Violencia en las escuelas

MÉXICO, D.F., 3 de marzo.- En un reciente estudio de la UNESCO, La educación bajo ataque, se reporta que, a partir de 2007, se han incrementado los casos de violencia en las escuelas, sobre todo en regiones donde se libra alguna guerra, como Afganistán, Colombia, Irak, Nepal, Tailandia y los Territorios Palestinos Autónomos. Pero en la lista de países con grandes indicadores de violencia en las escuelas tendrán que agregar ahora a México.

Dicho reporte (Brendan O’Malley. Education Under Attack, 2010, a Global Study on Targeted Political and Military Violence Against Education) toma como indicadores el reclutamiento forzado de niños, la violencia sexual contra niñas estudiantes y maestras, la destrucción de infraestructura educativa, el asesinato de líderes sindicales de docentes, la persecución de académicos, los arrestos indiscriminados, las amenazas de muerte, los secuestros, la ocupación de instalaciones escolares o las balaceras alrededor de los planteles. Todo lo cual está generando daños estructurales, físicos, psicológicos, sociales, educativos y culturales muy graves, y también restricciones severas a la libertad académica, al derecho a la educación, a la estabilidad, al desarrollo y a la democracia.

Sin embargo, en la versión actual del estudio sólo se registran algunos casos de México: maestros amenazados si no pagaban un “bono de Navidad”, escuelas evacuadas o cerradas durante más de tres semanas por otros amagos en Ciudad Juárez, durante 2008, o la suspensión de clases en la región triqui en 2009 debido a rondines de bandas armadas y disparos de grupos paramilitares alrededor de escuelas primarias y secundarias.

El hecho es que la violencia en las escuelas mexicanas no sólo se ha agravado, sino también generalizado. En un estudio realizado en 2008 por la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Intercontinental se encontró que más de 70% de los alumnos de escuelas de educación básica participan en prácticas de acoso físico y psicológico (bullying). Estas prácticas, que se han extendido a todo el país, se suman a las otras formas de violencia que se ejerce fuera y dentro de las instalaciones escolares, sobre todo la que está creciendo alrededor de los grupos relacionados con el narcotráfico, que es la más grave.

Este tipo descarnado de violencia ya es parte de la vida escolar cotidiana en muchos estados y ciudades. Se trata de un problema nuevo que no está siendo debidamente comprendido ni enfrentado por parte de las autoridades federales o locales de la SEP, ni por los directores y maestros de los planteles, ya no digamos por parte de quienes la sufren: los estudiantes y los padres de familia.

De acuerdo con datos de la SEP, mil 200 escuelas tienen que enfrentar de forma cotidiana la narcoviolencia, pues en el interior de las mismas se reproducen los esquemas de los narcotraficantes: extorsiones, pandillerismo o venta de drogas. Asimismo, se han identificado 27 mil planteles de educación básica cuyas labores académicas han sido afectadas por grupos delictivos. Y se calcula que una de cada 10 escuelas del país experimenta una o varias formas de violencia cotidiana.

Sólo en Ciudad Juárez –donde se afirma que 60% de los jóvenes de 12 a 15 años no estudia ni trabaja–, 70% de las escuelas reportan problemas de violencia, narcomenudeo o prostitución, y miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria se han visto severamente perjudicados en sus procesos formativos.

En la ciudad de Reynosa, donde ocurren frecuentes balaceras en las inmediaciones de los planteles, las llamadas telefónicas de los alumnos a sus padres, o los anuncios de las autoridades de que, por ese motivo, las clases se han suspendido en una o varias escuelas, han ocasionado este año frecuentes interrupciones laborales en las maquiladoras de la localidad.

Ahora que se ha considerado a Ciudad Juárez como territorio devastado y de urgente atención (como si fuera éste el único lugar en tales condiciones), la respuesta de las principales autoridades de la SEP –in situ y a la carrera– fue que la violencia extendida se debe a “la manera como los muchachos se hacen cargo del entorno” (subsecretario Fernando González), o como lo analizó con similar profundidad el secretario Lujambio: siempre hay que distinguir entre “la expresión lúdica, la expresión de procesamiento del entorno psicológico y el auténtico vandalismo”. (El Universal, 22 de febrero.)

