Cristina Pacheco
Llevo dos semanas de trabajar aquí. En esta calle los accidentes y los pleitos son cosas de todos los días, por eso hoy, cuando escuché gritos, no hice caso. De pronto se me llenó la farmacia de gente. Dos jóvenes sostenían a un hombre que se tambaleaba. "¿Está borracho?" "No. El Macaco, un franelero que se cree el dueño de esta cuadra, lo golpeó muy feo en el pecho. A lo mejor le afectó el corazón".
Aclaré que no soy doctora y sólo podía alojar al golpeado mientras llegaba una ambulancia. "Voy a ir por una patrulla para que se lleve a El Macaco. Desde que apareció aquí no permite que nadie trabaje en su cuadra y al que se atreve a hacerlo, lo deja como a este pobre", dijo Patricia, la mesera de Las Pequeñas Delicias.
El golpeado se opuso: "No llamen a nadie. Ya casi estoy bien. Lo único que tengo es mareo. Si descanso un rato se me pasará". Los muchachos lo depositaron en la única silla que tengo y le ofrecí un vaso de agua. Apenas pudo sostenerlo porque temblaba. Seguía asustado. Le pregunté su nombre y tardó en responder: "Eufrasio". "¿No quiere que mejor lo llevemos a su casa? ¿En dónde vive?"
Eufrasio levantó las cejas: "Por los Remedios". "¿Y qué anda haciendo por acá?" "Chambeando, ¿qué más? Por ciento, ¿no vieron mi franela? Voy a necesitarla para seguir jalando". Patricia se apoyó en su hombro: "Como no quiere que vayamos por una patrulla, mejor búsquese otra calle. Si se queda aquí volverá a tener problemas con El Macaco. Es un desalmado: por un peso es capaz de cualquier cosa. Imagínese qué no hará por diez. ¿Eso fue lo que le dio el señor que le dejó encargado su coche?" "Sí, pero El Macaco me los arrebató".
Poco a poco los curiosos se fueron. La última en salir fue Patricia. Sentí temor de quedarme sola con Eufrasio y de que pudiera sucederle algo: "¿Seguro que está bien?" "Mejor que antes". "¿Le duele menos el golpe?" Levantó la cabeza y me miró: "No, la conciencia. Y yo que ni me acordaba. Hace uno las cosas sin pensar que alguien va llevándonos la cuenta y un día nos la cobrará".
Creí que Eufrasio deliraba. Más me preocupó verlo cerrar los ojos. "¿Tiene sueño? Cuando uno recibe un golpe es mejor no dormir". Tardó en hablar: "Dentro de pocos años, ¿quién le presentará la cuenta al tipo ése? No estaré para verlo, pero estoy seguro de que dirá lo que acabo de decirle a usted: Y yo que ni me acordaba". No resistí la curiosidad: "¿De qué?"
II
"De cuando fui Hombre-Aguila. Era joven, estaba fuerte y podía cargar la máscara, el escudo, las alas. Todo prestado, hasta mi macana. Era de mi padrino Claudio: cada año la hacía de soldado romano en Iztapalapa. Abandonó las representaciones cuando ya no pudo echarse tres, cuatro kilómetros al rayo del sol. No es por presumirle pero llegué a caminar mucho más, aunque estuviera vendiendo en un mismo crucero.
"Cuando mi padre nos abandonó yo era todavía un chamaco. Desde entonces vendí de todo para sostener a mi madre. Luego lo hice para mantenerme. Andaba
por todas partes vendiendo limones, cerillos, ajos, zacates, monos de peluche, refrescos, dulces. Un despachador me aconsejó que tratara de quedarme en un solo lugar, porque de otra forma no haría clientela. Le hice caso, pero créame que no fue fácil hacerme de un sitio fijo.
"Cuando llegué al crucero de Sullivan encontré de todo: desde tragafuegos y muchachos que se revolcaban sin camisa sobre vidrios, hasta enfermos. A los que éramos vendedores de toda la vida nunca nos pareció justo que a una persona, nomás por estar gangrenada o tullida, le llovieran las limosnas. En cambio nosotros, para ganarnos un centavo, teníamos que correr de un lado a otro toreando coches, camiones y tráileres.
"Busqué la forma de emparejar las cosas. En cuanto terminaba mi venta me iba a San Hipólito para pedir a San Juditas que me sucediera un accidente chico porque, según yo, sería más fácil vender con una pata chueca o un brazo jodido. Nunca me sucedió nada porque mi madre siempre rezó por mí, hasta cuando le rogué que mejor ya no lo hiciera.
III
"Después del 85 la competencia se puso tan dura, que pensé en irme a otro crucero. Mi mamacita me hizo entender que si me iba de mi lugar otro llegaría a ocuparlo. Y sí, todo el tiempo aparecían pordioseros y vendedores nuevos. Un día llegó una muchacha con la cara pintada de negro y alas blancas. Llamó mucho la atención y todos los que pasaban por allí le ponían monedas en la mano, sin que ella se molestara en pedir.
"Ya sabe usted: lo que hace la mano hace la tras.
"Enseguida se disfrazaron todos los vendedores de Sullivan. El crucero se volvió un carnaval en donde había tragafuegos, diablos, charros, cantinflas, toreros, payasos, domadores y hasta novias con su vestido blanco y toda la cosa. En medio de tanto desfiguro, ni quién se interesara en comprarme mis trapos de cocina, que era lo que yo vendía entonces.
"Otra vez pensé en cambiarme de crucero. Mi madre me dijo que en Sullivan ya tenía mi lugarcito, lo único que necesitaba era competir poniéndome un disfraz más llamativo que el de los otros vendedores. Recordé que mi padrino, en sus tiempos de aspirante a luchador, se ponía un disfraz de Hombre-Aguila. Siempre me gustó, porque me recordaba el verso que me aprendí en cuarto de primaria, el último año que estuve en la escuela: '¡Oh Caballeros Aguilas! ¡Oh Caballeros Tigres! Os traigo mis canciones'.
"Mi padrino me facilitó el disfraz y me aconsejó cambiar de giro. Dejé los trapos de cocina y me puse a vender cuchillos. Lo más difícil fue acostumbrarme a la máscara, porque no me dejaba respirar. Me fregué ensayando todo un domingo completo, pero valió la pena: el lunes que me presenté en Sullivan, mis competidores se achicaron. Y más cuando desplegué las alas para exhibir las cajas de cuchillos.
"En esa temporada me fue muy bien con las ventas y hasta me hice popular: los gringos me tomaban fotos y los periodistas querían entrevistarme. Los otros vendedores, con todo y sus disfraces, se retiraron del punto y quedé como su único dueño hasta que se presentó un viejo para vender chicles. Lo había olvidado, pero ahora lo recuerdo como si lo tuviese frente a mí: era poco más o menos de la estatura que tengo ahora -uno al paso de los años se achaparra-, calvo, con una cicatriz en la frente, chimuelo. Iba vestido de harapos y se veía que le costaba mucho trabajo caminar.
IV
"Despertó la compasión de todo el mundo. La gente se indignaba de que un hombre tan viejo y enfermo tuviera que salir a vender para sostenerse. Enseguida le compraban sus chicles mientras a mí ni me veían. Sentí tanto coraje como si mi padre me abandonara de nuevo, y esperé al anochecer para vengarme. Cuando supuse que nadie nos veía, le di al viejo un golpe tremendo en el pecho y lo amenacé con darle otra vez si regresaba a mi territorio. Asustado, con muchos esfuerzos, el viejo se levantó, pero antes de alejarse hacia el Circuito se me quedó mirando sin decir nada. Hoy comprendí lo que intentó decirme con su silencio y le pagué la ofensa."
Lloroso, temblando, Eufrasio se levantó. Pensé que iba a caerse. "Quédese. Es peligroso que salga si aún está mareado". Ignoró mi advertencia y abandonó la farmacia. En la acera de enfrente El Macaco lo observaba todo en actitud de fiera que protege su territorio. Al pasar junto a él, Eufrasio se detuvo a mirarlo en silencio. Presiento que El Macaco no tardará muchos años en descifrar el mensaje.
