un periodo de 10 a 20 años, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Gonzalo Martínez Fresneda, abogado defensor de Garzón, advierte que existe una “estrategia coincidente” en esta ofensiva contra su cliente y denuncia las trabas de que es objeto la defensa a su cargo, lo cual “deja en la indefensión” a Garzón. Una de ellas, recuerda, fue el rechazo a la petición de que testificaran expertos internacionales, entre ellos el mexicano Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante lo que se percibe como la inminente suspensión del juez Garzón, los miembros de las asociaciones de la Memoria Histórica, así como intelectuales, artistas, académicos y estudiantes, iniciaron una serie de movilizaciones espontáneas para apoyarlo. El martes 13, la Universidad Complutense de Madrid fue el escenario de un acto en el que unos 500 ciudadanos, convocados mediante Twitter, Facebook y mensajes de texto de sus celulares, bloquearon la calle Génova, frente a la Audiencia Nacional, para gritar consignas en su favor.
Amnistía Internacional consideró “insólito” que se pretenda juzgar a Garzón, y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reiteró su apoyo al magistrado y su preocupación debido a que el proceso es contrario a “los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura”.
El reputado director de cine Pedro Almodóvar dijo que “la sociedad tiene una deuda moral con los que perdieron la guerra y con los familiares de los 113 mil cadáveres que yacen en las cunetas. Si la Falange sienta a Garzón en el banquillo sería como si Franco hubiese vuelto a ganar, y eso es muy difícil de digerir”.
En sentido contrario, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular (PP), tachó las manifestaciones como un “disparate” y como un “atentado contra la democracia”.
El CGPJ emitió un comunicado donde expresa su “preocupación y tristeza” por las muestras de apoyo a Garzón, las que, a su entender, suponen un ataque a “la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo”.
Campañas de desprestigio
En un escrito de alegaciones que presentó el pasado 5 de marzo ante el CGPJ, Garzón describe el acoso de que es objeto. Dice que todas las actuaciones disciplinarias y penales en su contra “se enmarcan en un concreto escenario, por iniciativa de una serie de personas interrelacionadas entre sí y siempre con el respaldo de unos mismos soportes mediáticos” que realizan “campañas de denigración contra mi persona”.
Refiere que, a partir del 6 de febrero de 2009 –fecha en que se conoció públicamente la actuación judicial del llamado caso Gürtel, en el que están implicados representantes del Partido Popular (PP)–, se inició una “clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización de mi labor jurisdiccional. Una campaña alentada por personas a quienes yo imputé, y jaleadas (impulsadas) por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y prestigio profesional”.
Indica que, el 16 de febrero de 2009, el diputado del PP Federico Trillo –quien fue ministro de Defensa del gobierno de José María Aznar– declaró que Garzón estaba “actuando con manifiesta injusticia, con manifiesta ilegalidad”, en “contra de la ley y la jurisprudencia”; mientras que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó irónicamente que “Garzón, si puede, me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra”.
El 25 de febrero de 2010, Trillo instó a Garzón a abandonar su cargo. Declaró que el juez actuaba de forma “parcial, sectaria e interesada” en relación al denominado caso Faisán, una operación policiaca que, vinculada con la extorsión de ETA a empresarios, derivó en escándalo cuando trascendió que algunos miembros de la banda terrorista fueron supuestamente advertidos sobre una redada en su contra.
“Reflexione y medite sobre su propia posición como juez”, porque “no merece esto la carrera judicial”, declaró Trillo.
El 26 de mayo de 2009, Luciano Varela, juez del Tribunal Supremo, admitió la primera querella contra Garzón después de que éste se declaró competente para instruir los crímenes del franquismo. Esa primera acusación la formuló el denominado sindicato Manos Limpias, de tendencia ultraderechista. Y el 24 de junio, el mismo juez aceptó otra querella, presentada por la asociación de ultraderecha Libertad e Identidad, que fue incorporada en la causa ya abierta (Proceso 1716).
El 22 de febrero de 2010, el juez Varela admitió que, en la misma causa, se sumara como demandante el partido Falange Española de la JONS, considerado heredero del franquismo.
El 12 de junio de 2009, el Tribunal Supremo dio entrada a otra querella, formulada por los abogados Antonio Panea y José Luis Monzón, por los delitos de prevaricación y cohecho. Según estos abogados, el Banco Santander entregó a Garzón 302 mil dólares con el propósito de patrocinar unos seminarios propuestos por el propio magistrado durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006. Debido a ello, señala la acusación, Garzón decidió no admitir a trámite una querella contra Emilio Botín, presidente de esa institución bancaria.