Ya lo había señalado el relator para Educación de la Organización de las Naciones Unidas, en su gira de trabajo en México: “La educación no puede resolver lo que los políticos no han querido atender” (El Universal, 10 de febrero). Porque, efectivamente, con las sesudas interpretaciones de lo que ocurre en Ciudad Juárez y a lo largo y ancho del territorio nacional, no se podrá enfrentar la creciente violencia que se está arraigando en las escuelas. Tampoco con la generalización del programa, bastante superficial, denominado “Escuela Segura”, porque se concentra sólo en el otorgamiento de escasos recursos, acompañados de acciones remediales, en escuelas evidentemente inseguras.

La violencia proviene de causas estructurales: ignorancia, pobreza y desprecio a la inclusión de todos a la educación, acompañada de una visión manipuladora del sentido y de los efectos de lo educativo. (¿Alguien cree que las cúpulas de la SEP y del SNTE pueden enseñar algo con sus ejemplos?) Proviene también de los mensajes de violencia que atiborran las transmisiones de televisión, y que se imitan en la familia, en la calle, los anuncios publicitarios, los videos y los juegos de computadora, que van formando un currículum vivido que cada día domina más que el irrelevante currículum de la escolaridad.

Axel Didriksson

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Entre narcos y militares, entre guerrilleros y talamontes

PETATLÁN, GRO.- 3 de marzo (Proceso).- Las comunidades serranas de Petatlán, Guerrero, sobreviven de milagro. La región, dicen, es tierra de nadie. Pero lo cierto es que en sus inmediaciones merodea la guerrilla, y caciques como Rogaciano Alba siembran el terror, apoyados por sus sicarios y, según los pobladores, por elementos del Ejército. Largo es aquí el memorial de agravios, el último de los cuales sucedió el martes 16 –cuatro días después de la detención de Rogaciano– contra la familia de Javier Torres Cruz, un activista que en 2007 se atrevió a denunciar al cacique.