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lunes, 31 de mayo de 2010
lunes, 17 de mayo de 2010
Gracias a los zapatistas
Hermann Bellinghausen
Los pueblos indígenas de México se hicieron visibles el Año Nuevo de 1994, y obligaron a escuchar al país entero gracias al legendario "ya basta" de los zapatistas cuando le dieron una vuelta de tuerca a la historia, se alzaron en armas y dijeron aquí estamos. Nunca antes los pueblos indígenas del país, sus demandas y manifestaciones civilizatorias tomaron el centro del debate nacional. La sociedad nacional supo que había mucho que aprender de los pueblos indios. Los de ascendencia maya y todos los demás.
Gracias a los zapatistas, en la izquierda desmoronada tras el colapso del muro de Berlín renació algo más que una esperanza. México y otros países dieron a luz una generación de activistas y pensadores sociales expuestos a nuevas ideas de liberación y democracia, y nuevas formas de expresar las viejas buenas ideas.
Los indígenas se volvieron extrovertidos, dejaron de pedir, determinados a exigir y resistir. El epicentro de su onda expansiva fue la recuperación de las tierras acaparadas por finqueros y ganaderos que despreciaban a los pueblos, y a sus peones, acasillados o no. Ya bullía un despertar histórico de los pueblos mayas en Chiapas cuando, gracias a los zapatistas, miles de familias indígenas ocuparon la tierra para ocuparse de ella. Se habla de 700 mil hectáreas. Buena parte benefició a los que no eran zapatistas; mas, gracias a su movimiento, los pueblos rebeldes, en particular en la selva Lacandona, al fin tuvieron donde crecerse y vivir bien, con dignidad. México descubrió que la dignidad es un atributo profundo de nuestros pueblos. Por una vez, el vergonzante racismo mexicano chocó de frente con el espejo.
Los zapatistas han dicho, desde el principio, las cosas por su nombre. "Nos enseñaron a hablar con la realidad", admitió alguna vez Carlos Monsiváis. Momentos culminantes, como la comandanta Esther hablando al Congreso y al país, imprimieron en la conciencia nacional la legitimidad indeleble de las exigencias indígenas y la transformación revolucionaria de sus mujeres.
Gracias a los zapatistas, el concepto latinoamericano de guerrilla –y su larga cauda de dolor– dio paso a algo nuevo, y a la vez tan viejo como la civilización: un ejército campesino. Éste, comprometido con la vida, sus pueblos y la liberación nacional desde una insospechada lucidez. Mientras, la sociedad civil se percataba de su propia existencia.
Han demostrado que las paradojas son una forma inquietante de decir la verdad: para todos todo, nada para nosotros/mandar obedeciendo/buen gobierno/un mundo donde quepan muchos mundos/un ejército destinado a dejar de ser ejército. La suya ha sido una sólida paz armada, también inédita y casi milagrosa, pues ocurre sitiada y combatida con "baja intensidad" por la masiva fuerza de ocupación militar del gobierno federal.
Gracias a los zapatistas, por ejemplo, ahora que el país arde en llamas, y sobre todo en miedo (esa "percepción"), Chiapas es una de las entidades más pacíficas. Dicho de otro modo, la desesperada "guerra" gubernamental contra el crimen organizado, beligerante y bien armado, no se libra en Chiapas, porque allí sí hay gobierno en las comunidades. Donde están los municipios autónomos y sus "áreas de influencia" hay muchas cosas, pero no crimen organizado.
Gracias a los zapatistas, en esos territorios sí hay leyes, y se cumplen, aunque los tres poderes de la Unión y los partidos políticos traicionen su palabra siempre que les es necesario. La construcción de la autonomía de los pueblos generó cambios significativos en educación, salud, participación política, organización colectiva. Esfuerzo que no sería posible sin la constancia de las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Gracias a los zapatistas, escritores, pensadores, dirigentes, artistas, fortalecieron la base intelectual de sus posiciones políticas y éticas en América y Europa. La crítica, y de ahí las resistencias contra la nueva etapa del capitalismo y el imperialismo, el neoliberalismo en la era de la globalización, encontró en los zapatistas el impulso definitivo, cuyo pensamiento para la acción se ha desarrollado y elaborado en los escritos del subcomandante Marcos y en las entrevistas más reflexivas de las decenas, quizá cientos, que después de 1994 le hicieron investigadores, periodistas y escritores del mundo.
Las grandes movilizaciones contra el comercio mundial hace una década supieron aprovechar no sólo el mensaje, también la experiencia, en lo que hoy se llaman redes sociales. Los actos y encuentros zapatistas inspiran actos, encuentros, organizaciones y luchas alrededor del mundo. Vamos, gracias a los zapatistas, bandas súper potentes del rock mundial encontraron nuevas cosas gruesas que cantar.
La palabra recuperó su condición de verdad, que la práctica política le había arrebatado en México. Y así como su voz es un arma, un escudo, una fuente, los zapatistas también han enseñado el significado del silencio.
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Los pueblos indígenas de México se hicieron visibles el Año Nuevo de 1994, y obligaron a escuchar al país entero gracias al legendario "ya basta" de los zapatistas cuando le dieron una vuelta de tuerca a la historia, se alzaron en armas y dijeron aquí estamos. Nunca antes los pueblos indígenas del país, sus demandas y manifestaciones civilizatorias tomaron el centro del debate nacional. La sociedad nacional supo que había mucho que aprender de los pueblos indios. Los de ascendencia maya y todos los demás.
Gracias a los zapatistas, en la izquierda desmoronada tras el colapso del muro de Berlín renació algo más que una esperanza. México y otros países dieron a luz una generación de activistas y pensadores sociales expuestos a nuevas ideas de liberación y democracia, y nuevas formas de expresar las viejas buenas ideas.
Los indígenas se volvieron extrovertidos, dejaron de pedir, determinados a exigir y resistir. El epicentro de su onda expansiva fue la recuperación de las tierras acaparadas por finqueros y ganaderos que despreciaban a los pueblos, y a sus peones, acasillados o no. Ya bullía un despertar histórico de los pueblos mayas en Chiapas cuando, gracias a los zapatistas, miles de familias indígenas ocuparon la tierra para ocuparse de ella. Se habla de 700 mil hectáreas. Buena parte benefició a los que no eran zapatistas; mas, gracias a su movimiento, los pueblos rebeldes, en particular en la selva Lacandona, al fin tuvieron donde crecerse y vivir bien, con dignidad. México descubrió que la dignidad es un atributo profundo de nuestros pueblos. Por una vez, el vergonzante racismo mexicano chocó de frente con el espejo.
Los zapatistas han dicho, desde el principio, las cosas por su nombre. "Nos enseñaron a hablar con la realidad", admitió alguna vez Carlos Monsiváis. Momentos culminantes, como la comandanta Esther hablando al Congreso y al país, imprimieron en la conciencia nacional la legitimidad indeleble de las exigencias indígenas y la transformación revolucionaria de sus mujeres.
Gracias a los zapatistas, el concepto latinoamericano de guerrilla –y su larga cauda de dolor– dio paso a algo nuevo, y a la vez tan viejo como la civilización: un ejército campesino. Éste, comprometido con la vida, sus pueblos y la liberación nacional desde una insospechada lucidez. Mientras, la sociedad civil se percataba de su propia existencia.
Han demostrado que las paradojas son una forma inquietante de decir la verdad: para todos todo, nada para nosotros/mandar obedeciendo/buen gobierno/un mundo donde quepan muchos mundos/un ejército destinado a dejar de ser ejército. La suya ha sido una sólida paz armada, también inédita y casi milagrosa, pues ocurre sitiada y combatida con "baja intensidad" por la masiva fuerza de ocupación militar del gobierno federal.
Gracias a los zapatistas, por ejemplo, ahora que el país arde en llamas, y sobre todo en miedo (esa "percepción"), Chiapas es una de las entidades más pacíficas. Dicho de otro modo, la desesperada "guerra" gubernamental contra el crimen organizado, beligerante y bien armado, no se libra en Chiapas, porque allí sí hay gobierno en las comunidades. Donde están los municipios autónomos y sus "áreas de influencia" hay muchas cosas, pero no crimen organizado.
