Garzón, atrapado por la ultraderecha

MADRID, 21 de abril (Proceso).- El Consejo General del Poder Judicial de España tiene programado para el jueves 22 decidir si inhabilita temporalmente al juez Baltasar Garzón, acusado en tres demandas del delito de prevaricación. Las causas de fondo, sin embargo, no son jurídicas, sino políticas: una venganza de la ultraderecha, que no le perdona haberse entrometido en el escándalo de corrupción que involucra al Partido Popular, ni haber tocado un tema tabú: los crímenes del franquismo.

“El juez español Baltasar Garzón penetró en un jardín prohibido: el de la Guerra Civil, de la dictadura franquista y del pacto de la transición. Penetró también en el jardín de la derecha política, que está muy enfadada por el caso Gürtel”, dice un abogado cercano al ámbito del magistrado de la Audiencia Nacional, cuyo futuro será decidido el jueves 22 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ, máximo órgano de los jueces españoles, dictará un fallo sobre la eventual suspensión provisional de Garzón como magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, debido a que está acusado de prevaricación, delito en el cual incurren los jueces que toman una resolución a sabiendas de que es injusta.

Desde el 17 octubre de 2008, fecha en que se declaró competente para juzgar los crímenes de la guerra civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975), Garzón sufre un acoso permanente. Hasta el momento hay en su contra tres causas disciplinarias distintas, pero por el mismo delito de prevaricación y con un objetivo común: que sea inhabilitado como juez por un periodo de 10 a 20 años, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Gonzalo Martínez Fresneda, abogado defensor de Garzón, advierte que existe una “estrategia coincidente” en esta ofensiva contra su cliente y denuncia las trabas de que es objeto la defensa a su cargo, lo cual “deja en la indefensión” a Garzón. Una de ellas, recuerda, fue el rechazo a la petición de que testificaran expertos internacionales, entre ellos el mexicano Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante lo que se percibe como la inminente suspensión del juez Garzón, los miembros de las asociaciones de la Memoria Histórica, así como intelectuales, artistas, académicos y estudiantes, iniciaron una serie de movilizaciones espontáneas para apoyarlo. El martes 13, la Universidad Complutense de Madrid fue el escenario de un acto en el que unos 500 ciudadanos, convocados mediante Twitter, Facebook y mensajes de texto de sus celulares, bloquearon la calle Génova, frente a la Audiencia Nacional, para gritar consignas en su favor.

Amnistía Internacional consideró “insólito” que se pretenda juzgar a Garzón, y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reiteró su apoyo al magistrado y su preocupación debido a que el proceso es contrario a “los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura”.

El reputado director de cine Pedro Almodóvar dijo que “la sociedad tiene una deuda moral con los que perdieron la guerra y con los familiares de los 113 mil cadáveres que yacen en las cunetas. Si la Falange sienta a Garzón en el banquillo sería como si Franco hubiese vuelto a ganar, y eso es muy difícil de digerir”.

En sentido contrario, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular (PP), tachó las manifestaciones como un “disparate” y como un “atentado contra la democracia”.

El CGPJ emitió un comunicado donde expresa su “preocupación y tristeza” por las muestras de apoyo a Garzón, las que, a su entender, suponen un ataque a “la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo”.



Campañas de desprestigio



En un escrito de alegaciones que presentó el pasado 5 de marzo ante el CGPJ, Garzón describe el acoso de que es objeto. Dice que todas las actuaciones disciplinarias y penales en su contra “se enmarcan en un concreto escenario, por iniciativa de una serie de personas interrelacionadas entre sí y siempre con el respaldo de unos mismos soportes mediáticos” que realizan “campañas de denigración contra mi persona”.

Refiere que, a partir del 6 de febrero de 2009 –fecha en que se conoció públicamente la actuación judicial del llamado caso Gürtel, en el que están implicados representantes del Partido Popular (PP)–, se inició una “clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización de mi labor jurisdiccional. Una campaña alentada por personas a quienes yo imputé, y jaleadas (impulsadas) por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y prestigio profesional”.

Indica que, el 16 de febrero de 2009, el diputado del PP Federico Trillo –quien fue ministro de Defensa del gobierno de José María Aznar– declaró que Garzón estaba “actuando con manifiesta injusticia, con manifiesta ilegalidad”, en “contra de la ley y la jurisprudencia”; mientras que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó irónicamente que “Garzón, si puede, me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra”.

