Negocios del poder

A Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, cumplió el pasado 12 de mayo con la palabra empeñada por su antecesor Lázaro Cárdenas Batel a la empresa de capital mayoritariamente estadounidense Kansas City Southern de México (KCSM). Convino con la ferroviaria que dirige en nuestro país José Zozaya y que opera una de las tres concesiones que el gobierno federal entregó tras la privatización en 1999 de Ferrocarriles Nacionales de México, la sesión de derechos de 184 hectáreas del puerto de Lázaro Cárdenas para la construcción de la estación de ferrocarril que aseguran será la más grande de América Latina.

La estación se levantará en la Isla de la Palma, aprovechará una de las infraestructuras portuarias más importantes del país en la transportación de contenedores e implicará una inversión de 80 millones de dólares.

Según se sabe, las 185 hectáreas fueron entregadas en comodato, ese tipo de contrato mediante el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse, con la obligación de restituirla. No hay evidencia hasta ahora de que la operación se haya realizado fuera de la ley. Lo que llama la atención es que parece tratarse de una ganga sin precedente.

El gobierno perredista de Michoacán recibirá a cambio de esas 184 hectáreas 23 millones de dólares, cantidad que así, a primera vista, es nada desdeñable para la realización de obras socialmente beneficiosas como la modernización de la carretera costera.

Sin embargo, hay que poner el asunto en perspectiva. En principio, no debe perderse de vista la desesperada necesidad que tiene Estados Unidos de operar puertos en el Pacífico, más aún si están especializados en el manejo de contenedores. Nuestro vecino del norte cuenta con aproximadamente 360 puertos, de los cuales sólo 3% maneja carga en contenedores.

Además, en ese litoral, solamente tiene tres puertos en los que pueden atracar los grandes barcos con contenedores: los gemelos Seattle-Tacoma, en la frontera con Canadá; los también gemelos y muy saturados de Los Ángeles-Long Beach; y el de Oakland, incapaz de recibir a los nuevos navíos de 6 mil o más TEUs. El TEU (Twenty Feet Equivalent Unit) es la unidad empleada para medir la capacidad de transporte marítimo en contenedores, a partir de contenedores de 20 pies (aproximadamente seis metros de largo, 2.4 de ancho y 2.5 de alto).

La saturación y escasez encarece inevitablemente el costo del metro cuadrado de terreno en cualquier puerto de contenedores del Pacífico. Según expertos consultados por esta columna, el valor del metro cuadrado de un puerto que no maneja contenedores podría estimarse en dos mil 300 dólares, por lo que el de una hectárea bien podría calcularse en 23 millones de dólares. Esa es precisamente la cantidad que KCSM pagará al gobierno de Michoacán pero por 185 hectáreas, terreno que no se ocupará en su totalidad para la estación ferroviaria, por lo que podrá arrendar inmensas superficies o construir por sí sola o asociada con otros operadores una nueva terminal de contenedores sin pagar ningún derecho.

Para que usted se dé una idea, esas 184 hectáreas equivalen, por ejemplo, a las dos terceras partes del puerto de Hong Kong, que es el número uno del mundo en el manejo de contenedores; a 3.3 veces la superficie de Pantaco, el complejo multimodal más grande de México; y a casi dos veces el tamaño de Hobart de Los Ángeles, la terminal ferroviaria más grande de EU.

La sesión de derechos de esas 184 hectáreas quitará cientos de metros de valiosísimo frente de agua al puerto de Lázaro Cárdenas, que es el de mayor futuro del continente y que será el que reciba en México las futuras generaciones de barcos de 12 mil TEUs.

Vaya ganga, pues, la que acaba de ofrecer el gobierno perredista de Michoacán a KCSM, empresa de la que es asesor Ernesto Zedillo, ex presidente en cuyo gobierno fueron privatizados los Ferrocarriles Nacionales de México.

Autor: Raúl Rodríguez Cortés