Gracias a los zapatistas, en esos territorios sí hay leyes, y se cumplen, aunque los tres poderes de la Unión y los partidos políticos traicionen su palabra siempre que les es necesario. La construcción de la autonomía de los pueblos generó cambios significativos en educación, salud, participación política, organización colectiva. Esfuerzo que no sería posible sin la constancia de las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Gracias a los zapatistas, escritores, pensadores, dirigentes, artistas, fortalecieron la base intelectual de sus posiciones políticas y éticas en América y Europa. La crítica, y de ahí las resistencias contra la nueva etapa del capitalismo y el imperialismo, el neoliberalismo en la era de la globalización, encontró en los zapatistas el impulso definitivo, cuyo pensamiento para la acción se ha desarrollado y elaborado en los escritos del subcomandante Marcos y en las entrevistas más reflexivas de las decenas, quizá cientos, que después de 1994 le hicieron investigadores, periodistas y escritores del mundo.
Las grandes movilizaciones contra el comercio mundial hace una década supieron aprovechar no sólo el mensaje, también la experiencia, en lo que hoy se llaman redes sociales. Los actos y encuentros zapatistas inspiran actos, encuentros, organizaciones y luchas alrededor del mundo. Vamos, gracias a los zapatistas, bandas súper potentes del rock mundial encontraron nuevas cosas gruesas que cantar.
La palabra recuperó su condición de verdad, que la práctica política le había arrebatado en México. Y así como su voz es un arma, un escudo, una fuente, los zapatistas también han enseñado el significado del silencio.
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miércoles, 12 de mayo de 2010
¿Por qué se rebela la gente?
Enrique Semo
La revolución es un concepto construido por la ciencia social y la experiencia popular. Se trata de un conjunto de sucesos que unidos tienen un significado que los trasciende. Si hablamos de la Revolución Mexicana no sólo nos referimos al Plan de San Luis Potosí, fechado el 5 de octubre 1910, en donde Madero fijó el domingo 20 de noviembre a las seis de la tarde como día y hora en que todas las poblaciones debían levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Tampoco es el congreso Constituyente que se reunió el 21 de noviembre de 1916 en Querétaro para redactar una nueva Constitución. La revolución incluye todos los sucesos que llevaron del primer paso en 1910 al segundo en 1916. Analizados por sí mismos, sin construir la relación que existe entre ellos, no tienen el significado de una revolución, que es una transformación profunda de la realidad política y social en la cual interviene como actor importante el pueblo, o una gran parte del pueblo.
Las celebraciones de los dos centenarios han evitado el tema de la revolución: Primero, porque han sido un repaso de toda la historia del país desde la antigüedad indígena hasta la actualidad. Segundo, porque han deconstruido las dos revoluciones de Independencia y Mexicana en una serie de episodios inconexos, de efemérides sueltas, de anécdotas truculentas, que así presentadas pierden su sentido como episodios de un todo: La revolución. Muchas crónicas y fábulas, pocas reflexiones sobre las revoluciones como objetos validos de pensamiento.
Proponemos una visión alternativa basada en tres premisas: las dos revoluciones mexicanas son parte de un proceso mayor que puede llamarse La gesta de México, del antiguo régimen a la modernidad (1810-1940). Que este proceso –como diría Braudel– es un fenómeno de largo plazo que determina los cambios, equilibrios y conflictos dentro de la sociedad. Las revoluciones mexicanas no se pueden comprender exclusivamente por conflictos internos. Deben tomarse en cuenta desarrollos internacionales tormentosos que forman una red a veces poco visible desde nuestro país, pero no por ello menos influyentes. Y por fin que en México las dos revoluciones coinciden por una secuencia muy particular. Son precedidas por un periodo de desarrollo económico y social acelerado; una política de modernización desde arriba manejada por un grupo reducido en el poder, sin participación del pueblo y que termina en una crisis multifacética que al final, desemboca en la revolución.
Desde finales del siglo XVIII la sociedad en Europa occidental entró tempestuosamente en la modernidad. El capitalismo no puede existir sin revolucionar constantemente tecnología, sistemas de trabajo, estructuras políticas, ideología y cultura. El primer impulso a la modernidad en México llegó con los efectos de la Revolución Industrial (1770-1840), la revolución de independencia de las colonias anglosajonas (1776-1783), la Revolución Francesa (1789-1799) y más tarde la crisis del imperio español y los movimientos de independencia de Latinoamérica (1808-1821). La influencia de esos sucesos se filtró por mil caminos diferentes a finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Holanda, Inglaterra y Francia introdujeron a marchas forzadas profundas reformas en sus sistemas coloniales para adaptarlos a las nuevas condiciones. España que se estaba quedando atrás, intentó hacer lo mismo iniciando una serie de medidas que se conocen con el nombre de reformas borbónicas. La nueva política colonial se cruzó con un auge de la economía de la Nueva España. La conjugación de las dos significó un crecimiento sustancial de la economía, pero tuvo una serie de efectos negativos sobre las mayorías. La población se duplicó, la producción de plata aumentó con- siderablemente. Para responder a estos desarrollos también la producción agrícola se incrementó. Crecieron las ciudades y el volumen del comercio exterior. Por otro lado, el aumento de la población indígena produjo un hambre de tierras en las comunidades y el incremento de los precios de productos agrícolas, estimuló la agresividad de las haciendas.
Se registró una caída de salarios reales y los obrajes de textiles quebraron por la competencia de productos extranjeros. Aumentaron los tributos y los impuestos a los comuneros. El crecimiento de las exacciones fiscales, junto a los impuestos sobre la plata llevó a una descapitalización brutal. Al final de la Colonia, según comenta Humboldt, la sociedad novohispana era la más desigual de América Latina. Las vicisitudes de la corona española y la invasión napoleónica, desencadenaron la crisis multidimensional que desembocó en la revolución de Independencia. La responsabilidad de ella recae en la falta de disposición a un acuerdo negociado por parte de la metrópoli, que no quiso modificar el régimen colonial y la voracidad, y ceguera de la oligarquía peninsular-criolla lanzó a las masas campesinas y las clases emergentes a la rebelión armada. Detrás de cada revolución hay una ciega intransigencia de las clases dominantes.
El periodo de modernización en el porfiriato en los años 1880-1910 obedeció también a impulsos externos: la segunda revolución industrial que parecía prometer un progreso sin fin. La maquinaria moderna impulsada por el vapor invadió todas las ramas de la producción. Aparecieron nuevas fuentes de energía: la electricidad y el motor de gasolina. Hacia 1890 el número de luces eléctricas y la producción de petróleo se disparó. Se multiplicaron los descubrimientos, el teléfono y el telégrafo se vieron acompañados del cinematógrafo, los automóviles y los radios. Las grandes potencias multiplicaron sus inversiones en los países menos desarrollados, se lanzaron a construir imperios y zonas de influencia. El auge desembocó en una gran crisis económica, una mortífera guerra mundial y una cadena de revoluciones sociales que dio la vuelta al mundo: México, Persia, China, Rusia, Hungría y Turquía.
En México, aparentemente la oligarquía de terratenientes y empresarios tenían en sus manos las posiciones de mando. Pero Díaz muy pronto se alió con los capitalistas estadunidenses y europeos, y abrió la puerta de par en par a sus capitales. Se construyó una red ferroviaria que integró el mercado interno y estrechó los lazos con el mundo de afuera, renació la minería de la plata y la producción de cobre, y hacia el final, de petróleo, se transformó en importante renglón de exportación. Se inició la producción para el mercado interno de textiles, papel, hierro y acero, entre otros productos. En el sur se comenzaron a exportar grandes cantidades de henequén y café. En términos puramente económicos se produjeron cambios valiosos. Pero el pequeño grupo de científicos que gobernaban junto a Díaz no tomaron en cuenta los efectos que estos cambios tuvieron sobre la mayoría del pueblo. Apareció una incipiente clase obrera, pero la prohibición general de asociación produjo las primeras grandes huelgas duramente reprimidas. Surgió una intelectualidad crítica o incluso disidente. Se multiplicaron las expresiones de nacionalismo en la clase media como resistencia al excesivo dominio del capital extranjero. En el campo, la creciente concentración de la propiedad de la tierra llevó a los pueblos libres al borde de la desesperación. Un periodo que aparentemente fue tan exitoso acabó en la crisis económica y una explosión revolucionaria.