Aquí, en la sierra, los habitantes no saben de quién cuidarse más, pues por la zona transitan lo mismo narcotraficantes que talamontes y guerrilleros. Lo peor, dicen los lugareños, es que el Ejército se extralimita en sus patrullajes y con frecuencia sus tropas arremeten contra ellos, a veces azuzados por los caciques o sicarios locales.
El martes 16, efectivos del 68 Batallón de Infantería, perteneciente a la 27 Zona Militar, atacaron a habitantes de la comunidad La Morena. Hubo un muerto y otro campesino resultó herido, aseguran varios de los sobrevivientes. Dicen que dos más fueron acusados por delitos federales y hoy están recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco.
La ofensiva ocurrió cinco días después de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó sobre la detención de Rogaciano Alba Álvarez, un cacique al que las autoridades vinculan con los cárteles de Sinaloa y La Familia michoacana. Los habitantes de La Morena le atribuyen a él esa agresión.
“Es una venganza contra nosotros porque hemos denunciado sus crímenes”, asegura Javier Torres Cruz, defensor de los bosques, quien en septiembre de 2007 se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para aportar pruebas que incriminaban a Rogaciano Alba con la muerte de Digna Ochoa, la activista ultimada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México.
Esa denuncia le costó caro a la familia de Torres Cruz. En noviembre de 2008, unos 80 militares dirigidos por el propio Rogaciano allanaron ocho viviendas en La Morena. Al mes siguiente, Torres Cruz fue detenido en un retén militar en Tecpan de Galeana, el que, dice, lo entregó a sicarios del cacique. Fue torturado durante cuatro días, relata. Finalmente logró escapar (Proceso 1678). Desde entonces los hombres de La Morena viven escondidos en la sierra. Hoy, la comunidad es un caserío poblado sólo por mujeres, niños y ancianos.
Organizaciones sociales de Guerrero llevaron el caso de Torres Cruz a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interviniera en favor de Torres Cruz y su familia. El 21 de diciembre de 2008, la comisión acordó el otorgamiento de medidas en favor del campesino. Hasta la fecha el gobierno mexicano no ha cumplido.
Desde hace años, Alba Álvarez ha sido señalado por la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, organización a la que pertenece Torres Cruz, de tener el respaldo de altos mandos del 19 Batallón de Infantería, con sede en Petatlán, para reprimir a comunidades que lo denunciaban por la tala indiscriminada de bosques y por convertir los predios en plantíos de mariguana.
El jueves 11, finalmente, la Policía Federal detuvo a Rogaciano en Guadalajara, Jalisco, acusado de portación ilegal de armas y de droga. Arraigado en la Ciudad de México, espera el dictamen de las autoridades que lo investigan por sus presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa y La Familia michoacana.
Para recabar información sobre la reciente incursión militar, el miércoles 17, representantes de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), del Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Guerrero (Rogaz), realizaron un recorrido por esta zona de Petatlán, en el que participaron los reporteros de Proceso.
Isaías Torres Rosas, uno de los sobrevivientes, relata: El martes 16 a mediodía, en el paraje conocido como Barranca del Infierno, los soldados dispararon contra él, su padre, su hermano Adolfo y contra Huber Vega Coria, originario de Zihuatanejo.
El miércoles 17 por la noche, la 27 Zona Militar difundió un comunicado en el que aseguraba que durante un recorrido para quemar plantíos ilícitos, los militares fueron agredidos en la comunidad de Las Humedades.
Según el comunicado, publicado sólo en la edición local de La Jornada y en Diario 17, en ese enfrentamiento presuntamente murió Juan Torres Rosas y fueron detenidos Anselmo Torres y Huber Vega Coria con ocho armas: cinco largas y tres cortas, así como cartuchos útiles y droga.

El miedo de Isaías

