El gobierno invierte entre 20 y 25 por ciento de su presupuesto en gasto productivo, lo demás se va en salarios, prestaciones, bonos y prebendas de la burocracia.
México está entre los países que menos invierten en educación, salud y desarrollo tecnológico: tan sólo el IMSS destina 97.9 por ciento de su presupuesto a gasto corriente mientras que, en promedio, otros países de la OCDE destinan 42 por ciento de su presupuesto a capital productivo.
México mantiene un elevado costo burocrático: para este año representa 74.49 por ciento del total de su presupuesto programable. Esto implica que sólo 25.51 por ciento de su gasto lo destinará a proyectos productivos o de inversión, necesarios para generar empleo y bienestar. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados destaca que el gasto corriente durante los sexenios de Fox y Felipe Calderón se ha mantenido en una proporción de tres a uno sobre el gasto de capital, impactando negativamente en el desarrollo económico del país. Entre 2000 y 2008 fueron ejercidos 14.9 billones de pesos, de los cuales 12 billones —80.74 por ciento— se destinaron a la operación del aparato administrativo y sólo 2.8 billones —19.26 por ciento— a proyectos de infraestructura u obras de inversión.
Ante el excesivo costo en adquisiciones, pago de salarios, compensaciones y servicios personales, el reciente recorte por 35 mil millones de pesos sólo representa 0.6 por ciento del total presupuestado en 2009 para gasto corriente. El máximo órgano fiscalizador señala que ese oneroso gasto mantiene a México a la zaga en inversión de capital productivo, con apenas 25.51 del total de su gasto programable por dos billones 320 mil millones de pesos, cuando países pertenecientes a la OCDE destinan a gasto de inversión un promedio de 42 por ciento del total de su presupuesto. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apunta que con relación al pasado Presupuesto de Egresos, este año se ejerce 14.5 por ciento más en gasto corriente ante la constante expansión del aparato burocrático, sus retabulaciones, compensaciones y bonos.
En 2009, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda está ejerciendo recursos adicionales por 770 millones de pesos para pago de salarios, creación de plazas y otras medidas contingentes de carácter laboral, al igual que la Secretaría de Agricultura —con un adicional de 334 millones—, la Secretaría del Medio Ambiente —con 372 millones de pesos más— y la Procuraduría General de la República —con un gasto adicional de mil 301 millones de pesos.
Conforme al Presupuesto de Egresos de este año, de un total de dos billones 320 mil millones de pesos, un billón 728 mil millones —74.49 por ciento— se destinan a gasto corriente y 591 mil 862 millones —25.51 por ciento— a inversión física. Tan sólo para pago de servicios personales y “otros corrientes”, el gobierno federal ejerce un billón 178.4 mil millones de pesos, que representan 68.2 por ciento del total del presupuesto asignado para la operación de la administración pública.
Ejemplo del enorme costo operativo por pago de salarios y servicios personales es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que destina 97.9 por ciento de su presupuesto —292 mil 870 millones de pesos— a gasto corriente, y sólo 2.04 por ciento —seis mil 121 millones de pesos— a inversión física. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ejerce un presupuesto de 88 mil 358 millones de pesos, de los cuales 97.9 por ciento —86 mil 578 millones— van a gasto corriente y sólo 2.01 por ciento —mil 780 millones de pesos— a equipamiento e infraestructura. La Comisión Federal de Electricidad es otro ejemplo. Del total de su gasto programable por 358 mil millones de pesos, destina 91.9 por ciento —329 mil 367 millones de pesos— a gasto corriente u operativo, y sólo 8.01 por ciento —28 mil 679 millones— a gasto de capital.
Este elevado gasto corriente mantiene a México como una de las naciones de Latinoamérica que menos invierte en educación, salud y desarrollo tecnológico, lo que explica la constante pérdida de posiciones en la escala internacional de competitividad y desarrollo humano. En los últimos diez años, nuestro país descendió del lugar 32 al 52, según el Foro Económico Mundial.