Dos formas de cambio: la modernización dependiente desde arriba y la revolución. No hay duda que la segunda se origina en el fracaso y el elitismo de la primera. La modernización desde arriba fracasó porque las elites se olvidaron que el pueblo debe participar de los beneficios del desarrollo. La revolución dio una nueva orientación al desarrollo del país. La revolución de Independencia abrió el paso a los ideales liberales que acabaron por imponerse. La Revolución de 1910 abrió la posibilidad de un Estado nacionalista, una reforma agraria y la incorporación de demandas populares en las políticas de los gobiernos. Ignorar la secuencia es absurdo. El problema es cómo acabar con el círculo vicioso : modernización desde arriba-revolución social.
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La revolución es un concepto construido por la ciencia social y la experiencia popular. Se trata de un conjunto de sucesos que unidos tienen un significado que los trasciende. Si hablamos de la Revolución Mexicana no sólo nos referimos al Plan de San Luis Potosí, fechado el 5 de octubre 1910, en donde Madero fijó el domingo 20 de noviembre a las seis de la tarde como día y hora en que todas las poblaciones debían levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Tampoco es el congreso Constituyente que se reunió el 21 de noviembre de 1916 en Querétaro para redactar una nueva Constitución. La revolución incluye todos los sucesos que llevaron del primer paso en 1910 al segundo en 1916. Analizados por sí mismos, sin construir la relación que existe entre ellos, no tienen el significado de una revolución, que es una transformación profunda de la realidad política y social en la cual interviene como actor importante el pueblo, o una gran parte del pueblo.
Las celebraciones de los dos centenarios han evitado el tema de la revolución: Primero, porque han sido un repaso de toda la historia del país desde la antigüedad indígena hasta la actualidad. Segundo, porque han deconstruido las dos revoluciones de Independencia y Mexicana en una serie de episodios inconexos, de efemérides sueltas, de anécdotas truculentas, que así presentadas pierden su sentido como episodios de un todo: La revolución. Muchas crónicas y fábulas, pocas reflexiones sobre las revoluciones como objetos validos de pensamiento.
Proponemos una visión alternativa basada en tres premisas: las dos revoluciones mexicanas son parte de un proceso mayor que puede llamarse La gesta de México, del antiguo régimen a la modernidad (1810-1940). Que este proceso –como diría Braudel– es un fenómeno de largo plazo que determina los cambios, equilibrios y conflictos dentro de la sociedad. Las revoluciones mexicanas no se pueden comprender exclusivamente por conflictos internos. Deben tomarse en cuenta desarrollos internacionales tormentosos que forman una red a veces poco visible desde nuestro país, pero no por ello menos influyentes. Y por fin que en México las dos revoluciones coinciden por una secuencia muy particular. Son precedidas por un periodo de desarrollo económico y social acelerado; una política de modernización desde arriba manejada por un grupo reducido en el poder, sin participación del pueblo y que termina en una crisis multifacética que al final, desemboca en la revolución.
Desde finales del siglo XVIII la sociedad en Europa occidental entró tempestuosamente en la modernidad. El capitalismo no puede existir sin revolucionar constantemente tecnología, sistemas de trabajo, estructuras políticas, ideología y cultura. El primer impulso a la modernidad en México llegó con los efectos de la Revolución Industrial (1770-1840), la revolución de independencia de las colonias anglosajonas (1776-1783), la Revolución Francesa (1789-1799) y más tarde la crisis del imperio español y los movimientos de independencia de Latinoamérica (1808-1821). La influencia de esos sucesos se filtró por mil caminos diferentes a finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Holanda, Inglaterra y Francia introdujeron a marchas forzadas profundas reformas en sus sistemas coloniales para adaptarlos a las nuevas condiciones. España que se estaba quedando atrás, intentó hacer lo mismo iniciando una serie de medidas que se conocen con el nombre de reformas borbónicas. La nueva política colonial se cruzó con un auge de la economía de la Nueva España. La conjugación de las dos significó un crecimiento sustancial de la economía, pero tuvo una serie de efectos negativos sobre las mayorías. La población se duplicó, la producción de plata aumentó con- siderablemente. Para responder a estos desarrollos también la producción agrícola se incrementó. Crecieron las ciudades y el volumen del comercio exterior. Por otro lado, el aumento de la población indígena produjo un hambre de tierras en las comunidades y el incremento de los precios de productos agrícolas, estimuló la agresividad de las haciendas.
Se registró una caída de salarios reales y los obrajes de textiles quebraron por la competencia de productos extranjeros. Aumentaron los tributos y los impuestos a los comuneros. El crecimiento de las exacciones fiscales, junto a los impuestos sobre la plata llevó a una descapitalización brutal. Al final de la Colonia, según comenta Humboldt, la sociedad novohispana era la más desigual de América Latina. Las vicisitudes de la corona española y la invasión napoleónica, desencadenaron la crisis multidimensional que desembocó en la revolución de Independencia. La responsabilidad de ella recae en la falta de disposición a un acuerdo negociado por parte de la metrópoli, que no quiso modificar el régimen colonial y la voracidad, y ceguera de la oligarquía peninsular-criolla lanzó a las masas campesinas y las clases emergentes a la rebelión armada. Detrás de cada revolución hay una ciega intransigencia de las clases dominantes.
El periodo de modernización en el porfiriato en los años 1880-1910 obedeció también a impulsos externos: la segunda revolución industrial que parecía prometer un progreso sin fin. La maquinaria moderna impulsada por el vapor invadió todas las ramas de la producción. Aparecieron nuevas fuentes de energía: la electricidad y el motor de gasolina. Hacia 1890 el número de luces eléctricas y la producción de petróleo se disparó. Se multiplicaron los descubrimientos, el teléfono y el telégrafo se vieron acompañados del cinematógrafo, los automóviles y los radios. Las grandes potencias multiplicaron sus inversiones en los países menos desarrollados, se lanzaron a construir imperios y zonas de influencia. El auge desembocó en una gran crisis económica, una mortífera guerra mundial y una cadena de revoluciones sociales que dio la vuelta al mundo: México, Persia, China, Rusia, Hungría y Turquía.
En México, aparentemente la oligarquía de terratenientes y empresarios tenían en sus manos las posiciones de mando. Pero Díaz muy pronto se alió con los capitalistas estadunidenses y europeos, y abrió la puerta de par en par a sus capitales. Se construyó una red ferroviaria que integró el mercado interno y estrechó los lazos con el mundo de afuera, renació la minería de la plata y la producción de cobre, y hacia el final, de petróleo, se transformó en importante renglón de exportación. Se inició la producción para el mercado interno de textiles, papel, hierro y acero, entre otros productos. En el sur se comenzaron a exportar grandes cantidades de henequén y café. En términos puramente económicos se produjeron cambios valiosos. Pero el pequeño grupo de científicos que gobernaban junto a Díaz no tomaron en cuenta los efectos que estos cambios tuvieron sobre la mayoría del pueblo. Apareció una incipiente clase obrera, pero la prohibición general de asociación produjo las primeras grandes huelgas duramente reprimidas. Surgió una intelectualidad crítica o incluso disidente. Se multiplicaron las expresiones de nacionalismo en la clase media como resistencia al excesivo dominio del capital extranjero. En el campo, la creciente concentración de la propiedad de la tierra llevó a los pueblos libres al borde de la desesperación. Un periodo que aparentemente fue tan exitoso acabó en la crisis económica y una explosión revolucionaria.
Dos formas de cambio: la modernización dependiente desde arriba y la revolución. No hay duda que la segunda se origina en el fracaso y el elitismo de la primera. La modernización desde arriba fracasó porque las elites se olvidaron que el pueblo debe participar de los beneficios del desarrollo. La revolución dio una nueva orientación al desarrollo del país. La revolución de Independencia abrió el paso a los ideales liberales que acabaron por imponerse. La Revolución de 1910 abrió la posibilidad de un Estado nacionalista, una reforma agraria y la incorporación de demandas populares en las políticas de los gobiernos. Ignorar la secuencia es absurdo. El problema es cómo acabar con el círculo vicioso : modernización desde arriba-revolución social.