La comunidad de Las Humedades, donde según el Ejército sucedieron los hechos, se localiza en la zona conocida como Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, a ocho kilómetros de La Morena, mientras que el Infierno pertenece a esta comunidad, localizada en la parte media de la sierra, a hora y media de la cabecera municipal de Petatlán.
En Filo Mayor se cultiva mariguana y amapola desde hace décadas, lo que no ocurre en la parte media de la sierra debido a su condición forestal y agrícola. Sin embargo, por esta región suele transitar la guerrilla.
El incidente de la sierra de Petatlán ocurrió luego de que habitantes de la sierra de Tlacotepec, en el Filo Mayor, denunciaron que el viernes 12 un grupo de soldados al parecer alcoholizados mataron a golpes a Juan Alberto Rodríguez Villa, de 18 años, y dejaron malherido a Francisco Javier Martínez, de 16 años.
Postrado sobre un sillón de alambre e hilo, cubierto de sarapes, Isaías Torres Rosas convalecía por un balazo que recibió la víspera. El impacto entró por la espalda, del lado derecho, y salió por el cuello. Se mantiene fuera de peligro gracias a los remedios caseros y a los medicamentos para prevenir la infección y calmar el dolor.
En la vivienda que sirve de refugio, Isaías fue auscultado por el doctor Raymundo Díaz, miembro del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), quien constató que la bala no dañó ningún órgano vital ni los huesos.
De cualquier forma, Isaías sólo podía recibir los cuidados de su familia pues, dice Javier Monroy, integrante de Tadeco, “por órdenes del Ejército no podía subir ninguna ambulancia a rescatarlo”.
Temeroso de que él y su familia sufran represalias, Isaías rindió su testimonio al coordinador regional de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien transmitió la queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El miedo de Isaías y de su familia se acrecentaba por el vuelo de un helicóptero blanco que, desde la mañana del miércoles 17 y hasta después de las dos de la tarde, no dejaba de merodear sobre la sierra.
En entrevista con Proceso, el campesino narra: “Estábamos preparando comida en una casita que es de Adolfo (su hermano). Habíamos cazado una chachalaca con una .22 cuando, de repente, llegaron (los soldados) echando tiros. No creímos que fuera el gobierno (soldados), porque no marcaron el alto ni nada”.
Delgado, de piel curtida por el sol, pelo y barba negros, Isaías asegura que una vez que se escucharon los primeros balazos, él y sus acompañantes corrieron.
“Me tiraron por la espalda y me dieron por muerto, porque sangraba mucho. Pude ver a gente vestida como gobierno (soldado). No supe cuántos, pero eran hartos. Cuando se fueron, me fui a mi casa, a La Morena. Caminé como hora y media”, dice Isaías, tío de Javier Torres Cruz.
De acuerdo con Torres Cruz, el destacamento que atacó a su familia llegó a la sierra el lunes 15. Eran unos 100 soldados. Iban en hummers y en camiones que subieron hasta el Filo Mayor, a Las Humedades y a Rancho Nuevo, pueblos abandonados entre 1994 y 2000 debido a los asesinatos “cometidos por la gente de Rogaciano”, dice.
El miércoles 17 al mediodía, Javier se enteró por la radio que Anselmo y Huber estaban en manos del Ejército, pero no tenían noticias de Adolfo. “Los compañeros personalmente se comunicaron y dijeron que no hiciéramos nada contra los militares, porque estaba su vida de por medio”.
El activista asegura que entre los militares que atacaron a sus parientes había sicarios de Rogaciano Alba, entre ellos, Misael Orozco Serna, conocido como El Chirris. El propio Alba lo menciona como integrante de La Familia michoacana en un video difundido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el viernes 12.
“El Chirris ha sido el encargado de hacer estos operativos entre sicarios y el Ejército. Se le vio el 13 de noviembre de 2008 cuando entraron por la madrugada en La Morena. Es una persona que, según sabemos, desde hace dos o tres años opera con Rogaciano y que se le ha visto en el 19 Batallón de Infantería de Petatlán, donde vivía Rogaciano”, sostiene Torres Cruz.