Garzón alega que ese dinero no lo administró él, sino la Universidad de Nueva York, y que sirvió para organizar los eventos y remunerar a algunos de los conferencistas. Añade que su decisión judicial nada tuvo que ver con el referido patrocinio, que fue solicitado al banco por la referida universidad.
El 9 de diciembre de 2009, Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, presentó ante el Tribunal Supremo la tercera querella por prevaricación contra Garzón. El argumento: éste ordenó intervenir las comunicaciones en prisión de varios de los acusados con sus abogados. El tribunal acogió dicho recurso el 25 de febrero, y el 4 de marzo aceptó que el empresario Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción del caso Gürtel, se sumara como querellante en ese juicio.
Garzón se sentó en el banquillo de los acusados el pasado jueves 15 para declarar como imputado. Es la segunda vez que acude a dicho tribunal en esa calidad, pues la primera fue el 9 de septiembre de 2009 por el caso de los crímenes del franquismo.
En su escrito de alegaciones, Garzón advierte que los abogados que lo acusaron recurren con “habitual desparpajo” a insinuar que él no acepta trajes, pero sí “sobornos en especie”, en alusión al caso Gürtel, en el que algunos imputados fueron sobornados con costosos trajes de vestir.
El 31 de diciembre de 2009, los acusadores pidieron la acumulación de ambos procesos (el de las denuncias relativas a la Memoria Histórica y el de los cursos de Nueva York) puesto que, “en el horizonte estratégico de esos querellantes, ambos procesos responden a una misma iniciativa y no a dos distintas”, advierte Garzón.
Asimismo, asegura que en mayo de 2009, cuando el Tribunal Supremo acogió la querella de Manos Limpias, “fue como si se hubiera abierto una puerta para todo el que quisiera entrar”.
Y sostiene que “cualquier observador ajeno al contexto” podría “pensar que al juez Garzón le habría invadido últimamente una incomprensible pulsión prevaricadora múltiple o de amplio espectro”.
Garzón asegura que los querellantes “actuaron de mala fe al exponer ante el Tribunal Supremo una versión equivocada y tergiversada de los hechos”, pese a que en ninguna de sus actuaciones existe riesgo de daño para la administración de la justicia.
Reprocha que las imputaciones en su contra hayan sido admitidas pese a que el Ministerio Público no advierte delito en su comportamiento.
Odiado por sus pares
El juez Garzón pide en sus alegatos la abstención en las deliberaciones de tres de los vocales del CGPJ: Fernando de Rosa Toner, Gema Gallego y Margarita Robles.
Dice que Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, ha cuestionado “continuamente” su labor, “lo que le priva de objetividad de juicio” para decidir su suspensión.
De Rosa Torner fue consejero de Justicia y Administraciones Públicas del gobierno de Valencia entre 2003 y 2008; por lo tanto, fue miembro del gobierno de Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, en el que Garzón fue juez instructor.
En su escrito, Garzón expresa que la vocal Gema Gallego tiene hacia él una “enemistad manifiesta”. La razón: el magistrado le refutó una decisión judicial cuando ella era titular del Juzgado 35 de Madrid. Explica que Gallego dio como válido un informe falso con el propósito de vincular a un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 a los trenes de Madrid con detenciones anteriores ligadas con miembros de ETA.
Y respecto a la vocal Margarita Robles, el magistrado alega “enemistad profunda” y recuerda que coincidió con ella en funciones públicas durante el gobierno de Felipe González. Ambos trabajaron como secretarios de Estado con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.
Garzón refiere que luego de esa etapa, a él le tocó juzgar al menos cuatro casos vinculados con ese ministerio, incluido el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que desataron una guerra sucia contra el terrorismo de ETA durante el gobierno socialista de González y por lo cual fueron sentenciados algunos funcionarios.
El abogado del entorno del magistrado consultado por Proceso –quien prefirió omitir su nombre– señala que Garzón no les gusta nada a los jueces, quienes consideran que la labor de un magistrado debe estar alejada de los reflectores. “Entonces –comenta– su antipatía no es ideológica, sino visceral. Además, Garzón gana más dinero en sus conferencias que da en todo el mundo que lo que ellos ganan durante todo el año. Y eso les provoca un sentimiento que no quiero calificar”.