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El desarrollo científico nacional se está prostituyendo: Genaro Aguilar
José Antonio Román
"El desarrollo científico nacional se está prostituyendo", aseguró Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El "objetivo obsesivo" de incrementar los números de los logros de la ciencia y la tecnología en México sin aumentar al mismo tiempo los recursos invertidos en esos rubros se ha traducido en lamentables vicios dentro de la comunidad científica nacional. Esas prácticas, cada vez más recurrentes en la comunidad científica y en las autoridades evaluadoras, se conjugan con el "tráfico de influencias", por el que un investigador puede pasar a ser nivel 3 sin haber estado antes en el 2.
"Hoy día no es poco común encontrar a un grupo de cuatro colegas que se reúnen, toman un café, acuerdan que cada uno de ellos elabore un artículo por separado, pero que todos aparezcan como autores. Un año después cada uno resulta ser autor de cuatro artículos publicados en una revista científica, porque los cuatro sólo anotaron a sus colegas, aun sin que el resto haya desarrollado un ápice de dichas investigaciones. Esto se llama, lo aceptemos o no, simulación", dijo el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Participante en el recién realizado Congreso de miembros del SNI, el investigador del IPN asumió una actitud crítica hacia el sistema de evaluación y contra los vicios incubados en los años recientes.
Citó que otra de las prácticas es la urgente necesidad de que se titulen alumnos de posgrado, sin importar si están bien preparados o no, con tal de ganar o mantener las recompensas y promociones que se otorgan en el sistema.
"Cada vez es más común que los directores de tesis escriban las disertaciones de sus alumnos con tal de que se gradúen. La evaluación ha sido permeada por criterios que dicta la autoridad, no por los emanados estrictamente de la comunidad científica. Pero lo grave es que algunas prácticas que distorsionan la actividad de investigación ya han sido aceptadas como algo más o menos natural", señaló.
Tanto en su ponencia como en entrevista, el investigador del IPN da una larga lista de distorsiones provocadas por un proceso evaluatorio que premia la cantidad y no necesariamente la calidad. Al respecto, cita la práctica, recurrente ya en muchas universidades e instituciones de educación superior, de que algunos profesores "acaparan" a los alumnos de maestría y posgrado para graduarlos.
Hay un caso, comentó, en el que hasta 90 por ciento de los alumnos titulados de un posgrado en los pasados cinco años han sido asesorados por el mismo director de tesis. Esta práctica tiene origen en el sistema de evaluación del SIN, que premia la alta generación, dicen, de recursos humanos especializados.
Pero además, aseveró, existe "tráfico de influencias", del que incluso citó dos casos, sin mencionar los nombres de los implicados. El primero es un investigador que entró al sistema y permaneció en nivel 1 por lo menos 15 años sin poseer el grado de doctor en ciencias. Cuando se volvó diputado federal pasó, mágicamente, a nivel 3 dentro del SNI, incluso sin pasar por el nivel 2.
El segundo, añadió, es un investigador que, al ser designado director de un Centro de Estudios en la Cámara de Diputados, se convirtió en miembro del SNI; así, sin pasar por el nivel de candidato. "Eso es tráfico de influencias, lo quieran o no aceptar las autoridades", concluyó el investigador del IPN.
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"El desarrollo científico nacional se está prostituyendo", aseguró Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El "objetivo obsesivo" de incrementar los números de los logros de la ciencia y la tecnología en México sin aumentar al mismo tiempo los recursos invertidos en esos rubros se ha traducido en lamentables vicios dentro de la comunidad científica nacional. Esas prácticas, cada vez más recurrentes en la comunidad científica y en las autoridades evaluadoras, se conjugan con el "tráfico de influencias", por el que un investigador puede pasar a ser nivel 3 sin haber estado antes en el 2.
"Hoy día no es poco común encontrar a un grupo de cuatro colegas que se reúnen, toman un café, acuerdan que cada uno de ellos elabore un artículo por separado, pero que todos aparezcan como autores. Un año después cada uno resulta ser autor de cuatro artículos publicados en una revista científica, porque los cuatro sólo anotaron a sus colegas, aun sin que el resto haya desarrollado un ápice de dichas investigaciones. Esto se llama, lo aceptemos o no, simulación", dijo el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Participante en el recién realizado Congreso de miembros del SNI, el investigador del IPN asumió una actitud crítica hacia el sistema de evaluación y contra los vicios incubados en los años recientes.
Citó que otra de las prácticas es la urgente necesidad de que se titulen alumnos de posgrado, sin importar si están bien preparados o no, con tal de ganar o mantener las recompensas y promociones que se otorgan en el sistema.
"Cada vez es más común que los directores de tesis escriban las disertaciones de sus alumnos con tal de que se gradúen. La evaluación ha sido permeada por criterios que dicta la autoridad, no por los emanados estrictamente de la comunidad científica. Pero lo grave es que algunas prácticas que distorsionan la actividad de investigación ya han sido aceptadas como algo más o menos natural", señaló.
Tanto en su ponencia como en entrevista, el investigador del IPN da una larga lista de distorsiones provocadas por un proceso evaluatorio que premia la cantidad y no necesariamente la calidad. Al respecto, cita la práctica, recurrente ya en muchas universidades e instituciones de educación superior, de que algunos profesores "acaparan" a los alumnos de maestría y posgrado para graduarlos.
Hay un caso, comentó, en el que hasta 90 por ciento de los alumnos titulados de un posgrado en los pasados cinco años han sido asesorados por el mismo director de tesis. Esta práctica tiene origen en el sistema de evaluación del SIN, que premia la alta generación, dicen, de recursos humanos especializados.
Pero además, aseveró, existe "tráfico de influencias", del que incluso citó dos casos, sin mencionar los nombres de los implicados. El primero es un investigador que entró al sistema y permaneció en nivel 1 por lo menos 15 años sin poseer el grado de doctor en ciencias. Cuando se volvó diputado federal pasó, mágicamente, a nivel 3 dentro del SNI, incluso sin pasar por el nivel 2.
El segundo, añadió, es un investigador que, al ser designado director de un Centro de Estudios en la Cámara de Diputados, se convirtió en miembro del SNI; así, sin pasar por el nivel de candidato. "Eso es tráfico de influencias, lo quieran o no aceptar las autoridades", concluyó el investigador del IPN.
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martes, 11 de mayo de 2010
Seis indígenas condenadas a 15 y 18 años de cárcel por aborto involuntario en Veracruz
Regina Martínez
JALAPA, Ver., 10 de mayo (apro).- Al menos seis mujeres de las regiones indígenas de Papantla y Zongolica purgan condenas de 15 a 18 años de prisión en las cárceles de esta entidad por haber abortado involuntariamente.
Aún cuando no fue su culpa, las autoridades estatales consideran a dichas mujeres como criminales porque están fueron acusadas de homicidio calificado, denunció hoy el Colectivo Feminista de Xalapa.
Montserrat Díaz, integrante de dicha organización, explicó que la mayoría de esas m ujeres sufrieron abortos de manera natural, es decir, una interrupción del embarazo que no fue voluntaria, pero “fueron acusadas erróneamente aplicando una justicia negativa en su contra”.
De manera coordinada con el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) y la Dirección de Prevención y Readaptación Social, los colectivos feministas analizan jurídicamente los casos de estas mujeres, “quienes han sido acusadas como criminales desde visiones misóginas”.
De estos seis casos, mencionó, hay dos en los que las mujeres sufrieron un aborto espontáneo por cuestiones de salud a los seis o siete meses de embarazo y por ello, las autoridades ministeriales, las han acusado de haber incurrido en el delito de homicidio calificado y les aplicaron altas condenas en la cárcel.
En noviembre pasado, cuando la iniciativa para elevar a rango constitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural generó un ríspido debate y posiciones encontradas entre agrupaciones civiles, feministas y grupos ligados a la Iglesia católica, el gobernador Fidel Herrera Beltrán se comprometió a promover la liberación de estas mujeres.
A la fecha, siguen en prisión, aunque la activista explicó que están en proceso de análisis, ya que se habló de decretar un indulto o una amnistía. “El indulto sólo elimina las sanciones y la amnistía procede a eliminar las acciones jurídicas que ya están encaminadas y lo que se está buscando es su liberación completa”, dijo.
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JALAPA, Ver., 10 de mayo (apro).- Al menos seis mujeres de las regiones indígenas de Papantla y Zongolica purgan condenas de 15 a 18 años de prisión en las cárceles de esta entidad por haber abortado involuntariamente.