Con cuchara grande
Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, señaló que además del oneroso gasto corriente, se enfrenta un manejo discrecional del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda, que indebidamente transfiere recursos a fondos, fideicomisos u otros programas para “tapar hoyos” o crear nuevas coordinaciones o instancias. “Paraestatales como Pemex, el propio Instituto Federal Electoral y la Secretaría de la Función Pública continúan incrementado sus gastos en compensaciones, asesorías y servicios personales destinados a los altos mandos, gastos que se espera poder detectar en los análisis de la Cuenta Pública de los años precedentes a 2008”, subrayó Ortega Martínez y sostuvo que por este presupuesto paralelo no es posible tener un control estricto sobre las retabulaciones, compensaciones y prestaciones que se pagan a los funcionarios de alto nivel de la administración pública más allá de la recién aprobada Ley de Salarios Mínimos. El legislador consideró que más que una reforma fiscal regresiva con la que se pretende gravar con el IVA medicinas y alimentos, lo que se requiere es un manejo eficiente y transparente del presupuesto que aliente los proyectos productivos y no incurra en los criminales dispendios de la administración pasada, cuando casi la totalidad de los excedentes petroleros se canalizaron al gasto corriente.
El hoyo fiscal
Raúl Feliz, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), apuntó que entre las alternativas para fortalecer las finanzas públicas y atenuar el hoyo fiscal por 300 mil millones de pesos está la reducción del gasto corriente y la utilización eficiente de los ingresos petroleros. El gasto corriente, subrayó, representa un gran hoyo ante los graves problemas que está viviendo la economía mexicana que, a diferencia de sus similares de América Latina, registrará un decremento de 5.5 por ciento, la caída más baja desde la crisis de 1995.
Feliz asentó que ante la situación de emergencia económica al gobierno no le queda más que “apretarse el cinturón” y liberar todos los recursos disponibles para que impacten en desarrollo económico y generación de empleos “porque sólo en esa medida se podrán obtener más recursos para resarcir los ingresos fiscales”. El catedrático señaló que otra alternativa sería recurrir a un mayor endeudamiento externo, aunque esto implicaría una situación de riesgo ante el vencimiento de la cobertura petrolera. “De todas formas, es imprescindible que el gobierno federal empiece a disminuir su gasto corriente para poder empujar las medidas anticíclicas que no han tenido el impacto deseado porque fueron tomadas tardíamente”.
Los diputados Juan Guerra y Ascensión Orihuela advirtieron que la situación obliga a recortar el gasto corriente y reasignar partidas a programas prioritarios. Incluso se pronunciaron por desaparecer dependencias como la Secretaría de la Función Pública, que absorbe un presupuesto que no justifica. Indicaron que solicitarán al gobierno federal modificar los criterios de política económica para 2010 para priorizar así programas productivos y la reducción del gasto corriente, a partir de revisar el gasto de muchas paraestatales y organismos descentralizados donde se concentra una elevada burocracia.
Reprobados
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, Francisco Labastida Ochoa, afirmó que el crecimiento desmedido en el gasto burocrático se observa directamente en los más de 32 mil empleados de confianza de Petróleos Mexicanos que perciben salarios sustancialmente superiores a los sindicalizados, además de contar con otras compensaciones, gastos de representación y préstamos. Refirió que de acuerdo a informes de la paraestatal, en los últimos seis años la plantilla laboral aumentó en cinco mil personas, de las cuales tres mil fueron contratados en forma definitiva y el resto por tiempo y obra determinada.
Situación similar se observa en la Secretaría de Educación Pública, donde aproximadamente un millón 300 mentores absorben 97.2 por ciento del presupuesto total de 200.9 mil millones de pesos, en detrimento de la ampliación de la infraestructura e impulso de los programas educativos. De acuerdo a la OCDE la baja productividad y deficiente preparación de los maestros mexicanos es uno de los principales factores del escaso aprovechamiento académico que nos mantiene en el último lugar del ranking mundial en comprensión de lectura, capacidad para resolver problemas, historia y geografía.
Informes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) revelan que hay más de 30 mil escuelas en condiciones deplorables —algunas sin servicios sanitarios— por falta de presupuesto. Además, el gobierno federal únicamente está invirtiendo 0.4 por ciento del PIB en desarrollo de ciencia y tecnología, a diferencia de Brasil (0.87) o España (0.9). La brecha es aún mayor con respecto a Estados Unidos (2.7), Japón (3.0) o Corea del Sur (2.3 por ciento).
En servicios de salud pública México también figura entre los países reprobados, destinando apenas 6.6 por ciento de su PIB, justo por debajo de Afganistán (9.2), Botswana (7.1), Brasil (7.5), Colombia (7.3), Costa Rica (7.7), Cuba (7.8), Argentina (9.8) y Canadá (10.1 por ciento).
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