Una versión distorsionada

El jueves 18, la familia Torres recuperó el cuerpo de Adolfo Torres Rosas, de 26 años, en una funeraria de Zihuatanejo, lo llevaron a La Morena, donde le dieron sepultura la mañana del viernes.
Anselmo Torres Quiroz, de 79 años, y Huber Vega Coria, de 18, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, y trasladados al Cereso de Acapulco ese mismo viernes. Se les acusa de tentativa de homicidio, delincuencia organizada, posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, en la modalidad de siembra y cosecha con fines de comercio.
El parte militar firmado por Rogelio Marín Guzmán, Dani Marino Díaz, Bladimir Pineda Cruz, miembros del 68 Batallón de Infantería, señala que los campesinos atacaron a los militares tras ser descubiertos en un plantío de mariguana en Las Humedades, y que se les aseguraron cinco armas largas (dos AK-47, dos rifles calibre .22, y una escopeta calibre .12), tres armas cortas (calibres .38 súper, .22 y .45), 16 cargadores, 355 cartuchos de distintos calibres, 19 kilos de mariguana y otro de semillas de cannabis.
Durante su declaración preparatoria en el Juzgado Segundo de Distrito, el sábado 20, Anselmo y Huber confirmaron la versión de Isaías: los soldados dispararon sin advertencia de por medio, cuando estaban en el patio de la casa de Adolfo, en la Barranca del Infierno.
Además, comentaron que, tras su captura, los soldados los obligaron a disparar armas de fuego y los trasladaron en helicóptero a Rancho Nuevo, cercano a Las Humedades, donde los fotografiaron.
En su declaración ministerial, que ratificó posteriormente, Huber asegura que fue torturado psicológicamente. Detalla: “Bajando del helicóptero un soldado notificó a un superior: ‘Estos son los que dispararon’. A lo que éste le respondió: ‘Para qué los trajeron, mejor los hubieran matado’”.
Otro soldado intervino en la conversación: “¿Y si les damos una violadita?”. Otro terció: “Pero el ruquito ya no aprieta… es mejor una calentadita”.
Huber y Anselmo aseguran que mientras estuvieron en manos de los militares fueron golpeados en la cabeza, sobre todo durante el traslado, cuando ellos intentaban ver a dónde los llevaban.
Entrevistado en la rejilla de prácticas, don Anselmo, patriarca de La Morena, reconoció que las armas mostradas por los militares estaban en la casa de Adolfo. “Mis hijos estaban armados porque han tenido problemas con Rogaciano Alba”, dice. Sin embargo, las armas que, según los militares, llevaban el día del presunto enfrentamiento fueron llevadas al lugar días antes por “indillos” que pasaron por ahí.
Con lágrimas en los ojos, asegura que vio caer a su hijo Adolfo cuando huía de la “baliza”; también recuerda que en dos ocasiones pidió a los militares que lo mataran y lo dejaran con su hijo.
Javier Torres Cruz llamó por teléfono a la reportera para decirle que al abrir el ataúd en que estaba Adolfo, descubrieron que tenía huellas de tortura, así como un disparo calibre .762 en la espalda y otro calibre .45 en la axila derecha, realizado a corta distancia.
Las fotografías de la necropsia de Adolfo obtenidas por Proceso muestran moretones en el rostro y el cuerpo por golpes de culata que recibió. Su rostro está desfigurado y se observa un escurrimiento de sangre por la axila derecha, en tanto que el hombro izquierdo está descarnado.
Asimismo, Torres Cruz señala que cuando fue sepultado Adolfo, la mañana del viernes 19, mujeres de la comunidad vieron a sicarios de Rogaciano Alba rondando por La Morena.
“La gente de Rogaciano esperaba que los hombres de La Morena bajáramos al entierro para matarnos, por eso nos quedamos arriba, escondidos en la sierra. Cuando las mujeres se dieron cuenta de que andaba gente rondando el pueblo, salieron a buscarlos y los espantaron”, cuenta Torres Cruz.
E insiste: “Detrás de los acontecimientos del martes 16 está la mano de Rogaciano Alba. Ese señor manda todavía en esta región aunque esté arraigado; lo que quiere es intimidarnos para que no sigamos con las denuncias por los crímenes que ha cometido en la sierra”.
Y remata: aun cuando las autoridades sólo consideran a Rogaciano como jefe del narcotráfico, en Petatlán queremos que el gobierno lo responsabilice de todos los asesinatos que ha cometido, incluido el de Digna Ochoa, “así como del intento de desaparecerme”.

Gloria Leticia Díaz

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Un país que se diluye

(Axel Didriksson)

En el proceso de vaciamiento, de ausencia de sentido en las perspectivas de largo plazo, el país parece como los ríos de agua sucia que causan pérdidas irreparables, humanas y materiales, pero sobre todo de generaciones enteras de jóvenes que ya no tienen confianza en la educación y viven a la deriva.

Es este el peor signo de la actual ingobernabilidad, pues la pérdida progresiva de las funciones del aparato del Estado y del sistema escolar se traduce en los inenarrables episodios de violencia y degradación que ocurren. La violencia generalizada que hace posible la actual ingobernabilidad es directa pero también indirecta. Así, además de manifestarse hasta en el asesinato de jóvenes departiendo alrededor de sus logros escolares o grupales, se expresa en la falta de políticas de gobierno para prevenir y solucionar lo más elemental de la seguridad de todos desde alguna racionalidad, o en el hecho de que, cuando esas políticas se emprenden, siempre llegan tarde o se dirigen en contra de la libertad (por ejemplo, contra la sexualidad de cada quien), aduciendo juicios morales o religiosos. Y todo ello, en un ambiente de demagogia y corrupción política.

En el fondo lo que se expresa es una violencia indirecta generalizada contra el sentido de la educación que forma o debiera formar para la defensa de los derechos humanos y la integridad emocional, cultural e intelectual.