Explica: “Es evidente que Garzón tiene una peculiar forma de ser. Ha sido el juez más independiente y ha desarrollado un trabajo increíble: investigó a Pinochet y los crímenes de Estado, y persigue a Osama Bin Laden. Eso no lo hacen los otros. Lo tachan de protagonista, al grado de que algunos medios de prensa que hoy lo atacan lo propusieron para el Premio Nobel en 2002. Así ha sido él durante 23 años de carrera. Y si uno gira 360 grados, no hay una sola dirección en la que no se encuentre a una persona con una cuenta pendiente con Garzón”.
–¿Tiene sus días contados?
–La opinión más extendida es que va a ser despedido porque la mitad de los miembros del CGPJ fueron propuestos por el PP, que está desarrollando una campaña muy fuerte en contra de Garzón debido al caso Gürtel. Y dentro de los llamados progresistas hay algunos contrarios a Garzón, por lo que la mayoría de vocales son partidarios de suspenderlo.
“Si lo absuelven puede volver (a ejercer como juez). Pero –acota– la figura de Garzón tiene tanta carga simbólica que si lo suspenden temporalmente sería su fin como magistrado.”
A su vez, el abogado Gonzalo Boyé observa que “en España se utiliza una expresión: ‘el dictador (Francisco Franco) dejó todo atado y bien atado’. Parece que ese dicho se refiere justamente a las responsabilidades penales (por los delitos del franquismo). Porque en este país han cambiado muchas cosas, pero el poder judicial es uno de los sectores más intocados”.
Promotor de múltiples causas de la justicia universal –como las presentadas en relación con las torturas en Guantánamo o con los crímenes del ejército israelí en territorio palestino–, Boyé considera que “el juez Garzón jurídicamente actuó bien, pero, por sorprendente que parezca, políticamente se equivocó”.
Puntualiza: “España es el único país europeo que no permite el juicio de su historia reciente (…) Garzón rebasó la línea roja y abordó el tema intocable de las 113 mil personas que fueron asesinadas en las cunetas y que es la causa primaria de las asociaciones de la memoria histórica”.
Sobre las “antipatías y odios” que despierta Garzón en el medio judicial, dice que “son absolutamente ciertos”.
Ofrece un ejemplo: La animadversión del magistrado Luciano Varela se debe a que “era juez en Galicia en 1988, cuando Garzón inició el primer juicio contra los clanes de la droga gallegos, en la operación Nécora. Y seguramente Varela lo interpretó como si Garzón fuera a enmendarle la plana”.
Y otro: El magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Oliver, ponente del auto que admitió a trámite la querella de la Falange Española contra el juez, fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española y es miembro de la fundación del Valle de los Caídos, el mayor de los símbolos del franquismo.
Para concluir: El presidente del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, quien tampoco quiere a Garzón, tiene la facultad de elegir a los cinco magistrados que lo sancionarán en estos días.
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Mexicanos se gastan casi 4 millones de pesos en alcohol para sus represeantes
4 instancias del gobierno federal, incluyendo la presidencia, han gastado 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Felipe Calderón llegó al poder.
De acuerdo con un reportaje publicado en la revista Contralínea, el gobierno federal alega que “es necesario organizar eventos sociales”, pero realmente muchas veces a petición de un sólo funcionario y muchas veces nisiquiera se da una justificación para el gasto.
Contralínea muestra, por ejemplo, facturas de la Secretaría de Gobernación por la compra de diversas botellas de vino Casa Madero de cepa Cavernet Sauvignon “Requerido para el comedor del Sr. Secretario” a la tienda La Europea, gastando miles de pesos por estas compras.
También compraron dos botellas de rompope Santa Clara y una de ron Bacardí blanco.
Estas compras ocurrieron cuando Francisco Ramírez Acuña fue titular de la SeGob y continuaron con el mismo proveedor cuando el titular era Juan Camilo Mouriño.
Igual ha pasado con la secretaría de la función pública, a acargo de Salvador Vega Casillas, la cual ordenó la compra de 2 docenas de botellas de vino.
Otras dependendencias que compraron alcóhol con cargo al erario fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pemex, El Fondo de Cultura Económica, el Conacyt, y la propia presidencia de la república.
Otras bebidas embriagantes que se pagaron del erario fueron tequila, coñac, whisky y cerveza.
Contralínea señala la opinión de la especialista en estudios hacendarios, Violeta Rodríguez, quien señala que el problema del gasto en alcohol es que se divide entre muy pocos funcionarios, por lo cual el gasto por persona es muy alto.