Aún cuando no fue su culpa, las autoridades estatales consideran a dichas mujeres como criminales porque están fueron acusadas de homicidio calificado, denunció hoy el Colectivo Feminista de Xalapa.
Montserrat Díaz, integrante de dicha organización, explicó que la mayoría de esas m ujeres sufrieron abortos de manera natural, es decir, una interrupción del embarazo que no fue voluntaria, pero “fueron acusadas erróneamente aplicando una justicia negativa en su contra”.
De manera coordinada con el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) y la Dirección de Prevención y Readaptación Social, los colectivos feministas analizan jurídicamente los casos de estas mujeres, “quienes han sido acusadas como criminales desde visiones misóginas”.
De estos seis casos, mencionó, hay dos en los que las mujeres sufrieron un aborto espontáneo por cuestiones de salud a los seis o siete meses de embarazo y por ello, las autoridades ministeriales, las han acusado de haber incurrido en el delito de homicidio calificado y les aplicaron altas condenas en la cárcel.
En noviembre pasado, cuando la iniciativa para elevar a rango constitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural generó un ríspido debate y posiciones encontradas entre agrupaciones civiles, feministas y grupos ligados a la Iglesia católica, el gobernador Fidel Herrera Beltrán se comprometió a promover la liberación de estas mujeres.
A la fecha, siguen en prisión, aunque la activista explicó que están en proceso de análisis, ya que se habló de decretar un indulto o una amnistía. “El indulto sólo elimina las sanciones y la amnistía procede a eliminar las acciones jurídicas que ya están encaminadas y lo que se está buscando es su liberación completa”, dijo.
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Lo que oculta el 10 de mayo
Marta Lamas
MÉXICO, D.F., 10 de mayo.- Hoy que cientos de oficinas públicas y privadas festejan el Día de la Madre, vale la pena recordar cómo surgió la celebración del 10 de mayo, y así tener una pista sobre qué significa hoy su desmedido festejo. En 1982 la SEP publicó, en su colección Memoria y Olvido, la investigación de Marta Acevedo que muestra que en nuestro país la instauración del Día de la Madre estuvo vinculada a una intervención conservadora.
El proceso social yucateco, generado por la Revolución Mexicana, alienta un movimiento feminista que realiza su primer congreso en Yucatán en 1916. Entre otras cosas, se discute la maternidad, planteándose la necesidad de libre elección y aconsejando a las mujeres cómo evitar embarazos no deseados mediante el método anticonceptivo de Margaret Sanger. A principios de 1922, cuando comienza a gobernar Felipe Carrillo Puerto, se realizan varios actos públicos de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste. Grupos de feministas hablan por todo el estado sobre la emancipación de la mujer y sus derechos. Las conferencias son traducidas al maya y se establecen comités feministas en varios lugares. No tardan las críticas al pueblo yucateco, en especial a sus mujeres: Entre marzo y abril de 1922 varios periódicos locales emprenden una campaña contra las feministas y sus propuestas “inmorales” para regular la procreación.
En este contexto, Excélsior retoma la celebración estadunidense del Día de la Madre y convoca a un festejo similar, con el apoyo decidido de Vasconcelos –entonces secretario de Educación Pública–, el arzobispo primado de México, la Cruz Roja y las Cámaras de Comercio. Las propuestas feministas de que la maternidad sea elegida quedan enterradas bajo la avalancha propagandística. De 1922 a 1968, todos los 10 de mayo Excélsior organiza festivales donde premia a las madres más prolíficas, a las más heroicas, a las más sacrificadas. También surge de Excélsior la iniciativa, en 1927, de construir un Monumento a la Madre, que el presidente Miguel Alemán inaugura en 1949 y que hoy es sitio de arranque de las manifestaciones feministas.
¿Qué encubre hoy el torrente discursivo y comercial del 10 de mayo? Por lo pronto, promueve la idea tradicional de la maternidad como un amor incondicional, que implica gran abnegación. Este mito recoge cuestiones reales –las madres sí suelen ser amorosas, generosas y abnegadas–, pero también encubre aspectos negativos o contradictorios del ejercicio maternal. Atrás de la imagen de la “madrecita santa” encontramos a madres agotadas, hartas, golpeadoras, ambivalentes, culposas, inseguras y deprimidas. El mito encubre los descuidos, aberraciones y crueldades que muchas madres –sin duda víctimas a su vez– ejercen contra sus hijos. Pero, sobre todo, la hipervaloración social de las mujeres como madres y el nivel de gratificación narcisista que alienta dificultan que ellas mismas vean ese “trabajo de amor” como una labor que requiere ser compartida y contar con apoyos sociales.
La capacidad femenina de gestar y parir es considerada socialmente como la “esencia” de las mujeres. Por lo tanto, las labores de cuidado de los seres humanos se ven como una cuestión que les corresponde “naturalmente” a ellas. La maternidad es un trabajo entretejido con la afectividad que recibe la mujer a cambio de dosis más o menos elevadas de gratificación psíquica y de poder en el campo interpersonal de la familia y la pareja. Sin embargo, su desempeño es desgastante y puede llegar a ser enajenante. La familia es el lugar del trabajo no reconocido de las mujeres, en su mayoría madres. La responsabilidad de las mujeres por este espacio privado limita su participación pública, sea laboral o política. Aunque se declara que la familia tiene superioridad moral sobre cualquier otro ámbito público, es evidente que no se prioriza políticamente a las familias con medidas que verdaderamente concilien el ámbito laboral con el doméstico: los horarios escolares no son compatibles con los laborales, escasean las guarderías, no hay servicios de cuidado para ancianos, ni lavanderías y comedores colectivos.
Cuando se habla de la maternidad sólo en términos de “destino sublime” se olvidan las horas/trabajo que implica; cuando se elogia la abnegación, se dejan de lado las privaciones que suelen acompañar el trabajo de crianza. Por otra parte, las embarazadas no consiguen empleo, las parturientas son maltratadas en los hospitales y las madres no cuentan con opciones de cuidado para sus hijos y familiares dependientes (discapacitados, enfermos o ancianos), lo que las limita laboral y cívicamente, además de cargarlas con el desgaste físico y emocional que supone atender solas a esos dependientes. Este trabajo de cuidado de los demás subordina socialmente a las mujeres y tiene consecuencias restrictivas en el ejercicio de su ciudadanía y su participación política.
El despliegue retórico del 10 de mayo echa una cortina de humo sobre la poca importancia real que se otorga a este laborioso, complejo y determinante trabajo. Y mientras la mayoría de las mujeres se conforma con la rosa roja o el regalito, las feministas seguimos insistiendo en leyes y medidas que descarguen a las mujeres de la atención de sus dependientes.
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MÉXICO, D.F., 10 de mayo.- Hoy que cientos de oficinas públicas y privadas festejan el Día de la Madre, vale la pena recordar cómo surgió la celebración del 10 de mayo, y así tener una pista sobre qué significa hoy su desmedido festejo. En 1982 la SEP publicó, en su colección Memoria y Olvido, la investigación de Marta Acevedo que muestra que en nuestro país la instauración del Día de la Madre estuvo vinculada a una intervención conservadora.
El proceso social yucateco, generado por la Revolución Mexicana, alienta un movimiento feminista que realiza su primer congreso en Yucatán en 1916. Entre otras cosas, se discute la maternidad, planteándose la necesidad de libre elección y aconsejando a las mujeres cómo evitar embarazos no deseados mediante el método anticonceptivo de Margaret Sanger. A principios de 1922, cuando comienza a gobernar Felipe Carrillo Puerto, se realizan varios actos públicos de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste. Grupos de feministas hablan por todo el estado sobre la emancipación de la mujer y sus derechos. Las conferencias son traducidas al maya y se establecen comités feministas en varios lugares. No tardan las críticas al pueblo yucateco, en especial a sus mujeres: Entre marzo y abril de 1922 varios periódicos locales emprenden una campaña contra las feministas y sus propuestas “inmorales” para regular la procreación.