La escuela mexicana está golpeada por la violencia que se deriva de esta pérdida de sentido de las políticas de gobierno. Hay hostigamiento verbal y hasta golpes en las aulas, mientras que los excluidos del sistema educativo no encuentran ninguna otra perspectiva que la ilegalidad o el crimen organizado: Con sus errores gramaticales, todas las “narcomantas” ponen de manifiesto dicha exclusión educativa.

Es una descomposición que a estas alturas abruma, sobre todo cuando se la ve desde la perspectiva de los educadores. Uno de ellos, Fernando Reimers, como si se refiriera a México, señala: “Cuando la escuela, los educadores y la sociedad no actúan decididamente para romper el ciclo de reproducción de la pobreza; cuando aceptan como inevitable, como un hecho natural, que aquellos estudiantes que han nacido en las comunidades de menores recursos tendrán por ello significativamente menos oportunidades de desarrollar su talento, es ésta aceptación cómplice de una forma de violencia indirecta. Otro aspecto de esta violencia lo constituye la utilización de los recursos que la sociedad asigna a la educación para fines distintos que el de promover el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los sindicatos de maestros se hacen cómplices o promueven el bajo desempeño profesional de los profesores, o cuando los administradores públicos abusan para fines personales de la confianza que el Estado les asigna, son éstas formas de violencia indirecta contra aquellos en la sociedad que tienen menos voz para resistirla”. (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Metas Educativas 2011, página 135, 2009.)

En otras palabras, se incrementa la desconfianza hacia quienes tienen a su cargo el manejo de las políticas educativas cuando no saben adónde dirigir los recursos para la educación, o cuando, al aplicarlos, procuran obtener beneficios para sí mismos o para alguien en particular, de modo que su gestión tiene resultados políticos exitosos para ellos, pero no para mejorar la calidad y la cobertura del sistema educativo.

En suma, mientras los jóvenes no tienen ninguna otra salida que la pobreza y la ignorancia, pues la educación que reciben –cuando la reciben– se les escurre como el agua entre los dedos, el país también se nos diluye.

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Desbordamiento del río La Compañía (Valle de Chalco)

Ocho colonos y un policía resultaron heridos en el desalojo de alrededor de 250 habitantes de Valle de Chalco, que intentaron cerrar el tránsito en la autopista México-Puebla en demanda de mayores apoyos por las pérdidas que les ocasionó el desbordamiento del río La Compañía. Algunos de los inconformes buscaron romper con vehículos la valla de agentes mexiquenses y federales y esto desató un enfrentamiento. Los uniformados utilizaron toletes y gases lacrimógenos, mientras los ciudadanos respondieron con palos y piedras. Hubo dos detenidos.
Foto de Mario Núñez López.



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Las declaraciones de Salinas buscan apuntalar a Peña Nieto, señala el PRD

Un día después de que Carlos Salinas de Gortari aseguró que su sucesor, Ernesto Zedillo, filtró a empresarios información confidencial sobre la devaluación de 1994, senadores y diputados federales de diversos partidos dieron opiniones disímbolas sobre los dichos del ex presidente.

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa dijo que tanto Salinas como Zedillo son responsables de la crisis económica que comenzó en 1994.

Sin embargo, sostuvo que Salinas tiene derecho a dar su versión: no veo que nos deba sorprender en lo mínimo.

El secretario general del PRI, el senador Jesús Murillo Karam, quien fue gobernador de Hidalgo en la administración de Zedillo y luego subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, se limitó a señalar: todos tenemos derecho a opinar en este país. Eso hay que preservarlo y hay que cuidarlo con mucho detenimiento.

La senadora María de los Ángeles Moreno, quien fue secretaria de Pesca en el gabinete de Salinas, no quiso hablar del tema. No estoy enterada, aseveró.

A su vez, el senador perredista Graco Ramírez consideró en conferencia de prensa que los dichos del ex presidente deben interpretarse como el retorno de Salinas para fortalecer la candidatura presidencial de (Enrique) Peña Nieto (gobernador del estado de México). Es el estratega de esa campaña, trata de lavarse la cara culpando a Zedillo. Ahora él, cínicamente, dice que la banca debe ser mexicanizada, pero él se la entregó a sus amigos, y el otro (Zedillo) que rescató a la banca terminó extranjerizándola.