La revista pública una lista de las instancias que han gastado más en alcohol, en la cual aparece en primer lugar Pemex, con un gasto de 934 mil 477 pesos.
En segundo lugar aparece la presidencia, con un gasto de 685 mil 837 pesos. Es decir, más de medio millón de pesos gastados en bebidas embriagantes por la presidencia.
De hecho, Contralínea publica una de las facturas de compra de bebidas alcohólicas por la presidencia por 14 mil 210 pesos con 83 centavos que incluye botellas de ron Bacardí, tequila Maestro Tequilero, vodka Absolut, y otros embriagantes.
Según la presidencia, las compras son por la partida 2201, de gastos alimenticios del ejército, fuerza aérea y armada, así como para los elementos que participen en programas de seguridad pública.
El resto de las dependencias tienen gastos en bebidas embriagantes que van de los 417 mil 488 pesos, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los 4 mil 826 pesos, en el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes.
La mayoría de estas instancias, sin embargo, rebasan los 200 mil pesos en el gasto de bebida.
En total, el gasto de la administración de Calderón en alcohol ha sido de 3 millones 867 mil 81 pesos. Todo con cargo al erario.
Fuente
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De acuerdo con un reportaje publicado en la revista Contralínea, el gobierno federal alega que “es necesario organizar eventos sociales”, pero realmente muchas veces a petición de un sólo funcionario y muchas veces nisiquiera se da una justificación para el gasto.
Contralínea muestra, por ejemplo, facturas de la Secretaría de Gobernación por la compra de diversas botellas de vino Casa Madero de cepa Cavernet Sauvignon “Requerido para el comedor del Sr. Secretario” a la tienda La Europea, gastando miles de pesos por estas compras.
También compraron dos botellas de rompope Santa Clara y una de ron Bacardí blanco.
Estas compras ocurrieron cuando Francisco Ramírez Acuña fue titular de la SeGob y continuaron con el mismo proveedor cuando el titular era Juan Camilo Mouriño.
Igual ha pasado con la secretaría de la función pública, a acargo de Salvador Vega Casillas, la cual ordenó la compra de 2 docenas de botellas de vino.
Otras dependendencias que compraron alcóhol con cargo al erario fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pemex, El Fondo de Cultura Económica, el Conacyt, y la propia presidencia de la república.
Otras bebidas embriagantes que se pagaron del erario fueron tequila, coñac, whisky y cerveza.
Contralínea señala la opinión de la especialista en estudios hacendarios, Violeta Rodríguez, quien señala que el problema del gasto en alcohol es que se divide entre muy pocos funcionarios, por lo cual el gasto por persona es muy alto.
La revista pública una lista de las instancias que han gastado más en alcohol, en la cual aparece en primer lugar Pemex, con un gasto de 934 mil 477 pesos.
En segundo lugar aparece la presidencia, con un gasto de 685 mil 837 pesos. Es decir, más de medio millón de pesos gastados en bebidas embriagantes por la presidencia.
De hecho, Contralínea publica una de las facturas de compra de bebidas alcohólicas por la presidencia por 14 mil 210 pesos con 83 centavos que incluye botellas de ron Bacardí, tequila Maestro Tequilero, vodka Absolut, y otros embriagantes.
Según la presidencia, las compras son por la partida 2201, de gastos alimenticios del ejército, fuerza aérea y armada, así como para los elementos que participen en programas de seguridad pública.
El resto de las dependencias tienen gastos en bebidas embriagantes que van de los 417 mil 488 pesos, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los 4 mil 826 pesos, en el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes.
La mayoría de estas instancias, sin embargo, rebasan los 200 mil pesos en el gasto de bebida.
En total, el gasto de la administración de Calderón en alcohol ha sido de 3 millones 867 mil 81 pesos. Todo con cargo al erario.
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domingo, 4 de abril de 2010
Simulaciones en educación
Axel Didriksson
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MÉXICO, D.F., 2 de abril.- Cuando las peores cosas pasan en el entorno cotidiano de las familias, siempre tienen la esperanza de que sus hijos encontrarán en la escuela –por encima de las iniquidades y diferencias étnicas, sociales, etcétera– a un buen maestro que les ayude a superar su situación.