En este contexto, Excélsior retoma la celebración estadunidense del Día de la Madre y convoca a un festejo similar, con el apoyo decidido de Vasconcelos –entonces secretario de Educación Pública–, el arzobispo primado de México, la Cruz Roja y las Cámaras de Comercio. Las propuestas feministas de que la maternidad sea elegida quedan enterradas bajo la avalancha propagandística. De 1922 a 1968, todos los 10 de mayo Excélsior organiza festivales donde premia a las madres más prolíficas, a las más heroicas, a las más sacrificadas. También surge de Excélsior la iniciativa, en 1927, de construir un Monumento a la Madre, que el presidente Miguel Alemán inaugura en 1949 y que hoy es sitio de arranque de las manifestaciones feministas.
¿Qué encubre hoy el torrente discursivo y comercial del 10 de mayo? Por lo pronto, promueve la idea tradicional de la maternidad como un amor incondicional, que implica gran abnegación. Este mito recoge cuestiones reales –las madres sí suelen ser amorosas, generosas y abnegadas–, pero también encubre aspectos negativos o contradictorios del ejercicio maternal. Atrás de la imagen de la “madrecita santa” encontramos a madres agotadas, hartas, golpeadoras, ambivalentes, culposas, inseguras y deprimidas. El mito encubre los descuidos, aberraciones y crueldades que muchas madres –sin duda víctimas a su vez– ejercen contra sus hijos. Pero, sobre todo, la hipervaloración social de las mujeres como madres y el nivel de gratificación narcisista que alienta dificultan que ellas mismas vean ese “trabajo de amor” como una labor que requiere ser compartida y contar con apoyos sociales.
La capacidad femenina de gestar y parir es considerada socialmente como la “esencia” de las mujeres. Por lo tanto, las labores de cuidado de los seres humanos se ven como una cuestión que les corresponde “naturalmente” a ellas. La maternidad es un trabajo entretejido con la afectividad que recibe la mujer a cambio de dosis más o menos elevadas de gratificación psíquica y de poder en el campo interpersonal de la familia y la pareja. Sin embargo, su desempeño es desgastante y puede llegar a ser enajenante. La familia es el lugar del trabajo no reconocido de las mujeres, en su mayoría madres. La responsabilidad de las mujeres por este espacio privado limita su participación pública, sea laboral o política. Aunque se declara que la familia tiene superioridad moral sobre cualquier otro ámbito público, es evidente que no se prioriza políticamente a las familias con medidas que verdaderamente concilien el ámbito laboral con el doméstico: los horarios escolares no son compatibles con los laborales, escasean las guarderías, no hay servicios de cuidado para ancianos, ni lavanderías y comedores colectivos.
Cuando se habla de la maternidad sólo en términos de “destino sublime” se olvidan las horas/trabajo que implica; cuando se elogia la abnegación, se dejan de lado las privaciones que suelen acompañar el trabajo de crianza. Por otra parte, las embarazadas no consiguen empleo, las parturientas son maltratadas en los hospitales y las madres no cuentan con opciones de cuidado para sus hijos y familiares dependientes (discapacitados, enfermos o ancianos), lo que las limita laboral y cívicamente, además de cargarlas con el desgaste físico y emocional que supone atender solas a esos dependientes. Este trabajo de cuidado de los demás subordina socialmente a las mujeres y tiene consecuencias restrictivas en el ejercicio de su ciudadanía y su participación política.
El despliegue retórico del 10 de mayo echa una cortina de humo sobre la poca importancia real que se otorga a este laborioso, complejo y determinante trabajo. Y mientras la mayoría de las mujeres se conforma con la rosa roja o el regalito, las feministas seguimos insistiendo en leyes y medidas que descarguen a las mujeres de la atención de sus dependientes.
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lunes, 10 de mayo de 2010
Binta y la gran idea
Cortometraje que pertenece a la película 'En el mundo a cada rato'. Rodado en Senegal con la ayuda de UNICEF, conduce al espectador al mundo de Binta, una niña de siete años que pone en marcha una obra de teatro infantil para mostrar el deseo de su prima de ir al colegio.
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viernes, 7 de mayo de 2010
En México, "holocausto" centroamericano
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.
Súplicas a “Los Zetas”
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.
El poder de una empresa
La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.
La ruta del acoso
Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.
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SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.
Súplicas a “Los Zetas”
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.
El poder de una empresa
La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.
La ruta del acoso
Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.
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martes, 4 de mayo de 2010
Las raíces del conflicto en Copala
María Dolores París Pombo
Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte
El brutal ataque, el martes 27 de abril, de un grupo paramilitar priista contra la caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, tiene sus orígenes en una historia de injusticia, corrupción e impunidad que caracteriza a esta y a otras regiones de Oaxaca. Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI a mediados de los noventa. Les han cortado la luz, el agua y todos los servicios básicos; el médico del centro de salud ha tenido que irse; los niños no asisten a la escuela, y la escasez de víveres se está volviendo extrema.
La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.
Como en muchas zonas del país, en la triqui han reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y existe un verdadero clima de terror.
A pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través del MULT y de la Ubisort. Estas agrupaciones gobiernan cada una a varios barrios de Copala con la connivencia y el respaldo político del gobierno del estado, con las armas y el control total del presupuesto que llega a “sus” comunidades, ya sea a través de las agencias municipales o bien directamente a los líderes.
En septiembre de 2003, en una entrevista que realicé en el barrio de Rastrojo a Rufino Merino, dirigente del MULT, éste me presumió que el gobernador acababa de entregarle más de 15 millones de pesos para la pavimentación de la carretera de Putla a Juxtlahuaca, que cruza toda la región y que actualmente es intransitable. Por otro lado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese mismo año recibió también del Programa Oportunidades casi 18 millones de pesos, más que cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las oficiales. Cabe señalar que, a diferencia de otras regiones rurales donde el programa opera con la entrega de becas a las madres de familia, en la región triqui las agencias municipales “recogen” la totalidad de los apoyos monetarios y hacen uso de ellos de acuerdo con sus propias prioridades.
El apoyo del gobierno del estado a los grupos paramilitares se hizo evidente en 2003, cuando el MULT fundó el Partido de Unidad Popular. El PUP, presentado por sus dirigentes como el primer partido político indígena del país, es sobre todo una experiencia más de las prácticas de manipulación y división del voto opositor y de la cooptación de los movimientos sociales por parte de las élites priistas en Oaxaca. En efecto, uno de los artífices principales del nuevo partido estatal fue el hoy exgobernador José Murat. Por otro lado, la posición privilegiada que adquirió Unidad Popular como interlocutor de los triquis con el gobierno estatal no hizo más que agravar la situación de violencia en el área. Algunos dirigentes del MULT-PUP marginaron o expulsaron de la dirección política del movimiento a líderes reconocidos como “dirigentes naturales” de sus comunidades y armaron a grupos paramilitares para reprimir el ascenso de jóvenes líderes.
El aislamiento del conflicto en la región triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una verdadera dictadura del MULT-PUP y de la Ubisort-PRI. En las comunidades controladas por cada una de estas organizaciones armadas, todos los habitantes son considerados como “bases” de apoyo y obligados –bajo amenazas de multas, golpes o asesinatos– a participar en las movilizaciones e incluso en los choques armados. Además de disponer de recursos millonarios, las agrupaciones de la zona triqui están poderosamente armadas, y regularmente son surtidas de municiones y nuevo armamento. Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca burlando el cerco de la Ubisort denunciaban que los líderes de esta organización acababan de recibir un fuerte cargamento de armas AK-47 y R-15 y cientos de cartuchos, procedentes de Santiago Juxtlahuaca.
Las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, así como la cobertura que hacen muchos medios de comunicación sobre los asesinatos y masacres en las regiones indígenas, enfocan siempre el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece librarse así de cualquier responsabilidad en lo que debiera ser su función primordial: garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, lo que priva es la culpabilización de las víctimas: se matan entre ellos; lo han hecho por siglos; este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte de su naturaleza…
Sin embargo, el pueblo triqui se ha caracterizado, antes que nada, por su trayectoria histórica de movilización por la defensa de sus derechos y de su identidad, de resistencia contra el dominio racista y la explotación. Como lo muestra Francisco López Bárcenas en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo, el mito del triqui violento por naturaleza ha sido alimentado por una de las raíces más profundas del conflicto: el racismo, continuamente expresado en los discursos de los políticos, administradores, servidores públicos y, sobre todo, de los medios de comunicación. Las élites regionales han construido un discurso de desvalorización, de desprecio del triqui, que ha logrado incluso convertirse en sentido común entre los mestizos y en buena parte de la población mexicana.