En la Cámara de Diputados también hubo reacciones. Mientras el PRI resaltó que nadie ha desmentido las declaraciones de Salinas, el Partido Acción Nacional (PAN) atribuyó esas afirmaciones a reyertas entre priístas, a un ajuste de cuentas.

Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de la bancada priísta, afirmó: los hechos hablan por sí mismos. Lo que dijo el ex presidente Salinas lo ha expresado en los años recientes y eso es un hecho, ahí está. No veo que alguien lo haya rebatido. La crisis existió, nos costó muchos empleos y crecimiento económico.

En contraparte, el vicecoordinador del PAN, Roberto Gil, sostuvo que tanto Zedillo como Salinas deben dar muchas explicaciones sobre sus respectivos sexenios, sus errores y omisiones.

Las declaraciones de Salinas reflejan que la crisis de 1994-1995 fue generada por decisiones de un gobierno que no supo manejar las finanzas públicas.

El coordinador de la fracción perredista, Alejandro Encinas, consideró que la Procuraduría General de la República tiene la obligación de iniciar una indagatoria para deslindar las declaraciones de Salinas y determinar qué delitos habría cometido Zedillo.

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/25/index.php?section=politica&article=010n2pol

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Masacre en Juárez

Los despiden entre porras, dolor y llanto
Advierten grupos juarenses que actuarán por su cuenta
Segob dice no a los "cascos azules" en Juárez
Aprueba Senado que sea en privado comparecencia del gabinete de Seguridad
Familiares de víctimas de Juárez increpan al gobernador
Exige ONU a gobierno federal respetar a víctimas de Juárez




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Engañan y abandonan a 22 migrantes indígenas del municipio de Cuetzalan

Un grupo de migrantes indígenas de este municipio fue llevado con engaños a Mazatlán Sinaloa, donde supuestamente trabajarían en campos jitomateros y ganarían mil 500 pesos semanales libre de comida y pasaje, sin embargo, al llegar a ese lugar fueron trasladados en barco y abandonados en el Rancho San Enrique, en el poblado de San Melitón, La Paz, Baja California Sur, donde permanecen desde hace tres semanas con apenas una comida al día y un pago de menos de 200 pesos a la semana, por lo que los familiares están desesperados y piden apoyo para que sean regresados de manera inmediata.

Todo empezó cuando José María Alejo Gutiérrez Bonilla, acudió a la junta auxiliar de Xiloxochico y otras partes de este municipio para enganchar a los trabajadores con la promesa de que ganarían mejor que en su pueblo, donde los campesinos obtienen apenas 80 pesos diarios, por lo que desde el 5 de enero al menos 33 personas fueron llevados a Mazatlán, incluidos tres menores de edad; sin embargo, al ver las condiciones laborales en que los tenían ocho personas lograron escapar y otros más fueron llevados a otro lugar por Gutiérrez Bonilla, pero 14 de ellos fueron trasladados hasta por 12 horas para cruzar el mar y llegar a La Paz, donde son explotados laboralmente. Ante la falta de recursos, permanecen sin poder comunicarse con sus familiares, quienes ante la negativa de las autoridades para apoyarlos han comenzado a levantar cooperaciones.

“Mi hijo se fue para ganar un poco de dinero y ayudar a su hermano que está estudiando, pero desgraciadamente le engañaron. Me habló por teléfono y me dijo que están ganando 97 pesos diarios, pero como de ahí les descuentan lo de su comida; a la semana solo les pagan 197 pesos; ese dinero no les alcanza para que coman bien ni para su pasaje y por si fuera poco, ya no les quisieron dar trabajo. De Xiloxochico se fueron nueve personas, otros son de Tenango, Santiago Yancuitlalpan y del Cuapech, en total eran 33 pero los demás lograron escapar”, narró la señora Margarita Martínez Morales.

