“Un empresario que se colude para elevar los precios no es otra cosa que un criminal común. No merece ningún trato especial y debe ir directo a la cárcel”, aseveró Joe Philips, quien fungió como director de la división de Competencia Económica de la OCDE en París por casi tres décadas. “Cuando las empresas tienen una vida tranquila –continuó Philips–, cuando no existe una competencia vigorosa, invierten menos, innovan menos y ven reducida de manera significativa su productividad. Este es el problema principal con la economía mexicana hoy”.
Por su parte, Juan Rodríguez, abogado litigante de la división Anti-monopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos –instancia que en los últimos años ha enviado a docenas de empresarios a la cárcel por periodos hasta de cinco años–, declaró: “Lo que buscamos es que los empresarios que incurran en prácticas monopólicas se llenen de pavor”.
Ambos expertos participaron en un seminario de análisis de las posibles modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) organizado por el doctor Jorge Witker en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace unos días. Las conclusiones del seminario son contundentes: Es impostergable aplicar medidas drásticas que auspicien una verdadera economía de mercado en el país, para que los mercados dejen de estar controlados por unos cuantos empresarios que actúan en contra del interés público.
Actualmente, la LFCE y el artículo 28 constitucional son casi letra muerta. La inexistencia de sanciones fuertes y la limitación tanto de las facultades como de la autonomía de la Comisión Federal de Competencia (CFC) han generado una situación en la que, de acuerdo con estimaciones de la misma Presidencia de la República, 42% del ingreso de las familias más pobres se destina a la compra de bienes de consumo básico con un acentuado sobreprecio.
Al respecto, el diputado federal Mario di Costanzo presentó una iniciativa que denominó Ley de Precios Competitivos. En la exposición de motivos revela que en México pagamos 223% más que en Estados Unidos por cemento, 230% más por servicios de telefonía fija, 150% más por concepto de intereses en tarjetas de crédito y créditos bancarios, así como comisiones bancarias inusitadamente caras para los estándares internacionales. También existen serios problemas de competencia para los productos más básicos, como la leche, el huevo, la tortilla y el pan.
Al mismo tiempo, en México ningún empresario ha pisado la cárcel, o siquiera se ha visto sujeto a un proceso penal, por prácticas monopólicas. Eso sí, nuestras prisiones están llenas de gente pobre cuyo único delito en muchos casos ha sido el robo de un artículo menor de alguna de las tiendas propiedad de los barones del dinero de la economía mexicana.
Los grandes empresarios del país también afectan el patrimonio de todos al utilizar paraísos y exenciones fiscales para evadir el pago de impuestos. Esta impunidad generalizada crea una situación sumamente propicia para el lavado de dinero. Si algún día la autoridad realmente revisa a fondo las cuentas bancarias del país, sin duda encontrará que los flujos financieros del crimen organizado no son los únicos con dudosa legalidad. Felipe Calderón tardó cuatro años en empezar a tomar algunas medidas simbólicas en contra de las redes financieras de la delincuencia organizada, precisamente porque un mayor control financiero afecta directamente los intereses de las grandes empresas monopólicas del país.
En este contexto, la iniciativa de reformas en materia de competencia económica que presentó Calderón en abril pasado, y que fue aprobada con una velocidad inusitada y casi en sus términos iniciales por la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, resulta a todas luces insuficiente y engañosa. Es cierto que el dictamen aprobado eleva las sanciones monetarias y penales para los que incurren en prácticas monopólicas. También amplia las facultades de investigación de la CFC y le permite dictar medidas cautelares.
Sin embargo, la nueva fórmula para calcular las sanciones monetarias todavía asegura que los montos sean mucho menores que el beneficio generado por la práctica monopólica correspondiente. Asimismo, la aplicación de alguna sanción penal dependerá de un pronunciamiento previo sobre el caso por parte de la CFC, además de una acción enérgica e independiente de la PGR, algo muy poco probable en nuestro país. El empresario delincuente también podrá evitar la cárcel fácilmente al acogerse a un programa de “amnistía”.
La reforma de los diputados tampoco avanza con respecto al tema de la autonomía de la CFC. Ni siquiera plantea una conversión de la CFC de “órgano desconcentrado”, dependiente directamente de la Secretaría de Economía, a un “órgano descentralizado no sectorizado”, que estaría libre del control directo de algún secretario de Estado.
Pero quizás el elemento más grave de lo aprobado sea el abierto ataque a la autoridad de la CFC. La nueva fracción XIV bis del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa convertiría a este tribunal en revisor de todas las decisiones de la Comisión. Esta reforma va directamente en contra de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al instalar una doble revisión en el ámbito administrativo, algo que no existe en ninguna otra jurisdicción del mundo. Ello permitirá que un grupo de jueces administrativos sin conocimiento o preparación alguna en la materia revoquen las decisiones altamente especializadas de la CFC. En ese caso, la CFC no tendrá forma alguna de defender sus resoluciones ya que no podrá ampararse contra el fallo del tribunal.
La reforma aprobada por los diputados contiene más defectos que beneficios. Esperemos que la Cámara de Senadores no permita este engaño y ahora sí haga un esfuerzo legislativo serio por construir un verdadero régimen de competencia en el país.
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