BOLETIN DE LA UNION DE JURISTAS DE MEXICO

5 de diciembre de 2010
En 1982, tras la llegada de una nueva clase política al gobierno federal, la tecnocracia, empieza un proceso conocido como la modernización del sector público, cuyas principales metas consistían en la reducción de la nómina gubernamental, modernización de los procesos burocráticos, entre otros. El resultado fue un paulatino adelgazamiento de la planta burocrática y la contratación de trabajadores a través de terceros que realizaran labores para el gobierno siendo contratados por un tercero.

De esta forma, se empieza a generalizar tanto en el sector público como en el privado esta forma de contratación que lesiona los derechos de los trabajadores así contratados, violando sus derechos y restándoles estabilidad laboral.

Hoy vemos como en las grandes empresas privadas, en bancos, en la Cámara de Diputados, en gobierno, las labores de limpieza, por ejemplo, son llevadas a cabo por personas que son contratadas por un tercero en condiciones salariales y laborales apenas por arriba de las señaladas por la ley. Esto en franca violación a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo.

Las diferencias salariales entre estos trabajadores y los contratados de manera directa en los lugares donde laboran son, en la mayor parte de los casos, abismales, así, un trabajador de gobierno contratado en el más bajo nivel escalafonario recibe por su trabajo más salario y más prestaciones que las que recibe un trabajador contratado pero este mecanismo de “terceristas” u “outsourcing”.

Sin embargo, el pago al intermediario resulta para la institución más elevado que si se contratara directamente a esos trabajadores, los contratos, (cuantiosos y secretos) hacen pensar que se trata de un negocio particular y muy probablemente un acto de corrupción de funcionarios públicos.

En los gobiernos que se proclaman de izquierda (como el del D.F.), esta práctica de burla y elusión de las obligaciones laborales debiera ser algo olvidado, por el contrario, es práctica común y los trabajadores que son víctimas de ella sufren malos tratos, explotación y bajos salarios.

Un claro ejemplo de esto son los cientos de trabajadores al servicio del Instituto de Educación Media Superior del D.F., en el área de intendencia y mantenimiento, quienes laboran en condiciones lamentables, con una permanente incertidumbre sobre su continuidad en el trabajo, pues es frecuente la desaparición de la empresa intermediaria, para dar paso a una nueva, que sin embargo obtiene con gran facilidad los contratos, (a pesar de ser imposible localizarles cuando tienen que enfrentar un juicio laboral), sujetos al permanente acoso por parte de funcionarios del GDF e IEMS, sin recibir siquiera las prestaciones mínimas de ley.

Por ello, el pasado 24 de noviembre de este año, en un desplegado en medios, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió un punto de acuerdo por medio del cual solicita información de las empresas contratadas en entidades públicas, el irrestricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores y el costo que su contratación el presupuesto público significaría.

La intención, claro está, es la de reducir este pernicioso esquema de contratación y garantizar su contratación como trabajadores regulares por quien recibe su trabajo.

Nos sumamos a este llamado y exigimos al Gobierno del Distrito Federal transparentar los contratos de este tipo de empresas, a agilizar la solución de las demandas de este sector de trabajadores y a terminar de una vez por todas con esta simulación vergonzosa que al único que perjudica es al trabajador.

Un gobierno de Izquierda como el que dice encabezar Marcelo Ebrard, está obligado a actuar en consecuencia, mostrar la mística de servicio y preocupación real por los trabajadores y por la población menos favorecida de la sociedad que caracterizó a la izquierda en años anteriores, terminando con esta perniciosa practica que solo lo equipara con los patrones neoliberales.

La única forma de hacerlo es contratando de manera directa a todos los trabajadores tercerizados.

ATENTAMENTE

POR LA PRESIDENCIA COLEGIADA DE LA UNION DE JURISTAS DE MEXICO

PABLO FRANCO HERNANDEZ

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal

(SUTIEMS)

“Por Educación y Trabajo Dignos”

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