El 25 de febrero de 2010, Trillo instó a Garzón a abandonar su cargo. Declaró que el juez actuaba de forma “parcial, sectaria e interesada” en relación al denominado caso Faisán, una operación policiaca que, vinculada con la extorsión de ETA a empresarios, derivó en escándalo cuando trascendió que algunos miembros de la banda terrorista fueron supuestamente advertidos sobre una redada en su contra.

“Reflexione y medite sobre su propia posición como juez”, porque “no merece esto la carrera judicial”, declaró Trillo.

El 26 de mayo de 2009, Luciano Varela, juez del Tribunal Supremo, admitió la primera querella contra Garzón después de que éste se declaró competente para instruir los crímenes del franquismo. Esa primera acusación la formuló el denominado sindicato Manos Limpias, de tendencia ultraderechista. Y el 24 de junio, el mismo juez aceptó otra querella, presentada por la asociación de ultraderecha Libertad e Identidad, que fue incorporada en la causa ya abierta (Proceso 1716).

El 22 de febrero de 2010, el juez Varela admitió que, en la misma causa, se sumara como demandante el partido Falange Española de la JONS, considerado heredero del franquismo.

El 12 de junio de 2009, el Tribunal Supremo dio entrada a otra querella, formulada por los abogados Antonio Panea y José Luis Monzón, por los delitos de prevaricación y cohecho. Según estos abogados, el Banco Santander entregó a Garzón 302 mil dólares con el propósito de patrocinar unos seminarios propuestos por el propio magistrado durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006. Debido a ello, señala la acusación, Garzón decidió no admitir a trámite una querella contra Emilio Botín, presidente de esa institución bancaria.

Garzón alega que ese dinero no lo administró él, sino la Universidad de Nueva York, y que sirvió para organizar los eventos y remunerar a algunos de los conferencistas. Añade que su decisión judicial nada tuvo que ver con el referido patrocinio, que fue solicitado al banco por la referida universidad.

El 9 de diciembre de 2009, Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, presentó ante el Tribunal Supremo la tercera querella por prevaricación contra Garzón. El argumento: éste ordenó intervenir las comunicaciones en prisión de varios de los acusados con sus abogados. El tribunal acogió dicho recurso el 25 de febrero, y el 4 de marzo aceptó que el empresario Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción del caso Gürtel, se sumara como querellante en ese juicio.

Garzón se sentó en el banquillo de los acusados el pasado jueves 15 para declarar como imputado. Es la segunda vez que acude a dicho tribunal en esa calidad, pues la primera fue el 9 de septiembre de 2009 por el caso de los crímenes del franquismo.

En su escrito de alegaciones, Garzón advierte que los abogados que lo acusaron recurren con “habitual desparpajo” a insinuar que él no acepta trajes, pero sí “sobornos en especie”, en alusión al caso Gürtel, en el que algunos imputados fueron sobornados con costosos trajes de vestir.

El 31 de diciembre de 2009, los acusadores pidieron la acumulación de ambos procesos (el de las denuncias relativas a la Memoria Histórica y el de los cursos de Nueva York) puesto que, “en el horizonte estratégico de esos querellantes, ambos procesos responden a una misma iniciativa y no a dos distintas”, advierte Garzón.

Asimismo, asegura que en mayo de 2009, cuando el Tribunal Supremo acogió la querella de Manos Limpias, “fue como si se hubiera abierto una puerta para todo el que quisiera entrar”.

Y sostiene que “cualquier observador ajeno al contexto” podría “pensar que al juez Garzón le habría invadido últimamente una incomprensible pulsión prevaricadora múltiple o de amplio espectro”.

Garzón asegura que los querellantes “actuaron de mala fe al exponer ante el Tribunal Supremo una versión equivocada y tergiversada de los hechos”, pese a que en ninguna de sus actuaciones existe riesgo de daño para la administración de la justicia.

Reprocha que las imputaciones en su contra hayan sido admitidas pese a que el Ministerio Público no advierte delito en su comportamiento.



Odiado por sus pares



El juez Garzón pide en sus alegatos la abstención en las deliberaciones de tres de los vocales del CGPJ: Fernando de Rosa Toner, Gema Gallego y Margarita Robles.

Dice que Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, ha cuestionado “continuamente” su labor, “lo que le priva de objetividad de juicio” para decidir su suspensión.