Estos discursos racistas han permitido minimizar la violencia endémica y silenciar la connivencia de las autoridades gubernamentales en los crímenes que se cometen en el área. A principios de febrero, causó noticia el asesinato de 10 personas en un poblado triqui, San Miguel Copala, enmedio de una disputa entre el MULT y la Ubisort por el control de la agencia municipal. La mayoría de las víctimas eran habitantes del poblado, entre ellas el agente municipal, pero también murió un ingeniero que realizaba trabajos en la zona para la Comisión Nacional del Agua. En esas fechas, se intensificó el acoso contra el municipio autónomo por parte de un grupo armado dirigido por Rufino Juárez. El 20 de abril, algunos medios dieron cuenta del asesinato de Celestino Hernández (del municipio autónomo), cometido por un miembro de la Ubisort plenamente identificado por la comunidad.
Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. Por primera vez en meses, el sitio paramilitar de San Juan Copala se convierte en noticia internacional y ocupa las portadas de los periódicos nacionales. Cuando se sabía del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola –originario de Finlandia–, y mientras que varias personas –entre ellas un belga y un italiano– seguían desaparecidas, el 28 de abril Ulises Ruiz declaraba con una frialdad impresionante a los medios de comunicación que nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región, y expresaba su determinación de investigar, eso sí, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la calidad migratoria con la que esas personas se encontraban en México.
El total cinismo del gobernador equivale sólo al de Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, quien tras haber amenazado con la afirmación de que detendría a toda costa la caravana, indica ahora que los culpables son las autoridades del sitiado municipio autónomo.
Pero ese cinismo ha sido alimentado por la impunidad. En efecto, la criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Este gobernador, uno de los más sangrientos de México, está a punto de concluir su gestión sin que pese sobre él ningún proceso penal. Sin embargo, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio de 2006 y abril de 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó al gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Sin la presión de la sociedad civil nacional e internacional, de los organismos internacionales y de gobiernos de otros países, privará sin duda una vez más la impunidad.
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Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte
El brutal ataque, el martes 27 de abril, de un grupo paramilitar priista contra la caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, tiene sus orígenes en una historia de injusticia, corrupción e impunidad que caracteriza a esta y a otras regiones de Oaxaca. Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI a mediados de los noventa. Les han cortado la luz, el agua y todos los servicios básicos; el médico del centro de salud ha tenido que irse; los niños no asisten a la escuela, y la escasez de víveres se está volviendo extrema.
La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.
Como en muchas zonas del país, en la triqui han reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y existe un verdadero clima de terror.
A pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través del MULT y de la Ubisort. Estas agrupaciones gobiernan cada una a varios barrios de Copala con la connivencia y el respaldo político del gobierno del estado, con las armas y el control total del presupuesto que llega a “sus” comunidades, ya sea a través de las agencias municipales o bien directamente a los líderes.
En septiembre de 2003, en una entrevista que realicé en el barrio de Rastrojo a Rufino Merino, dirigente del MULT, éste me presumió que el gobernador acababa de entregarle más de 15 millones de pesos para la pavimentación de la carretera de Putla a Juxtlahuaca, que cruza toda la región y que actualmente es intransitable. Por otro lado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese mismo año recibió también del Programa Oportunidades casi 18 millones de pesos, más que cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las oficiales. Cabe señalar que, a diferencia de otras regiones rurales donde el programa opera con la entrega de becas a las madres de familia, en la región triqui las agencias municipales “recogen” la totalidad de los apoyos monetarios y hacen uso de ellos de acuerdo con sus propias prioridades.
El apoyo del gobierno del estado a los grupos paramilitares se hizo evidente en 2003, cuando el MULT fundó el Partido de Unidad Popular. El PUP, presentado por sus dirigentes como el primer partido político indígena del país, es sobre todo una experiencia más de las prácticas de manipulación y división del voto opositor y de la cooptación de los movimientos sociales por parte de las élites priistas en Oaxaca. En efecto, uno de los artífices principales del nuevo partido estatal fue el hoy exgobernador José Murat. Por otro lado, la posición privilegiada que adquirió Unidad Popular como interlocutor de los triquis con el gobierno estatal no hizo más que agravar la situación de violencia en el área. Algunos dirigentes del MULT-PUP marginaron o expulsaron de la dirección política del movimiento a líderes reconocidos como “dirigentes naturales” de sus comunidades y armaron a grupos paramilitares para reprimir el ascenso de jóvenes líderes.
El aislamiento del conflicto en la región triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una verdadera dictadura del MULT-PUP y de la Ubisort-PRI. En las comunidades controladas por cada una de estas organizaciones armadas, todos los habitantes son considerados como “bases” de apoyo y obligados –bajo amenazas de multas, golpes o asesinatos– a participar en las movilizaciones e incluso en los choques armados. Además de disponer de recursos millonarios, las agrupaciones de la zona triqui están poderosamente armadas, y regularmente son surtidas de municiones y nuevo armamento. Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca burlando el cerco de la Ubisort denunciaban que los líderes de esta organización acababan de recibir un fuerte cargamento de armas AK-47 y R-15 y cientos de cartuchos, procedentes de Santiago Juxtlahuaca.
Las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, así como la cobertura que hacen muchos medios de comunicación sobre los asesinatos y masacres en las regiones indígenas, enfocan siempre el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece librarse así de cualquier responsabilidad en lo que debiera ser su función primordial: garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, lo que priva es la culpabilización de las víctimas: se matan entre ellos; lo han hecho por siglos; este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte de su naturaleza…
Sin embargo, el pueblo triqui se ha caracterizado, antes que nada, por su trayectoria histórica de movilización por la defensa de sus derechos y de su identidad, de resistencia contra el dominio racista y la explotación. Como lo muestra Francisco López Bárcenas en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo, el mito del triqui violento por naturaleza ha sido alimentado por una de las raíces más profundas del conflicto: el racismo, continuamente expresado en los discursos de los políticos, administradores, servidores públicos y, sobre todo, de los medios de comunicación. Las élites regionales han construido un discurso de desvalorización, de desprecio del triqui, que ha logrado incluso convertirse en sentido común entre los mestizos y en buena parte de la población mexicana.
Estos discursos racistas han permitido minimizar la violencia endémica y silenciar la connivencia de las autoridades gubernamentales en los crímenes que se cometen en el área. A principios de febrero, causó noticia el asesinato de 10 personas en un poblado triqui, San Miguel Copala, enmedio de una disputa entre el MULT y la Ubisort por el control de la agencia municipal. La mayoría de las víctimas eran habitantes del poblado, entre ellas el agente municipal, pero también murió un ingeniero que realizaba trabajos en la zona para la Comisión Nacional del Agua. En esas fechas, se intensificó el acoso contra el municipio autónomo por parte de un grupo armado dirigido por Rufino Juárez. El 20 de abril, algunos medios dieron cuenta del asesinato de Celestino Hernández (del municipio autónomo), cometido por un miembro de la Ubisort plenamente identificado por la comunidad.
Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. Por primera vez en meses, el sitio paramilitar de San Juan Copala se convierte en noticia internacional y ocupa las portadas de los periódicos nacionales. Cuando se sabía del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola –originario de Finlandia–, y mientras que varias personas –entre ellas un belga y un italiano– seguían desaparecidas, el 28 de abril Ulises Ruiz declaraba con una frialdad impresionante a los medios de comunicación que nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región, y expresaba su determinación de investigar, eso sí, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la calidad migratoria con la que esas personas se encontraban en México.
El total cinismo del gobernador equivale sólo al de Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, quien tras haber amenazado con la afirmación de que detendría a toda costa la caravana, indica ahora que los culpables son las autoridades del sitiado municipio autónomo.
Pero ese cinismo ha sido alimentado por la impunidad. En efecto, la criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Este gobernador, uno de los más sangrientos de México, está a punto de concluir su gestión sin que pese sobre él ningún proceso penal. Sin embargo, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio de 2006 y abril de 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó al gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Sin la presión de la sociedad civil nacional e internacional, de los organismos internacionales y de gobiernos de otros países, privará sin duda una vez más la impunidad.
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