En México, sin embargo, se ha organizado de tal manera la profesión del magisterio que ya no podemos contar con la certidumbre de una buena educación. Esto sucede porque, desde 2008, se acordó sustituir la puesta en marcha de una política de Estado para la profesionalización y el mejoramiento de la labor docente por un engendro que da poder y sostiene intereses particulares, denominado Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
Se trata, efectivamente, de una “alianza”, entre las cúpulas del SNTE y de la SEP, que dispone del control de las plazas del magisterio –que antes se otorgaban bajo la forma de un pase automático al culminar los estudios normalistas– con fines electorales y de negociación con los gobiernos federal y de los estados, en donde lo educativo o la labor del docente tienen muy poco que ver.
Hace unos días se dieron a conocer los resultados del segundo Concurso de Plazas Docentes para 2010 –el primero se produjo a nivel nacional en el curso escolar 2008-2009–, sólo de cuatro estados del país: Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Nuevo León. Este tipo de pruebas, con 110 reactivos, pretenden evaluar cuatro áreas: dominio de contenidos curriculares, competencias didácticas, habilidades intelectuales específicas y normatividad, y ética docente.
Por el método del concurso, por quienes lo organizaron y por quienes en él participaron, los resultados arrojaron una realidad desastrosa. En Aguascalientes, de los 354 aspirantes a una plaza de nivel federal en primaria, sólo 80 alcanzaron un puntaje de “aceptable”; en Baja California, hubo 39 de 345; en Hidalgo, 186 de 671, y en Nuevo León, 293 de 503.
Esto significa que la gran mayoría de los aspirantes a plazas docentes deberán someterse ahora a un “proceso de nivelación académica”, mientras los que alcanzaron un puntaje de “aceptables” serán “elegibles” sólo en función de la disponibilidad de las plazas en cada entidad federativa. No se informa, sin embargo, de dónde salió el padrón de concursantes, quiénes ni con qué criterios se definieron las preguntas del examen, ni de qué manera se evaluó porque, para variar, el grupo que comanda la ACE no rinde cuentas de lo que hace.
Se trata de una simulación que no tiene un impacto importante para el mejoramiento de la profesionalización del magisterio, y los organizadores violan sus propios mecanismos operacionales. Por ejemplo, se dijo que para la promoción e ingreso a todas las nuevas plazas y vacantes definitivas se organizarían concursos nacionales –y no “intermedios”–, convocados y dictaminados por un órgano independiente, pero no se ha publicitado ni transparentado la integración o funcionamiento del mismo; además, esta vez no se invitó como observadores a organizaciones de la sociedad civil, como se había previsto. (Ver, por ejemplo, el pronunciamiento del Observatorio Ciudadano de la Educación en el diario El Universal del 15 de marzo.)
En muchos países se ha desechado la realización de ese tipo de exámenes para dar paso a sistemas de evaluación más completos: con la observación directa de la práctica del maestro en el salón de clases, la referencia de sus pares, la demostración de sus habilidades de comunicación y escritura, su desempeño en el tiempo y sus capacidades de actualización. Los resultados de esa evaluación se relacionan con la puesta en marcha, de manera programada y articulada, de cambios curriculares, de mejoramiento de la infraestructura, de innovación con nuevas tecnologías educativas, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Aquí, las escuelas Normales están abandonadas desde hace años. La formación que reciben sus docentes no se corresponde con los actuales paradigmas del aprendizaje; las nuevas generaciones de profesores aprenden lo mismo que las anteriores, y, por si fuera poco, mientras se realizan las pruebas, la SEP está impulsando una reforma curricular en la educación básica (que ha sido profusamente criticada por expertos e investigadores) basada en el desarrollo de “competencias”, mientras los maestros siguen formándose en la práctica del enciclopedismo y de la repetición.
Así, todo va por distintos caminos, con lógicas divorciadas de una verdadera planeación académica de los procesos educativos y de enseñanza; con cambios en los planes de estudio sin que se discutan sus programas; con millones libros de texto que se distribuyen a pesar de las críticas sobre su contenido, y sin saber si cuadran o no con la nueva propuesta curricular; con plazas que se otorgan a una minoría a través de pruebas de contenidos genéricos, mientras que a la gran mayoría de docentes se les exige ahora dedicar horas y horas a preparar a sus alumnos para la próxima prueba ENLACE, Excale o PISA, para mantener esta simulación generalizada; al tiempo que se les convoca a incorporarse a la movilización política para apoyar a los candidatos de La Maestra, como ocurre ahora en Veracruz de forma muy evidente, pero que pasa en todos los estados con elecciones en puerta. ¿Así cómo…?
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