De Rosa Torner fue consejero de Justicia y Administraciones Públicas del gobierno de Valencia entre 2003 y 2008; por lo tanto, fue miembro del gobierno de Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, en el que Garzón fue juez instructor.

En su escrito, Garzón expresa que la vocal Gema Gallego tiene hacia él una “enemistad manifiesta”. La razón: el magistrado le refutó una decisión judicial cuando ella era titular del Juzgado 35 de Madrid. Explica que Gallego dio como válido un informe falso con el propósito de vincular a un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 a los trenes de Madrid con detenciones anteriores ligadas con miembros de ETA.

Y respecto a la vocal Margarita Robles, el magistrado alega “enemistad profunda” y recuerda que coincidió con ella en funciones públicas durante el gobierno de Felipe González. Ambos trabajaron como secretarios de Estado con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.

Garzón refiere que luego de esa etapa, a él le tocó juzgar al menos cuatro casos vinculados con ese ministerio, incluido el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que desataron una guerra sucia contra el terrorismo de ETA durante el gobierno socialista de González y por lo cual fueron sentenciados algunos funcionarios.

El abogado del entorno del magistrado consultado por Proceso –quien prefirió omitir su nombre– señala que Garzón no les gusta nada a los jueces, quienes consideran que la labor de un magistrado debe estar alejada de los reflectores. “Entonces –comenta– su antipatía no es ideológica, sino visceral. Además, Garzón gana más dinero en sus conferencias que da en todo el mundo que lo que ellos ganan durante todo el año. Y eso les provoca un sentimiento que no quiero calificar”.

Explica: “Es evidente que Garzón tiene una peculiar forma de ser. Ha sido el juez más independiente y ha desarrollado un trabajo increíble: investigó a Pinochet y los crímenes de Estado, y persigue a Osama Bin Laden. Eso no lo hacen los otros. Lo tachan de protagonista, al grado de que algunos medios de prensa que hoy lo atacan lo propusieron para el Premio Nobel en 2002. Así ha sido él durante 23 años de carrera. Y si uno gira 360 grados, no hay una sola dirección en la que no se encuentre a una persona con una cuenta pendiente con Garzón”.

–¿Tiene sus días contados?

–La opinión más extendida es que va a ser despedido porque la mitad de los miembros del CGPJ fueron propuestos por el PP, que está desarrollando una campaña muy fuerte en contra de Garzón debido al caso Gürtel. Y dentro de los llamados progresistas hay algunos contrarios a Garzón, por lo que la mayoría de vocales son partidarios de suspenderlo.

“Si lo absuelven puede volver (a ejercer como juez). Pero –acota– la figura de Garzón tiene tanta carga simbólica que si lo suspenden temporalmente sería su fin como magistrado.”

A su vez, el abogado Gonzalo Boyé observa que “en España se utiliza una expresión: ‘el dictador (Francisco Franco) dejó todo atado y bien atado’. Parece que ese dicho se refiere justamente a las responsabilidades penales (por los delitos del franquismo). Porque en este país han cambiado muchas cosas, pero el poder judicial es uno de los sectores más intocados”.

Promotor de múltiples causas de la justicia universal –como las presentadas en relación con las torturas en Guantánamo o con los crímenes del ejército israelí en territorio palestino–, Boyé considera que “el juez Garzón jurídicamente actuó bien, pero, por sorprendente que parezca, políticamente se equivocó”.

Puntualiza: “España es el único país europeo que no permite el juicio de su historia reciente (…) Garzón rebasó la línea roja y abordó el tema intocable de las 113 mil personas que fueron asesinadas en las cunetas y que es la causa primaria de las asociaciones de la memoria histórica”.

Sobre las “antipatías y odios” que despierta Garzón en el medio judicial, dice que “son absolutamente ciertos”.

Ofrece un ejemplo: La animadversión del magistrado Luciano Varela se debe a que “era juez en Galicia en 1988, cuando Garzón inició el primer juicio contra los clanes de la droga gallegos, en la operación Nécora. Y seguramente Varela lo interpretó como si Garzón fuera a enmendarle la plana”.

Y otro: El magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Oliver, ponente del auto que admitió a trámite la querella de la Falange Española contra el juez, fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española y es miembro de la fundación del Valle de los Caídos, el mayor de los símbolos del franquismo.

Para concluir: El presidente del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, quien tampoco quiere a Garzón, tiene la facultad de elegir a los cinco magistrados que lo sancionarán en estos días.