Desesperados, padres, hermanos y esposas de los migrantes se han organizado para levantar cooperación, ante la indiferencia de las autoridades para facilitar el regreso de los trabajadores y casi a diario acuden a esta cabecera para realizar llamadas telefónicas y poder entabla comunicación con ellos, ya que ante la falta de dinero les es imposible comunicarse desde allá. La preocupación aumenta porque tres de los trabajadores de Xiloxochico son menores que oscilan entre los 14 y 17 años de edad.

Entre las personas que aun se encuentran presuntamente en condiciones de esclavitud y oriundos de Xiloxochico son Javier Ignacio Martínez, Guillermo de Jesús Diego, Amilgar Ignacio Lucas, Gerardo Ignacio Lucas, Moisés Hernández Cruz, Belizario de la Cruz Ignacio, Pánfilo Cortez Chino, José de los Santos Hernández, Juan Martín Marcos, Luis Segura Mora, de Xiliapan y Juan Segura Hernández, del barrio del Cuapech, entre otros, todos indígenas de habla náhuatl. Otros migrantes son Herminio Lucas Pérez, Raymundo Castillo Villar, quienes están con Gutiérrez Bonilla, así como Orlando Huerta Cruz, Trinidad Luna Rosas, José Miguel Antonio, José Domínguez, Javier Echeverría, Crispín Vázquez Guerrero, Pascual Valerio Herrera y Eleuterio Crisanto Remigio, algunos de los cuales lograron escapar y regresar a este municipio.

Familiares de los trabajadores como María Josefina Chino, Santiago Cortés Vázquez, Dominga Ramírez, Catalina Lucas Ignacio, Trinidad Cruz Rivera, María Ofelia Ignacio Paula, María Martínez Morales, José de los Santos Paula y Salustia De Jesús Diego, coincidieron en señalar que no cuentan con recursos para pagar el regreso de sus familiares, ya que tan solo para cruzar en barco de La Paz a Mazatlán se requiere viajar 12 horas y pagar mil 200 pesos, por lo que el costo total de regreso para cada trabajador es de más de 3 mil pesos, aunque también crece el temor de que los vayan a trasladar a otro lugar, por lo que pidieron a los pobladores que después de esta experiencia eviten caer en manos de traficantes de personas, ya que además, en el municipio no existe ningún control para el traslado de trabajadores indígenas a estados de norte.

No es la primera vez que engañan a migrantes indígenas de la zona

A principios de junio de 2005, un grupo de 38 migrantes indígenas de este municipio vivieron la misma situación, quienes permanecieron incomunicados y en condiciones de explotación laboral durante casi un mes en un campo viñedo de Sonora, después de que fueron sacados con promesas de ganar hasta 15 mil pesos mensuales, pero al llegar allá recibieron solo un pago de 30 pesos diarios, mismo que no alcanzaba siquiera para la alimentación y artículos de limpieza, y en lugar de ganar, quedaban a deber en una tienda de raya que no tenían acceso a comprar tarjetas de teléfono.

El caso de los trabajadores se supo luego de que cinco campesinos, entre ellos Mario Juárez Villa, lograron escapar de lugar sin un peso en la bolsa hasta lograr comunicarse con sus familiares y denunciar la situación. “La comida allá cuesta 12 pesos, tres comidas son 36, pero a veces no sacábamos mas que 30 pesos y como ahí mismo nos iban descontando no nos quedaba nada. Hay crédito en la tienda pero nadamás para comprar jabones, también hay tarjetas para teléfono pero de eso no le dan a uno crédito. La gente que está ahí no tiene ni un peso y aunque quisiera comunicarse con sus familiares no puede”.

Por esas mismas fechas, una situación similar vivieron 46 indígenas totonacas de Ixtepec, quienes a fines de mayo de 2006 fueron sacados con engaños para llevarlos a trabajar a Sonora, con promesas de ganar hasta 600 pesos diarios, durante su estancia fueron explotados laboralmente y sin goce de varios de sus derechos.

MANUEL ESPINOSA SAINOS

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